Quienes administraban el grupo eliminaron las publicaciones agresivas y bloquearon 163 perfiles, muchos identificados con seudónimos. Esto hizo que no quedara registro de todos los comentarios. Saracho había denunciado formalmente el acoso digital desde enero y había pedido a las autoridades que resguardaran los datos antes de que desaparecieran.
Las investigaciones todavía no han esclarecido si los comentarios de Facebook y el atentado fueron impulsados por las mismas personas, pero su historia permite observar cómo las publicaciones en plataformas digitales pueden alimentar un ambiente hostil alrededor de una persona defensora del medio ambiente que ya enfrenta amenazas y conflictos en el territorio.
Al principio, Saracho subestimó el efecto de esos posts. Su percepción cambió cuando las acusaciones comenzaron a influir en la manera en que la comunidad lo miraba. “Cuando generan desprestigio a tu alrededor, la gente de tu alrededor la cree, y aunque tú seas inmune a ese veneno, ese veneno permea en la gente alrededor de ti”, contó en su momento.
135 eventos de agresión contra personas, comunidades y organizaciones defensoras en México. Dentro de esos episodios contabilizó 314 agresiones específicas, ya que un mismo caso puede incluir estigmatización, intimidación, vigilancia, amenazas, procesos judiciales y ataques físicos. La estigmatización fue la agresión más registrada y mostró un incremento pronunciado: pasó de 20 casos en 2024 a 90 en 2025.La organización no ha logrado identificar un patrón uniforme en el que las agresiones en internet resulten en ataques físicos; sin embargo, en los últimos años, ha registrado un crecimiento sostenido de la violencia en plataformas digitales, donde circulan algunas de las primeras amenazas, descalificaciones y acusaciones falsas alrededor de personas defensoras.
Este contenido en línea ayuda a construir narrativas contra quienes defienden el territorio y puede sumarse a procesos de hostigamiento más amplios que, en ocasiones, escalan hacia la criminalización, las agresiones físicas o el asesinato.
Guardianes de la TierraWIRED en Español recorre cómo pueblos indígenas, investigadores y organizaciones en América Latina protegen sus territorios ante un modelo extractivo en expansión.
Arrow“Muchos procesos de defensa donde hay agresiones empiezan por intimidación, difamación, amenaza y estigmatización, y van escalando en nivel de gravedad [...]. Hay un un nivel grande de agresiones en estas plataformas. Para nosotros, como organización que documenta, es muy difícil mapearlas e identificarlas todas”, explica Felipe Romero, gerente de Derechos Humanos de CEMDA, en entrevista con WIRED en Español.
La estigmatización reduce una labor compleja a etiquetas que buscan deslegitimarla. CEMDA ha identificado que utilizan términos como “pseudoambientalistas” o personas “en contra del desarrollo”. A través de la difamación, muchas veces se busca atribuir hechos falsos a quienes realizan labores de defensa, por ejemplo, acusarlos de actuar contra el gobierno o de recibir financiamiento de determinados actores.
en el discurso político del expresidente Andrés Manuel López Obrador. “Esos adjetivos empezaron en una plataforma y en un ámbito muy del Ejecutivo federal. Después los fuimos encontrando replicados por autoridades estatales, municipales y actores empresariales”, señala.Global Witness publicada en 2025 mostró que el 92% de las personas defensoras participantes había sufrido alguna forma de abuso o acoso en línea. Facebook fue la plataforma mencionada con mayor frecuencia, seguida de X y WhatsApp. Entre quienes reportaron violencia digital, el 82% señaló al menos una plataforma propiedad de Meta.El propio organismo reconoce que las personas defensoras de los derechos humanos suelen recurrir a las plataformas digitales para organizarse, compartir información y realizar campañas, pero en los últimos años, se han convertido en espacios donde reciben acoso cibernético (stalking), su información personal es divulgada sin su consentimiento (doxing) y son víctimas de ciberataques.
Fabricar a un “enemigo” antes de llevarlo ante un juez
En Yucatán, Sergio Oceransky recibió más de 149 publicaciones en su contra entre septiembre de 2023 y mayo de 2026, según documentó una investigación publicada por Mongabay y CLIP a inicios de junio. El director de la Fundación Yansa, que acompaña a comunidades mayas en la defensa de sus tierras y de la selva, fue presentado en Facebook, YouTube y sitios que imitaban el formato de noticias como manipulador, agente extranjero que engaña a la comunidad y parte de un supuesto plan para dividir México.
La campaña de desprestigio coincidió con procesos judiciales en su contra. En abril de 2026 fue acusado de extorsión en Jalisco y detenido durante unas horas; días después, un juez resolvió no vincularlo a proceso por falta de elementos. Los portales que ya lo habían desacreditado retomaron la detención para reforzar una narrativa que lo presentaba como alguien que obtenía beneficios personales de los conflictos ambientales.
Article 19 México documentó estos hechos como parte de un mismo contexto de intimidación y pidió investigar el origen del ciberacoso.El informe de CEMDA registró un aumento en las agresiones contra mujeres defensoras del ambiente y el territorio: pasaron de 55 casos documentados en 2024 a 89 en 2025. Muchas enfrentan ataques por su trabajo y también por ser mujeres, una presión que puede aumentar si son indígenas, viven en condiciones económicas precarias o pertenecen a la diversidad sexual. En internet, el hostigamiento puede alcanzar además su vida personal y su entorno cercano. “También se agrede a familiares, a hijos, a mascotas”, explica Felipe Romero.
Actuar antes de que la violencia escale
Para Romero, registrar cada publicación, amenaza o comentario intimidatorio permite entender mejor el nivel de riesgo. “Eso ayuda a identificar las vulnerabilidades y las posibilidades de sufrir ciertos tipos de agresiones", dice. "Si se trata de ataques digitales, también permite definir una estrategia para disminuir los riesgos”.
Pero documentar no basta. CEMDA plantea que las autoridades deben reaccionar desde las primeras señales, investigar las amenazas, evitar discursos que desacrediten a quienes defienden el territorio y garantizar que las agresiones digitales formen parte de las evaluaciones de riesgo y de las medidas de protección. El informe también recomienda sancionar la estigmatización y la difamación contra personas, colectivos y comunidades defensoras.
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