Compra de votos, facturas falsas y 'dedazos': los 8 ayuntamientos y diputaciones del PSOE que copian la corrupción de Ferraz

Arte/EE

Al reciente caso en el Consistorio de Soria se une la investigación de la UCO por el caso de enchufismo en la Diputación de Jaén dentro de la trama 'Leire' contra el fiscal Grinda, la trama de prostitución y amaños en Canarias de 'Tito Berni', ediles imputados por facturación falsa y compra de votos en municipios de Almería, Sevilla o Murcia.

Más información:Ferraz conocía la trama de 'Tito Berni' en el 'caso Mediador' una semana antes de su detención

El PSOE atraviesa, por fricción, uno de los peores momentos de su historia por los numerosos casos de corrupción que atraviesan tanto al partido como al Gobierno que preside Pedro Sánchez, e incluso al entorno familiar de este.

Un desgaste que afecta duramente al partido en ámbito municipal y provincial, y que han propiciado unarevuelta que ha obligado al líder socialista a desechar la idea de unir los comicios municipales con las generales en 2027 en un superdomingo electoral.

Pero a nivel municipal y supramunicipal también hay casos de presunta corrupción bajo investigación judicial que contribuyen a ese desgaste, y que mantienen vínculos, e incluso similitudes, con lo que en estos días copa los titulares.

¿El más reciente? El del Ayuntamiento de Soria, que ha estallado esta semana junto con las últimas nuevas del Caso Zapatero, la retirada de pasaporte de Begoña Gómez o la condena a 24 y 19 años de prisión a José Luis Ábalos y a Koldo García.

Fue el pasado martes cuando la UCO realizó un registro de once horas de duración en el Ayuntamiento de Soria, uno de los feudos del socialismo castellanoleonés cuyo alcalde, hasta hace unos meses, era Carlos Martínez, actual líder del PSOE-CyL.

Los hechos presuntamente corruptos, englobados en seis delitos, habrían tenido lugar durante su mandato como edil.

El Tribunal de Instancia número 3 de Soria, con el apoyo de la Fiscalía de la Audiencia Provincial, investiga la supuesta comisión dedelitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

Englobada bajo el nombre 'Operación Fuentona' figuran siete detenidos, entre los que se encuentra la concejala de Medio Ambiente y Turismo del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos; su marido, y Marta Viu, jefa de sección en la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio de Sara Aagesen.

Todos los detenidos compartían vínculos a través de la pequeña empresa soriana Biosfera SL. que en los últimos años ha suscrito contratos con el Ayuntamiento por valor de más de 240.000 euros.

Se produjeron registros en las áreas de Alcaldía, Hacienda e Informática, además de en dos domicilios particulares de Soria. También hubo, simultáneamente, registros en Madrid. Lo sorprendente es que el actual alcalde de la localidad desveló que había sido avisado el lunes de que iba a haber un registro. Luego lo desmintió.

Pero el miércoles, en la Junta de Portavoces, se volvió a admitir: el Ayuntamiento recibió una comunicación la víspera del registro, sobre las 13.00 horas, en las que se les avisaba que se iba a producir el martes.

El PP de Soria ya ha presentado una instancia solicitando aclarar de dónde procedía ese documento y el alcance del mismo, mientras que Vox ha interpuesto una querella por el chivatazo.

Caso 'Tito Berni'

Pero si hay un caso local, provincial o regional que guarde más similitudes con la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo al ex secretario general del PSOE, José Luis Ábalos, esa es el caso Mediador". Popularmente conocido como 'Tito Berni', hunde sus raíces en Canarias.

Estalló a principios de 2023, un año antes que el caso Koldo. Es toda una antesala premonitoria: mezcla presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, falsificación y organización criminal,salpimentadoconfiestas, consumo de cocaína, viagra y prostitución.

Y también hay audios, vídeos y fotos recabados por un miembro de la trama que lo registraba todo con una grabadora oculta en un pin de la Guardia Civil.

Por supuesto, hay roles. ¿El principal? Juan Bernardo Fuentes Curbelo, 'Tito Berni'. Era diputado del PSOE en el Congreso por Las Palmas. Según la investigación, usaba su escaño y su influencia política como gancho para atraer a empresarios.

Como coprotagonista estaba Taishet Fuentes, pieza clave en la trama autonómica. También socialista, candidato a la alcaldía de Antigua (Lanzarote) y sobrino del anterior.

Fue quien le dio el nombre popular por su manera de referirse al hermano de su madre.

