- IGNACIO FAES
El Gobierno aprueba un contrato-programa hasta 2030 que garantiza 400 millones de euros iniciales para blindar el servicio postal y desarrollar nuevas prestaciones.
Las oficinas de Correos darán un paso más en su transformación para consolidarse como la gran "ventanilla única" de la Administración General del Estado (AGE). Próximamente, los ciudadanos podrán adquirir deuda pública y obtener su certificado digital directamente en las sucursales postales. Este avance es fruto del nuevo contrato-programa plurianual, aprobado por el Consejo de Ministros, que estará en vigor hasta el año 2030.
El acuerdo define las condiciones para la prestación de los Servicios de Interés Económico General (SIEG) encomendados a la entidad pública. Para sostener este modelo, el Estado ha garantizado una inyección económica que incluye 250 millones de euros destinados a financiar el Servicio Postal Universal, sumados a otros 150 millones para el desarrollo de los nuevos servicios de interés general.
La empresa pública no parte de cero en esta tarea. En la actualidad, Correos ya ejerce funciones clave como la retirada e ingreso de efectivo a través de Correos Cash, la gestión material de los procedimientos para la regularización de inmigrantes, o la tramitación de diversas solicitudes administrativas. Con las nuevas atribuciones, la compañía ampliará su catálogo para garantizar la accesibilidad a servicios financieros básicos y administrativos, e incluso pondrá sus medios personales y materiales a disposición del Estado ante situaciones de emergencia y seguridad ciudadana.
La dirección de Correos enmarca estas medidas en su Plan Estratégico 2024-2028, subrayando que contribuirán de forma decisiva a la "cohesión territorial, económica y social, así como a la sostenibilidad y al bienestar público".
Un salvavidas ante la caída del sector postal
Para el presidente de Correos, Pedro Saura, la aprobación de este contrato supone un "hecho histórico" en los más de 300 años de vida de la empresa, ya que demuestra que el Gobierno "vuelve a señalar el carácter estratégico que tiene para España" la red postal.
Saura ha sido realista respecto a la situación de la compañía, reconociendo que esta diversificación de funciones "ayudará sólo en parte a compensar la caída de los ingresos del sector postal". Por ello, el presidente ha abogado por exprimir la capilaridad de la empresa: "Debemos desplegar servicios de alto valor añadido para la sociedad, más allá de la entrega de cartas, activando plenamente el potencial de una red que constituye un activo estratégico para la Administración".
El frente sindical: apoyo con exigencias laborales
Por su parte, los representantes de los trabajadores han valorado el acuerdo, aunque con importantes matices. El sindicato UGT ha recordado que este programa contempla una dotación de 806 millones de euros para el periodo 2026-2030, una cifra que, aseguran, debe proporcionar a Correos las "capacidades y recursos necesarios" para afrontar los desafíos económicos y tecnológicos del siglo XXI.
Desde CCOO han celebrado lo que consideran una "apuesta decidida por el fortalecimiento" del servicio público postal y su papel vertebrador en el país. Sin embargo, el sindicato ha lanzado una dura advertencia a la dirección: la modernización de la empresa debe tener una "traducción efectiva en el ámbito laboral".
Tras acusar a la presidencia de atesorar "un récord en los incumplimientos laborales con la plantilla", CCOO exige avances inmediatos. Entre sus reclamaciones destacan la implantación real de la jornada de 35 horas semanales, un plan de incentivos, mejoras en la carrera profesional y una drástica reducción de la parcialidad y la temporalidad de los contratos.
El colofón a una reforma integral
La luz verde a este contrato-programa supone el broche a una serie de movimientos estratégicos recientes diseñados para reflotar la entidad. La medida da continuidad al gran acuerdo firmado en julio de 2024 entre la SEPI, la empresa y los sindicatos mayoritarios, que sentó las bases para un nuevo modelo de servicios respaldado por una inversión de 3.000 millones de euros. Asimismo, se apoya en la nueva ley postal —aprobada en julio de 2025 con el respaldo del PP— que amplió legalmente el marco de actuación y las misiones de servicio público de Correos.
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