La OCU denuncia un «espejismo estadístico», fallos de infraestructura en carretera y precios elevados en la red pública que restan atractivo al coche eléctrico frente al motor térmico
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Regala esta noticia Añádenos en Google Cargadores de coche eléctrico en la vía pública. (OCU) 21/05/2026 a las 06:32h.La transición hacia el vehículo eléctrico en España avanza a dos velocidades muy diferentes, dibujando una paradoja que desconcierta a los conductores. Por un lado, ... las estadísticas macroeconómicas y los despliegues de infraestructura muestran un crecimiento importante. Por el otro, la experiencia cotidiana en carretera sigue estando plagada de trabas burocráticas, fallos técnicos y una importante dispersión de precios en la red de acceso público.
Por otra parte la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) rebaja este optimismo al denunciar un «espejismo estadístico», fallos de infraestructura en carretera y precios elevados en la red pública que restan atractivo al coche eléctrico frente al motor térmico.
Dos caras de una misma moneda que explican por qué la electromovilidad arranca con fuerza en las hojas de cálculo, pero frena en el asfalto.
La cara de la moneda: expansión récord y acelerón ultrarrápido
Los datos emitidos por AEDIVE a 1 de mayo de 2026 transmiten optimismo al sector industrial. Según su registro España ha alcanzado los 54.794 puntos de recarga pública operativos.
Lo más destacable de la radiografía de la asociación no es solo el volumen total, sino el cambio de tendencia cualitativo, ya que el despliegue de la carga rápida y ultrarrápida está ganando un protagonismo decisivo. Desde finales de 2025, la infraestructura de alta potencia ha experimentado crecimientos notables, destacando un incremento del 5,12% en los cargadores que superan los 350 kW, que son puntos críticos capaces de recuperar el 80% de la batería en escasos 10 o 15 minutos, y un espectacular aumento del 18,49% en el rango intermedio de 150 a 350 kW.
Geográficamente, el mapa sigue concentrando su músculo en cuatro comunidades autónomas, ya que Cataluña, la Comunidad de Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana aglutinan cerca del 60% del total nacional de la infraestructura operativa.
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