Un bufete especializado en esta materia, Salama Legal, que tramitó 500 inscripciones a este censo estatal que ahora el Tribunal Supremo ha anulado, impulsa esta iniciativa
Regala esta noticia Añádenos en Google Portal de un edificio con varias viviendas turísticas en la capital malagueña. (Ñito Salas)Málaga
26/05/2026 a las 00:04h.Un bufete de abogados especializado en el sector de alquiler vacacional y en inscripciones en el Registro Único de Viviendas Turísticas, que acaba de anular una sentencia del Tribunal Supremo ... , ha impulsado la creación de una plataforma para que los afectados reclamen los gastos que les ha ocasionado formar parte de este censo estatal o sufrir las consideraciones del mismo dejando, en decenas de miles de ocasiones, a inmuebles fuera de mercado. En Andalucía unos 25.100, más de uno de cada cuatro en toda España, según los datos de la Subdelegación del Gobierno. Los mismos, más el resto de inscritos, que ahora pueden exigir daños, perjuicios y el lucro cesante, según explica Jacob Salama, de Salama Legal.
Con la misma se persigue organizar las peticiones en función de la causística de cada una de ellas, desde los propietarios que quieran reclamar los 32 euros del coste del registrador para la inscripción y los gastos de gestoría o documentación generados hasta quienes pretendan recuperar los daños, perjuicios y el lucro cesante porque le paralizaron durante meses el anuncio en Airbnb por no tener firmado de manera electrónica el certificado de la comunidad, o reservas canceladas; por perder una compraventa o un contrato de arras porque el Registro Único le hubiera denegado la inscripción o hubiera tenido que rebajar el precio; por las reservas o las valoraciones perdidas por quitarle el anuncio durante un tiempo y volverlo a poner cuando consiguió el código estatal; o por los gastos extraordinarios derivados de esta ley como los referidos a poderes notariales, abogados, traducciones de documentos o procesos judiciales.
Salama avanza que la idea es crear un formulario inicial de contacto, previo a uno específico para cada grupo, en el que, además, de responder preguntas básicas sobre su caso, deben subir la documentación que va a servir de soporte para la reclamación. Con un plazo de un año para demandar, el objetivo es «ir moviéndonos en tándem para ir empezando la reclamación de la manera más ágil posible. Entre las condiciones van a estar todas las capacidades de representación y también de negociación, incluso de reducción, si vemos que así es más fácil que lleguemos a un acuerdo y se acelere el procedimiento», asegura Salama.
El modelo de reclamación económica que van a emplear está inspirado en el que ya tienen las plataformas que ayudan a los viajeros en la defensa de sus derechos frente a cancelaciones de vuelos o retrasos. «Ya tienen una larga tradición en esta cuestión y nos vamos a inspirar en ello», precisa para añadir que, incluso, el coste de esta reclamación se estipula en esta misma línea, en un 30% IVA incluido. Los interesados pueden encontrar información en https://www.abogado-nra-denegado-solicitar.es/reclamacion-nra-anulado.html#formulario
En la provincia de Málaga hay un total de 88.000 inmuebles de alquiler vacacional en el Registro de Turismo de Andalucía. Los mismos que antes de la sentencia del pasado jueves del Tribual Supremo tenían que inscribirse de forma obligatoria en el Registro Único del Gobierno para poder operar en las grandes plataformas de alquiler vacacional. Cabe recordar que este alto tribunal tumbó esta obligación al considerar que el Estado carece de competencias para la creación del mismo, dando la razón a las regiones que son las que sí tienen este poder. Cinco comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, recurrieron esta medida, por la que también la Comisión Europea ha avisado hasta en dos ocasiones al Gobierno por incumplir la norma europea por duplicidad administrativa.
comentarios Reportar un error