El Parlamento andorrano aprueba una reforma histórica. El Estado elimina la fianza retornable e impone una tasa de entrada de 50.000 euros a fondo perdido, redefiniendo el modelo migratorio del país.
El Parlamento de Andorra ha aprobado hoy una legislación migratoria que transformará radicalmente el perfil demográfico y económico del país. Con esta votación, el Principado marca el fin definitivo de su etapa como un refugio fiscal de fácil acceso, convirtiendo su programa de residencia por inversión -conocido popularmente como Golden Visa- en uno de los más costosos y exclusivos del continente europeo.
La nueva normativa endurece severamente los requisitos para la residencia pasiva. A partir de su entrada en vigor, será obligatoria una inversión de un millón de euros en activos andorranos, o bien un mínimo de 800.000 euros por unidad si se opta por el sector inmobiliario (con una alternativa de 400.000 euros a través del Fondo de la Vivienda).
El cambio más polémico, sin embargo, es la eliminación del depósito reembolsable ante la AFA. Este será sustituido por un pago al Estado no recuperable de 50.000 euros para el solicitante principal y 12.000 euros por cada dependiente, un coste que también afectará a los nuevos residentes activos por cuenta propia.
Según Marc Cantavella, cofundador de Relocate Save y experto en regímenes fiscales preferenciales y fiscalidad andorrana, esta reforma "no es un simple ajuste de política, sino un reposicionamiento deliberado". Cantavella explica que la medida está impulsada por preocupaciones de sostenibilidad y la necesidad de un crecimiento demográfico controlado, con lo que Andorra busca dejar de ser una "alternativa fiscal accesible" para convertirse en una jurisdicción de "alta exclusividad".
El impacto financiero para los nuevos solicitantes será drástico. Bajo el nuevo esquema, una familia de cuatro miembros que adquiera una propiedad de un millón de euros para obtener la residencia afrontará unos costes hundidos (no recuperables) de 186.000 euros, derivados de las nuevas tasas estatales y los impuestos inmobiliarios combinados. El desembolso total de capital necesario para establecerse legalmente en el país ascendería a 1.186.000 euros.
A pesar del endurecimiento general, la ley contempla excepciones. Los deportistas de élite, artistas y científicos bajo la categoría de "interés especial" seguirán disfrutando de las condiciones previas, manteniendo el sistema de depósito reembolsable. Dado que el proyecto de ley es una iniciativa gubernamental y el Ejecutivo cuenta con mayoría absoluta, se da por hecha su aprobación en la sesión parlamentaria de mañana.
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