Taishet Fuentes era el exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias, puesto al que accedió cuando su tío obtuvo escaño en el Congreso. Era la pieza clave a nivel autonómico y miembro de una importantísima e histórica familia del socialismo canario.

El 'mediador' era Marco Antonio Navarro Tacoronte. Conectaba a los empresarios con "Tito Berni" y otros cargos a cambio de comisiones. Fue en su teléfono móvil donde María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, encontró un filón.

En la trama no falta ni un agente de la Guardia Civil presuntamente corrupto. Era Francisco Espinosa Navas, alias 'El Papá'. Es un general de la Benemérita retirado. Presuntamente, usaba su influencia en el cuerpo para presionar o dar credibilidad a la red. Fue el único que entró en prisión provisional cuando estalló el caso

El 'mediador' contactaba con empresas del sector ganadero, quesero o de placas solares de las Islas Canarias que tenían problemas con inspecciones, multas o que querían acceder a subvenciones europeas.

Para convencerles de que había poderío y contactos, llevaban a los empresarios a Madrid, donde 'Tito Berni' los paseaba por el Congreso de los Diputados y se les dejaba hacerse fotos en los despachos. También ampliaba el tour a la Comandancia General de la Guardia Civil.

Pero, si querían recibir ayuda, los empresarios debían pagar 5.000 euros a modo de entrada, que habitualmente ingresaban en la cuenta de la la Asociación Deportiva Vega Tetir, que gestionaba el diputado socialista canario. Y al margen, pagos en B y fiestas con drogas y prostitutas.

La trama se descubrió de casualidad. A finales de 2021, el director de Deportes del Cabildo de Tenerife denunció una estafa con una tarjeta de crédito. Al investigar al sospechoso, resultó ser Navarro Tacoronte, alias 'el mediador'.

Viéndose acorralado, y, para defenderse, entregó a la jueza dos teléfonos móviles llenos de gigabytes de conversaciones, fotografías, vídeos y audios grabados a lo largo de los años.

Esta semana el fiscal ha pedido 8 años de cárcel para el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni; 11 para su sobrino, Taishet Fuentes, ex director general de Ganadería del Gobierno de Canarias; y otros 13 para Marco Antonio Navarro Tacoronte.

Pero si hay un caso en una administración supramunicipal que haya trascendido a novel nacional, sin duda es el del presunto enchufe en la Diputación de Badajoz, gobernada por el PSOE, del hermano del presidente de Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. El caso está visto para sentencia.

La UCO en Jaén

El caso 'Leire' también tiene su ramificaciones en otras administraciones provinciales comola Diputación de Jaén.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que faculte a la UCO para que investigue un presunto caso de enchufismo de una militante socialista. Miriam Serrano, en una empresa pública de la institucion provincial.

Miriam Serrano fue contactada para volver a acusar al fiscal José Grinda por unos hechos que ya habían sido archivados. Todo, presuntamente, fue orquestado por la presunta trama criminal de las 'cloacas' de Leire Díez, en estrecha colaboración con Juan Francisco Serrano, diputado nacional por Jaén y antiguo mano derecha del anterior secretario de Organización del partido, Santos Cerdán.

En la misma diputación de Jaén acaban de obtener plaza como funcionaria interina Yolanda Reche, la ex alcaldesa socialista de La Carolina. El 5 de junio obtuvo la nota más alta para una de las 8 plazas de técnico de administración.

Ha sido tal el alud de críticas que ha recibido que este 16 de junio decidió pronunciarse en sus redes sociales.

Cabe reseñar que Reche, quien desde que no es alcaldesa ha estado trabajando en la Diputación como personal de libre designación, se encuentra como investigada por un caso presuntas facturas falsas en hoteles giradas al Ayuntamiento cuando era regidora.

Fuentes municipales de La Carolina abunda a EL ESPAÑOL que las facturas detectadas corresponden a estancias en hoteles y apartamentos turísticos durante FITUR, pero que se han encontrado más. "Las hay en el Hotel Zurbano de Madrid, otras de hoteles de Sevilla y Córdoba, además de en Suiza y Berlín".

Además de Reche, figura como investigada Laura Guillén, quien fuera su jefa de Gabinete, y Manuel Mondéjar, secretario general del PSOE de la localidad y candidato a la alcaldía.

El caso se encuentra en fase de Instrucción en el Juzgado de La Carolina.

