Cizaña en el Estado de derecho

Editorial

El Gobierno abrazó la tesis del 'lawfare' en el pacto con Junts para investir a Sánchez a cambio de la amnistía y la extiende ahora a las causas que lo afectan

La investidura más difícil de Pedro Sánchez, la que obtuvo hace casi tres años a cambio de cesiones al independentismo que había perjurado que nunca ... otorgaría, ha dado paso a una legislatura sometida a tales zozobras que el Gobierno ni siquiera ha obtenido un respiro ante el aval de la justicia europea a la decisión que lo desencadenó todo: la aprobación de la ley de amnistía para borrar los delitos penales, contables y administrativos del 'procés' y allanar, con ello, el regreso del expresidente catalán Carles Puigdemont a cambio de sus determinantes siete votos en el Congreso que se han evaporado ya. El Ejecutivo tenía motivos este jueves para exhibir su alegría por la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que enmarca en el proceso de «reconciliación» de Cataluña la exoneración de los delitos por la intentona rupturista culminada en 2017. Pero ni siquiera esa interpretación favorable y 'resultadista' puede obviar que el detonante de la norma más divisiva que ha encarado la democracia española no fue la búsqueda de la virtud conciliadora, sino la necesidad política de Sánchez de atar el apoyo de Junts y del resto del soberanismo para continuar en La Moncloa. Y el precio fue una reforma legislativa que asume en el preámbulo la existencia de un conflicto que habría justificado la impugnación por el secesionismo no mayoritario en Cataluña del marco constitucional y estatutario.