Josep Tarradellas inviste a Jordi Pujol como presidente de la Generalitat en 1980. E. E.
Columnas EL PANDEMONIUM De cómo la "demencia sobrevenida" alcanzó a Pujol antes que la JusticiaJordi Pujol no es solo el Gran Impune de los primeros cincuenta años de vida de la democracia española. Es la prueba de que nuestra democracia no es todavía un Estado de derecho plenamente funcional.
Cristian Campos Publicada 3 mayo 2026 01:49hDice la leyenda que antes de contraer matrimonio con Marta Ferrusola el 4 de junio de 1956, Jordi Pujol le planteó una peculiar sociedad de gananciales a su futura esposa: "Marta, en este matrimonio siempre seremos tres: tú, yo y Cataluña".
Marta Ferrusola aceptó el threesome y el resto es historia.
El matrimonio quedó sellado en el Monasterio de Montserrat en presencia de la Moreneta, que es al nacionalismo catalán lo que la Piedra Negra de la Kaaba al islam.
En cuanto a Cataluña, se convirtió en el pretexto sobre el que Jordi Pujol ejecutó una de las operaciones de expolio más exitosas, e impunes, de la historia de la democracia.
Una operación de expolio oculta bajo toneladas y toneladas del principal producto nacional catalán: el victimismo. El de "España nos roba", "ya vale", "estamos hartos", "así no", "es hora de decir basta" y "que nos devuelvan lo nuestro".
Y mientras Pujol pedía que le devolvieran a todos los catalanes "lo suyo", él se iba apropiando de todo lo de los españoles. Y no hablo sólo de dinero.
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En 1982, Banca Catalana, fundada por Jordi Pujol junto a su padre Florenci en 1961, afloró un agujero de miles de millones de pesetas.
Jordi Pujol llevaba en aquel momento dos años siendo presidente de la Generalitat.
El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol a su llegada al funeral del empresario Carles Vilarrubí, en la parroquia Sant Gervasi, el 30 de diciembre de 2025, en Barcelona. lberto Paredes / EP.
El agujero de Banca Catalana se había generado con él en los cargos de director gerente, primero, y vicepresidente ejecutivo, después. Algo que no dejaba de resultar irónico, teniendo en cuenta que el objetivo "oficial" de la entidad era servir de herramienta financiera para la construcción nacional de Cataluña.
El 19 mayo de 1984, apenas unos días después de las elecciones autonómicas catalanas en las que Pujol renovó por primera vez su mandato como presidente, la Fiscalía General del Estado se querelló contra él y otros diecisiete directivos de Banca Catalana por apropiación indebida, falsedad documental y maquinación para alterar precios.
Jordi Pujol organizó entonces una manifestación en su defensa.
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Aquella manifestación no fue sólo una de las primeras en las que el catalanismo multiplicó la cifra de asistentes reales por diez, algo que luego se convertiría en habitual en las manifestaciones del 11 de septiembre y que contribuiría a cimentar la idea de que la representatividad del nacionalismo es mayor de la que es, sino también la que determinó cuál sería a partir de aquel momento la relación de los líderes políticos catalanes con la legalidad.
Ese día, Jordi Pujol se subió al balcón de la Generalitat mientras la multitud insultaba y escupía a Raimon Obiols, líder del PSC, y dijo que atacarle a él era atacar a Cataluña. "El Gobierno central ha hecho una jugada indigna", añadió.
"De ahora en adelante, de ética y moral hablaremos nosotros".
Y así fue. Como si Jeffrey Epstein se hubiera arrogado la defensa del celibato y el Carnicero de Rostov la de una dieta sana, Jordi Pujol se arrogó en aquel momento la propiedad en exclusiva de "la ética y la moral".
A partir de ese día, lo que es o no es ético y moral en Cataluña, y muy frecuentemente también en el resto de España, lo decide el nacionalismo.
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Tras la teatralización de Pujol en el balcón de la Generalitat, miles de catalanes depositaron sus ahorros en Banca Catalana "por patriotismo". Y cuando la entidad quebró, culparon, claro, a Madrid.
Felipe González, que quería congraciarse con el nacionalismo catalán, entregó personalmente a Pujol el informe del Banco de España en enero de 1984.
En junio de 1986, los fiscales, que por aquel entonces todavía eran independientes de la Moncloa, pidieron procesar a Jordi Pujol.
Pero en noviembre de ese mismo año la Audiencia Territorial de Barcelona decidió que no había indicios suficientes para actuar contra él. Y el caso se archivó definitivamente en 1990.
Años después, cuando ya nada importaba, Alfonso Guerra y Felipe González admitieron que habían maniobrado políticamente durante aquellos años para "proteger la gobernabilidad". Es decir, para que Jordi Pujol saliera impune de sus delitos y ellos contaran con la legitimación del nacionalismo catalán en el Congreso de los Diputados.
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Veinte años después, en julio de 2014, once años después de abandonar la presidencia de la Generalitat, con Mariano Rajoy en la Moncloa, Jordi Pujol reconoció públicamente haber tenido durante treinta y cuatro años "dinero en el extranjero".
Si no lo había regularizado en la Hacienda española, dijo, era porque "no había encontrado el momento".
