Crisis de alquiler y fraude

España, que ha perdido el 44% de viviendas disponibles desde 2018, merece un debate serio y medidas suficientes frente a un tacticismo irresponsable

El mercado de alquiler español atraviesa uno de sus peores momentos. Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018, el mercado inmobiliario ha ... perdido 393.000 arrendamientos permanentes. Al cierre de 2025 había 510.091 viviendas de alquiler permanente disponibles, un 44% menos que en 2018. La oferta, sencillamente, se ha hundido. De acuerdo con los expertos, uno de los principales responsables de esta situación es la Ley de Vivienda de 2023. Al introducir profundas restricciones en relación al alquiler habitual, los propietarios buscaron fórmulas más atractivas para sacar rentabilidad a sus casas. Así, en apenas unos años, se ha disparado el alquiler turístico y de temporada mientras la oferta del arrendamiento de larga duración se ha desplomado.

Nos encontramos ante una crisis profunda de muy difícil solución. Es urgente encontrar una salida de un atolladero que se ha convertido en la primera preocupación de los españoles. Sin embargo, la fórmula elegida por el Gobierno para ello es profundamente incorrecta. Primero, por el instrumento elegido: debería ser una Ley consensuada por todas las fuerzas políticas, no un real decreto-ley sin posibilidad de negociación. Segundo, porque, tras el fracaso de la votación en el Congreso del pasado viernes, el Ejecutivo pretende ahora lograr la aprobación de esos mismos reales decretos por medio de una mayoría alternativa en la Diputación Permanente que invalide la del Pleno del Congreso, esto es, de los representantes de los ciudadanos. Es preciso decirlo: se trata de un fraude de ley con propósitos exclusivamente electorales que de ningún modo ayudará a resolver el grave problema de fondo que afecta a miles de personas. Las medidas son insuficientes para abordar una cuestión que, por su amplitud e importancia, merece un debate serio y no un tacticismo político irresponsable.