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Concentración este sábado a las puertas de la Delegación de la Junta, en la Alameda Principal. Marilú Báez Concentración en Málaga por el escudo social: «La causa es la misma para pensionistas y para jóvenes»Varios colectivos malagueños reivindican la aprobación de medidas como la prórroga de los desahucios para vulnerables o la garantía de los suministros básicos, que se desgajaron del decreto que sí revalorizará las prestaciones de jubilación
Sábado, 21 de febrero 2026, 14:17
... de Andalucía en Málaga, en la Alameda Principal, en defensa de la aprobación de todo el contenido del decreto que recogía la revalorización de las pensiones para 2026, así como la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional o el corte de suministros básicos como el agua, la luz o el gas, entre otras medidas. Esa norma que llevó el Gobierno al Congreso de los Diputados fue tumbada con los votos en contra del Partido Popular, Vox y Junts a finales del pasado mes de enero. Estas fuerzas políticas aducían que sí respaldaban el aumento de las pensiones (un 2,7% las contributivas y entre el 7% y el 11,4% las mínimas y las no contributivas según las circunstancias del hogar), pero no, por ejemplo, la prórroga de la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2026. El Ejecutivo se avino a trocear la norma para garantizar la aprobación de la subida de las pensiones, que toma forma de un decreto independiente, para incluir en otra norma las medidas que no generan consenso en el Congreso de los Diputados. Así se aprobó en Consejo de Ministros a principios de febrero.«No sólo los jóvenes, también los mayores tenemos problemas con el alquiler y los desahucios»
En el paisaje de la protesta, en la Alameda Principal, se contaban sobre todo mayores, pese a que a ellos sí está garantizado que les suban la pensión. Pero Encarna González, portavoz de Coespe, comentaba en declaraciones a este periódico que ellos también necesitan el escudo social: «No sólo los jóvenes, también los mayores tenemos problemas con el alquiler y los desahucios». Desde Coespe afirman que hay muchos hogares vulnerables de pensionistas con prestaciones muy bajas. De hecho, una de las pancartas visibles en la concentración reivindicaba que una pensión mínima en el mismo nivel que el salario mínimo. Después, por el megáfono, González trataría de desmontar la «mentira» por la que se pretende «enfrentar» a los pensionistas y a la juventud: «Quieren separarnos, cuando la causa es la misma para los pensionistas y para los jóvenes. Tenemos que permanecer unidos porque quieren hacer negocio con los derechos», clamó.
«Quieren separanos, cuando la causa es la misma para los pensionistas y para los jóvenes. Tenemos que permanecer unidos porque quieren hacer negocio con los derechos»
Por la unidad también habló María Engracia Navarro, de la Marea Blanca: «Llevamos trabajando en red con los movimientos sociales para luchar por el Estado del Bienestar, que tan necesario es para garantizar la igualdad y la justicia social. Tener educación, sanidad, vivienda... supone hacer de la sociedad algo más justo y más saludable; ahora vemos que cada vez está más enferma». A ello, su compañera Paqui Luque agregó: «Unos servicios básicos de baja calidad supone una merma de los ingresos de los trabajadores, que entonces tienen que dedicar recursos para pagar una sanidad privada, una educación privada». La Marea Blanca anunció una manifestación en defensa de la sanidad para el próximo 12 de abril.
A su su vez, Pilar Usón, portavoz de la PAH, desgranó las medidas que defiende en materia habitacional: que se aplique la ley de vivienda en todas las comunidades autónomas y que se califiquen las zonas tensionadas tal y como se contempla en esa norma, que se topen los alquileres, que se coordinen los servicios sociales con los jueces para que no haya desahucios de vulnerables sin alternativa habitacional, que se movilicen todas las viviendas en manos del Estado, alquileres sociales y el fin de los «privilegios» fiscales para los fondos inmobiliarios.
Luis Pernía, de ASPA, por su parte, denunció que «el sector más vulnerable» de la sociedad, el colectivo migrante, sea usado «como chivo expiatorio por los grupos ultra», «cuando constituyen las patas que sostienen la sociedad»: «Los migrantes son nuestros compañeros de viaje y de trabajo», defendió.
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Toni Valero conversando en un grupo en el que también se encontraba José Luis Centella. Marilú BáezA la protesta se sumó Toni Valero, diputado por Málaga en el Congreso de los Diputados y coordinador general de IU Andalucía, quien declaró a SUR: «Hay una ofensiva contra los servicios públicos. Después de que el sector del ladrillo diese el pelotazo, grandes empresas y fondos de inversión han encontrado el nicho de negocio en lo que ha prestado el Estado hasta ahora: sanidad pública, educación pública y la dependencia. Por eso hay una indignación y una necesidad de protección por parte del Estado que demanda la ciudadanía». Valero cargó contra el Gobierno de la Junta que, dijo, «ha entregado la sanidad pública al negocio privado, está entregando las universidades públicas y la formación profesional». «Hay mucho que cambiar en Andalucía», agregó. Respecto a que el PP sí respalde la subida de las pensiones, pero no el escudo social, agregó: «El PP tiene un problema y tiene que ver con que una gran masa de sus votantes son pensionistas. Pero el PP está votando en contra de todas aquellas medidas que ayudan a los pensionistas a poder llegar a fin de mes». Y, enlanzando con la portavoz de Coespe, reflexionó: «Se ha creado una opinión intencionadamente para fragmentar a la mayoría social al decirle a los jóvenes que su precariedad tiene que ver con el aumento de los pensiones o que los jóvenes no tienen vivienda porque sus abuelos sí pudieron comprarse una. Eso es una auténtica falacia. El problema no está entre nuestros abuelos y la juventud, sino entre una minoría que especula y una mayoría a la que le cuesta llegar a fin de mes».
En la concentración se pudo ver al veterano dirigente comunista José Luis Centella, que declaró a SUR: «Estamos en una situación de emergencia social. La sanidad y la vivienda cada vez son más negocios que derechos y es necesario dar la vuelta a esta situación».
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