Las investigaciones de EL MUNDO sobre el caso Aznalcóllar estuvieron también en el foco de la actuación de las cloacas del PSOE, que se fijaron como objetivo desarticular de alguna manera el trabajo profesional del periodista Chema Rodríguez, por haber seguido el proceso con celo y publicar numerosas informaciones exclusivas vinculadas a la causa.
La razón de que este asunto adquiriera protagonismo en la agenda y las artimañas de Leire Díez -a sueldo presuntamente del PSOE para intentar desbaratar las investigaciones que afectaban a cargos del partido o al entorno de Pedro Sánchez-, tiene que ver con el papel que el ex vicepresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), Vicente Fernández, tuvo en el proceso, en el que llegó a estar imputado aunque finalmente resultó absuelto.
Antes de irse a la SEPI en junio de 2018, Vicente Fernández había sido secretario general de Industria, Innovación y Energía y también interventor general de la Junta de Andalucía, durante el gobierno de Susana Díaz. Fue como responsable de las políticas de Industria por lo que fue investigado en el caso Aznalcóllar.
Los cuadernos en los que Leire Díez (a quien se conoce como la fontanera del PSOE) anotaba todas sus gestiones contienen múltiples referencias a la operación diseñada por la trama para tratar de desmontar la investigación judicial del caso Aznalcóllar, que se abrió en febrero de 2019 para aclarar el presunto amaño del concurso por el que la Junta de Andalucía, con Susana Díaz al frente, adjudicó la explotación de la antigua mina sevillana -la que protagonizó la catástrofe ambiental en 1998- a la multinacional Grupo México.
Díez, de acuerdo con las anotaciones que forman parte del sumario que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, no sólo se interesó por conocer hasta el más mínimo detalle del sumario que instruyó la juez Patricia Fernández, sino que coordinó una estrategia para difundir informaciones que desacreditasen, especialmente, a la empresa Emerita Resources, que participó en el concurso y que fue la que denunció las supuestas irregularidades. Coordinó acciones con otros interesados y hasta impulsó movilizaciones, según se deduce de los diarios incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
No sólo eso, sino que, además, puso en el objetivo las informaciones publicadas por EL MUNDO acerca de la investigación judicial del caso Aznalcóllar y, en particular, al periodista que siguió todo el proceso, Chema Rodríguez, que aparece mencionado en varias ocasiones en los cuadernos de Díez y al que se propuso "combatir". No proporcionan muchos más detalles, salvo menciones a informaciones que había que contrarrestar y a tuits del periodista que había que responder.
La operación Aznalcóllar de la cloaca socialista tenía un fin último, que era rehabilitar política y profesionalmente a Vicente Fernández, cuya imputación en la causa provocó que cesara como presidente de la SEPI, un cargo para el que había sido nombrado por la entonces vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero.
Fernández, que también está imputado en la trama junto a Díez y Santos Cerdán por cobrar supuestamente mordidas por adjudicaciones públicas, mantenía una estrecha relación con la fontanera del PSOE, que asumió como algo personal la misión de lograr que el ex presidente de la SEPI saliese exonerado del asunto de Aznalcóllar, como finalmente sucedió al ser absuelto por la Audiencia Provincial de Sevilla.
Más aún, pretendía que Fernández recuperase su puesto al frente del conglomerado empresarial público, que quedó vacante durante una temporada por decisión expresa de Montero de reservarle el cargo y para el que, finalmente, fue designada una persona de la confianza del ex presidente.
En los cuadernos, al respecto, plantea Díez que "sacrificar" a Vicente Fernández suponía "abrir la veda para que hagan lo propio con otros". "Ya estamos viendo que la verdad no es la prueba que más pesa", apostillaba. E insinuaba la posibilidad de que, aun estando formalmente fuera de la SEPI, siguiese dirigiéndola en la sombra. "¿Dónde puede estar Vicente para que siga tutelando la acción de la SEPI si tenemos claro que es la persona que reúne las mejores condiciones para ello?", se pregunta en sus anotaciones manuscritas.
Díez nombra al abogado de Emerita, Ramón Escudero, y al presidente de esa compañía, Joaquín Merino, del que apunta supuestas irregularidades por su parte, lo mismo que de la propia empresa, señalando estrategias para atacarla. Destaca un apunte de "falsificación en documento público" y, a continuación, señala a Forbes y Manhattan, la matriz de la empresa.
Igualmente, apunta cuestiones de índole judicial sobre el caso, como "alegar nulidad prueba", "exceso Audiencia Provincial" o "vulneración de las funciones instructoras". En este punto hay que recordar que para que el caso Aznalcóllar llegase a juicio fue esencial el papel de la juez Mercedes Alaya, magistrada en la Audiencia de Sevilla, ya que ella fue la que, en reiteradas ocasiones, ordenó a la juez instructora la continuación del procedimiento frente a los intentos de ésta de archivarlo.
No en vano, "exterminar socialmente" a Alaya fue uno de los propósitos de la cloaca del PSOE, para lo cual Leire Díez buscó la colaboración del inspector jefe de la Policía Nacional Rafael Salvador, al que apodaba Torrente, y con el que mantuvo varias reuniones -grabadas por la fontanera- para recopilar información y planear una estrategia contra la magistrada y contra el caso Aznalcóllar.