La Junta Electoral Central (JEC) se reunió ayer a puerta cerrada para deliberar sobre las reclamaciones presentadas por distintos agentes de la sociedad -desde el sindicato de los funcionarios, CSIF, hasta partidos como Vox- respecto al proceso de nacionalizaciones en virtud de la conocida como ley de nietos. El conjunto de los vocales de la Junta acordaron reclamar que, en las solicitudes que se presenten, quede "suficientemente motivada" la elección del municipio al que se adscriban los nuevos ciudadanos españoles. Pero algunos de los vocales presentes querrían que el órgano hubiera hecho más para "poner fin" a los que consideran un "incremento formidable e irreversible del censo".
Cuatro vocales suscribieron un voto particular asegurando que se está produciendo un "incremento irregular del censo" y que la JEC "no puede permanecer inactiva" ante la situación que recogen los escritos presentados por los distintos agentes. "Si la Junta Electoral Central no es la competente para poner fin a un incremento formidable e irreversible del censo en contra de lo previsto en la Ley, ¿quién lo sería?", expone el voto particular formulado por el vocal Carlos Vidal -catedrático de Derecho Constitucional-, y al que se suman otros tres miembros del órgano.
"No solamente tenemos la competencia o la facultad de actuar, sino también la obligación de impedir que se amplíe el censo contra legem [contra la ley]", añaden los vocales discrepantes con la resolución emitida por la mayoría, que señalaba que "excede de las competencias que corresponden a la Junta Electoral Central pronunciarse sobre las circunstancias que permiten la concesión de la nacionalidad y su procedimiento".
Los firmantes del voto discrepante ponen el foco en la Instrucción emitida en octubre de 2022 que amplió los supuestos bajo los que se puede obtener la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática. Esta norma abría la puerta a que descendientes de exiliados españoles puedan nacionalizarse, algo en lo que los vocales que firman el voto discrepante no ven problema. Sin embargo, estos señalan que la Instrucción aprobada amplía los supuestos bajo los que se concede la nacionalidad -con disposiciones "contrarias a la propia Ley"- y, así, es "la causa directa del crecimiento del censo" al que, consideran, la Junta Electoral debería "poner fin".
Los cuatro vocales consideran que la JEC "debería haber acordado ordenar" a la Oficina del Censo Electoral que enviase una instrucción a consulados, ayuntamientos y encargados del Registro Civil para que "solo tramiten las altas censales cuando el optante haya probado la causa del exilio exigida por la Ley de Memoria Democrática" -esto es, excluyendo los motivos que se recogen en la ampliación introducida por la Instrucción de octubre de 2022-.
Los vocales insisten, en todo caso, en que la Junta Electoral sí es competente para pronunciarse sobre este asunto, argumentando que aunque se trate de una disposición "no directamente electoral, su aplicación tiene unos evidentes efectos en un instrumento esencial para la celebración de las elecciones, como es el censo electoral". Además, instan a valorar la "relevancia" de que uno de los escritos que se estudiaron en la reunión de ayer viniera de CSIF, el sindicato de funcionarios, al que "pertenecen muchas de las personas, funcionarios y laborales, que están aplicando la Instrucción en las oficinas consulares".