La realidad es que toda la familia (él, Marta Ferrusola y sus siete hijos: Jordi Junior, Oriol, Oleguer, Pere, Josep, Mireia y Marta) tenía cuentas en Andorra y en Luxemburgo gestionadas por Junior con cientos, quizá miles de millones de euros.
1.800 según el Ministerio del Interior, procedentes de "todo tipo de actividades delictivas" y a nombre de varios testaferros que habrían ocultado esos millones con más de setenta firmas en veinte países diferentes.
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Según la Fiscalía, Junior movió esos centenares de millones procedentes de comisiones por obra pública durante la presidencia de su padre. Es el famoso 3%.
Jordi Pujol Junior llegando a la Audiencia Nacional. Efe EFE
El juicio arrancó en noviembre de 2025, doce años después de hacerse público el escándalo, y con un Jordi Pujol de noventa y cinco años. La Fiscalía pidió nueve años de cárcel para el expresidente por asociación ilícita, blanqueo, falsedad, delito fiscal y alzamiento de bienes.
Y este 27 de abril de 2026, tras un examen forense presencial en San Fernando de Henares, los magistrados (presididos por Ricardo de Prada) certificaron "demencia sobrevenida". De acuerdo con su diagnóstico, Pujol no puede declarar ni defenderse con garantías (aunque sí, aparentemente, votar en las elecciones presidenciales del FC Barcelona).
Ni siquiera puede declarar por videoconferencia, algo con lo que se especuló en un primer momento.
La causa contra él, por tanto, se ha sobreseído. No habrá condena, aunque tampoco absolución formal. El juicio continuará, eso sí, contra sus hijos (Junior se enfrenta a veintinueve años de prisión).
Su mujer, Marta Ferrusola, ya había sido exonerada por alzhéimer. Dos impunidades en una sola familia.
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La conclusión es que todos los españoles somos iguales, pero que algunos españoles son más iguales que otros. Y el menos igual de todos es Jordi Pujol, cuyo principal legado no ha sido el de una Cataluña hoy totalmente carcomida por el virus xenófobo del nacionalismo catalán, sino el de la impunidad de la casta dirigente nacionalista. Algo que se hereda de líder a líder y de lo que puede dar testimonio, entre muchos otros, Artur Mas.
Una impunidad, además, de la que no hay mayor ejemplo (más allá del caso del propio Jordi Pujol) que el del indulto, primero, y la amnistía, después, de los líderes del alzamiento contra la democracia de octubre de 2017 en Cataluña.
Impunidad a la que hay que sumar la modificación del Código Penal en dos direcciones distintas.
La primera, destinada a evitar que futuros golpes de Estado puedan ser perseguidos por los jueces españoles, eliminando el delito de sedición.
La segunda, destinada a lograr que el dinero público que los ejecutores de esos golpes de Estado roben para financiar su alzamiento sea considerado un mero "desvío presupuestario sin lucro personal", que lleva aparejada una pena muy inferior a la del delito de malversación común.
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Pujol, a sus noventa y cinco años, no será finalmente condenado por sus delitos. Los líderes del procés han sido amnistiados. Carles Puigdemont volverá antes o después a España y presumirá de impunidad entre los aplausos de la gerontocracia empresarial, periodística, cultural y civil que hoy forma la base de votantes de Junts.
Como decía Xavier Salvadoren Crónica Global, Pujol no será condenado "porque la justicia española, cuando alcanza a los poderosos, llega exhausta. Un viejo engranaje que aún gira, pero sin fuerza para cerrar el círculo".
Mientras tanto, los españoles de a pie, por un delito fiscal de unos pocos miles de euros, pagarán con el embargo de sus bienes, si no con penas de prisión. Porque ellos no se apellidan Pujol, Mas, Junqueras o Puigdemont.
Carles Puigdemont en una rueda de prensa en Perpiñán. Glòria Sánchez Europa Press
Esta es la España disfuncional de hoy. La de un Estado que, para sobrevivir, negocia con quienes quieren destruirlo y premia a quienes lo han saqueado.
La gran paradoja es que Jordi Pujol robó lo que robó precisamente porque Cataluña era sólo una pequeña región española, más o menos próspera, pero región al fin y al cabo. Un pequeño predio administrativo a cuyos caciques se les ha dejado hacer siempre y cuando pagaran tributo en forma de apoyo en el Congreso.
Si Cataluña hubiera sido el país moderno, civilizado, culto y democráticamente vanguardista que venden los nacionalistas, Pujol y su familia nunca podrían haber trincado lo que trincaron. La cultura democrática de sus ciudadanos y de sus instituciones lo habría impedido. Y no lo hizo.
Así que, de forma un tanto irónica, si algo demuestra la corrupción de Pujol es que Cataluña no es una nación. Mucho menos una nación civilizada desde el punto de vista político, civil y moral.
Jordi Pujol no es solo el Gran Impune de los primeros cincuenta años de vida de la democracia española.
Es la prueba de que nuestra democracia no es todavía un Estado de derecho plenamente funcional. El caciquismo, cincuenta y un años después de la muerte de Francisco Franco Bahamonde, sigue con buena salud en España. Al menos, a Franco lo ha juzgado la historia. A Pujol, ni eso.