En todos los casos el Ayuntamiento, según estas fuentes, ha cotejado con los establecimientos hoteleros la veracidad de las facturas. "Y queda el caso de la adquisición, mendiante factura falsa, de una mesa de billar para El Hogar del Pensionista: una factura de 3.250 euros para algo que no llegó jamás y de la que nos enteramos porque nos llamaron los abuelos para reclamarlo y que fue ratificado por el empresario a quien se le pidió presupuesto para la mesa".

También acaba de obtener plaza como funcionaria en la Diputación de Jaén la alcaldesa de Lerva, María de los Ángeles Leiva.

Ha quedado en quinto lugar de las 20 plazas ofertadas para administrativo. "La Diputación de Jaén, siempre gobernada por el PSOE, es un granero de colocación para alcaldes, alcaldesas, y otros cargos públicos cuando dejan de serlo".

El modus operandi, advierten, es el mismo: "Se ha eliminado el concurso y solo hay que acudir al examen. Entonces en la primera ronda quedan en un puesto normalito y en el segundo ya suben y se llevan la plaza", indican fuentes de la Diputación jienense consultadas por EL ESPAÑOL.

La compra de votos

Si bien diversos medios de comunicación, como EL ESPAÑOL, viene advirtiendo de que la Ley de Nietos va a alterar el censo electoral, en varios municipios españoles el PSOE está siendo investigado por la presunta compra de votos que les beneficiara de cara a los comicios municipales.

En Albaida del Aljarafe (Sevilla), la investigación judicial gira en torno a una presunta trama de intercambio de apoyos electorales por empleos o favores, con un itinerario procesal que ha incluido archivo inicial y posterior reactivación.

El caso saltó en 2019 a raíz de una denuncia interpuesta por el coordinador de Adelante Andalucía en dicha localidad por un presunto fraude en el voto por correo. Éste casi cuadruplicó la media provincial.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, adscrita a la Audiencia Provincial de Sevilla fue la encargada de investigar, recabando testimonios de que se ofrecían contratos de trabajo a cambio de firmar su voto por correo a favor del PSOE en las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019.

Ni siquiera era necesario acudir a una oficina de Correos: solo hacía falta entregar el DNI y firmar unos documentos. La persona encargada de hacerlo era, presuntamente, B.D., encargado general del consistorio y marido de la teniente de alcalde, Rocío López, considerada por los investigadores como la cabecilla. Ambos figuran como investigados.

Otra localidad en la que se investiga la presunta compra de votos por parte del PSOE es en Mojácar (Almería). En mayo de 2023 la Guardia Civil detuvo a siete personas, entre las que se encontraban dos concejales socialistas, Francisco Bartolomé Flores Torres y Cristóbal Vizcaíno González.

Según la UCO, en una investigación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción compraban voto inmigrante, ofreciendo hasta 200 euros para tratar de arrebatarle la alcaldía al Partido Popular. También pagaban, presuntamente, comisiones: 50 euros por cada voto que pudieran atraer aquellos a los que captaban.

La trama trataba de recabar votos por correo entre ciudadanos de origen latinoamericano de bajo poder adquisitivo residentes en Mojácar. Entre los detenidos hubo varias personas procedentes de países como Ecuador y Nicaragua.

Según la investigación, dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera, la trama actuó además guiada por "expectativas empresariales vinculadas a la salida de los despachos del Ayuntamiento de los concejales del Partido Popular".

Apuntan a tres de los investigados –dos de ellos, concejales elegidos por el PSOE pero ahora en el grupo de No Adscritos, Francisco Bartolomé Flores y Cristóbal Vizcaíno– como las personas que presuntamente habrían originado el sistema de captación de votos por correo a cambio de remuneración económica.

Querían también, supuestamente, cambiar el PGOU para que les beneficiase en sus negocios empresariales.

Otro caso de compra de votos por parte del PSOE, presuntamente, tuvo lugar en Albudeite (Murcia), un pueblo de 1.300 habitantes. Los hechos, supuestamente acaecieron en 2023. Los investigadores contabilizaron 20 votos alterados a favor del PSOE, que había perdido la alcaldía a favor del PP por 15 sufragios en 2019.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia ha ratificado hace unas semanas, a través de dos autos, la decisión del juzgado de instrucción de mantener abierto el procedimiento abreviado por supuestos delitos electorales, rechazando los recursos presentados por las defensas.

La Guardia Civil detuvo hace 3 años a trece personas e investiga a otras dos por una supuesta compra de votos, entre ellas la candidata socialista a la alcaldía del municipio, Isabel de los Dolores Peñalver. Los miembros de la trama ofrecían entre 100 y 200 euros, según la Agencia EFE, y en algún caso droga, para comprar los votos a personas vulnerables del municipio.

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