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Cuentas acusa al Gobierno de no tener una "estrategia" contra el blanqueo en mitad del 'caso Zapatero' por lavado de dinero

Cuentas acusa al Gobierno de no tener una "estrategia" contra el blanqueo en mitad del 'caso Zapatero' por lavado de dinero
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Un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el cumplimiento de la normativa europea concluye que España cumple formalmente, pero no dota al SEPBLAC, ni rinde cuentas ni tiene indicadores claros. Más información: El juez sostiene que Zapatero creó una sociedad en Dubái para cobrar el 1% del rescate de Plus Ultra y le atribuye haber recibido hasta 2 millones.

José Luis Rodríguez Zapatero, junto la sede del PSOE en Ferraz. Diseño: Arte EE

Política LA IMPUTACIÓN DE ZAPATERO Cuentas acusa al Gobierno de no tener una "estrategia" contra el blanqueo en mitad del 'caso Zapatero' por lavado de dinero

Un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el cumplimiento de la normativa europea concluye que España cumple formalmente, pero no dota al SEPBLAC, ni rinde cuentas ni tiene indicadores claros.

Más información:El juez sostiene que Zapatero creó una sociedad en Dubái para cobrar el 1% del rescate de Plus Ultra y le atribuye haber recibido hasta 2 millones.

Publicada 30 mayo 2026 02:44h Las claves

Las claves Generado con IA

El Tribunal de Cuentas ha lanzado un golpe directo al corazón de la política del Gobierno contra el blanqueo de capitales.

En un informe de fiscalización recién aprobado, acusa al Ejecutivo de no haber definido "una verdadera estrategia nacional de prevención", pese a haber traspuesto la normativa europea.

En pleno escándalo por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de una red de blanqueo internacional de capitales, entre otros delitos, el órgano fiscalizador advierte de la ausencia de una hoja de ruta clara.

Esa carencia de una estrategia con objetivos concretos e indicadores medibles, "lastra la eficacia real del sistema", a pesar de que España cumple formalmente con las directivas de la UE y las recomendaciones del GAFI.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental internacional, creado en París en 1989 por el G-7, para establecer estándares y promover la aplicación efectiva de medidas legales, regulatorias, destinadas para combatir el lavado de activos.

Según el Tribunal, esta carencia tiene una consecuencia demoledora para cualquier política pública. Hace "imposible" valorar de manera precisa si funcionan las medidas adoptadas contra el blanqueo, y en qué medida contribuye cada actor implicado al resultado final.

El organismo advierte de que "existe una dificultad real en la valoración del impacto del esquema preventivo" porque "no se dispone de datos reales para su valoración ni es posible determinar la contribución concreta a los resultados de cada medida".

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Por ello, la fiscalización recomienda desarrollar un sistema propio de medición de resultados.

El informe de Cuentas se enmarca en una fiscalización coordinada con las instituciones homólogas de Alemania, Países Bajos, Polonia y Chipre. El foco está puesto en cómo los actores públicos españoles supervisan, coordinan y ejercen la inteligencia financiera entre 2020 y 2024 al calor de la normativa europea.

La conclusión de los técnicos es que España ha hecho los deberes formalmente en cuanto a incorporar las reglas de Bruselas. Sin embargo, el diseño del sistema nacional, tal y como lo ha permitido y dirigido el Gobierno, presenta lagunas estructurales que dejan la lucha contra el blanqueo sin un timón claro.

El peor momento

La fiscalización llega, además, en el peor momento político posible para La Moncloa. Coincide con la imputación de Zapatero como supuesto cabecilla de una trama internacional de tráfico de influencias y blanqueo vinculada al rescate de la aerolínea Plus Ultra y a los negocios con el régimen chavista en Venezuela.

Los auditores del Tribunal subrayan un problema de fondo que va más allá del marco normativo. La idea es poder trazar con precisión qué decisiones funcionan, cuáles son ineficaces y qué lagunas aprovechan las tramas de blanqueo para mover capitales ilícitos dentro y fuera de España.

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La imputación del expresidente ha reabierto el debate sobre cómo se aprobaron decisiones tan controvertidas como el rescate de Plus Ultra.

Según los investigadores, esa operación habría servido de pasarela para canalizar capitales vinculados al régimen de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, aprovechando debilidades del sistema de controles.

Falta de medios

El informe también pone el foco en el SEPBLAC, la unidad de inteligencia financiera y autoridad de supervisión en materia de blanqueo. Reconoce su carácter altamente especializado y su papel central en el esquema preventivo español. Pero el análisis es crítico con la dotación de medios que el Gobierno le ha otorgado hasta ahora.

El actual sistema de provisión de recursos "no da una respuesta ágil" a las necesidades del SEPBLAC, lo que obliga al Tribunal a pedir un refuerzo urgente de sus capacidades humanas, tecnológicas y financieras.

Ese déficit de medios se produce, además, mientras el sistema recarga responsabilidades sobre el sector privado. La arquitectura española contra el blanqueo descansa en la colaboración obligatoria de más de 27.000 sujetos, desde la banca hasta los proveedores de servicios cripto, pasando por abogados, notarios, inmobiliarias o joyerías.

Todos ellos deben vigilar operaciones sospechosas, comunicarlas y abstenerse de participar en ellas. Pero el Tribunal alerta de que sin un enfoque realmente basado en el riesgo, impulsado desde arriba y supervisado con medios suficientes, el engranaje puede chirriar en los puntos más sensibles.

Por eso, el informe insta al SEPBLAC a aumentar el conocimiento y la aplicación del enfoque de riesgo en todas las categorías de sujetos obligados. No sólo en las grandes entidades financieras, sino también en aquellos sectores donde el blanqueo puede camuflarse con más facilidad en operaciones del día a día.

Falta de transparencia

El órgano fiscalizador también mira a las Cortes Generales. Recomienda al Gobierno que habilite canales formales para informar periódicamente al Parlamento de los resultados de la política de prevención del blanqueo.

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Se trata de introducir un mayor control político y transparencia sobre un terreno hasta ahora muy técnico. Y de obligar al Ejecutivo a rendir cuentas sobre una materia que hoy está bajo los focos por el caso Zapatero y por la sombra del dinero venezolano.

En este contexto, las advertencias del Tribunal de Cuentas suenan a diagnóstico adelantado de un fallo sistémico. Sin estrategia nacional, sin indicadores claros y con una unidad clave como el SEPBLAC infradotada, el sistema aparece descompensado frente a organizaciones cada vez más sofisticadas.

El informe no entra en procedimientos concretos ni cita casos judiciales como el de Zapatero. Pero sus recomendaciones tocan el núcleo de la responsabilidad política del Gobierno en el diseño y la dotación del sistema contra el blanqueo en España.

Ahora será el Ejecutivo quien deba decidir si convierte este toque de atención en una reforma de calado. O si deja pasar la oportunidad mientras la Justicia trata de desentrañar hasta dónde llegaba la red internacional de lavado ligada al rescate de Plus Ultra y al dinero del chavismo.

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