- IÑAKI GARAY
Algunos de los acampados en la Puerta del Sol se quejaban esta semana de que cada quince minutos suena el reloj de la plaza y no les deja dormir y atribuían este acontecimiento a una venganza ideada por Ayuso y Almeida para boicotear su iniciativa.
Resulta que el reloj de la Puerta del Sol, el mismo que ameniza la campanadas de fin de año mientras usted se come las uvas, funciona así ininterrumpidamente desde el 19 de noviembre de 1866. Los activistas, como si se tratara de un sketch de los Monty Python, denunciaban que se están incumpliendo las ordenanzas municipales. Es decir, los mismos que han plantado las tiendas en el centro de Madrid, como si estuvieran en la huerta de su abuelo en un pueblecito de Ávila, decían que se estaban vulnerando las ordenanzas municipales. Como si la seguridad jurídica o la legalidad representara realmente algo para ellos.
Seguro que entre la gente que se agolpa en Sol hay personas espectaculares que quieren ayudar. Pero muchas de ellas, cuando acaben sus estudios, se preguntarán qué hacía yo allí, defendiendo medidas suicidas que, lejos de facilitar, complicaron aún más el acceso a la vivienda a millones de jóvenes y vulnerables. Se preguntarán qué hacia el miércoles por la noche el actor y director de cine, Daniel Guzmán, condenado por desalojar con violencia a unos okupas de una casa suya en Madrid, defendiendo junto al oso y el madroño poco más o menos que la abolición de la propiedad. No se había visto tal incoherencia desde que José Luis Ábalos, el exministro y exnúmero dos del PSOE y proveedor de soluciones habitacionales para la Jesi, defendió en el Congreso la abolición de la prostitución.
Pudiendo haber usado juristas experimentados y expertos, o incluso la inteligencia artificial, para redactar los reales decretos que pretendían aliviar el problema de la vivienda, el Gobierno parece que optó finalmente por echar mano de un mono cabreado con un ordenador. Solo así se entiende que el preámbulo de un texto legal recoja en su exposición párrafos tan falaces como que “Mari Carmen no es solo un número. Es una mujer vulnerable de 87 años, víctima de una legislación machista y retrógrada procedente de una dictadura y de la legislación más voraz, que le han impedido seguir viviendo en la misma casa donde residió sus últimos 70 años, a pesar de no tener una alternativa habitacional digna. Esta mujer es el símbolo de un derecho roto por unas administraciones competentes que no han dado cumplida satisfacción a la regulación vigente para garantizar su derecho a la vivienda. Ni siquiera una solicitud expresa de suspensión de desahucio por parte de la Organización de las Naciones Unidas sirvió para su paralización”. De todo el escrito la única verdad es que Mari Carmen es mujer y tiene 87 años. El resto es un delirio por el que merece la pena recordar aquella frase de Alfredo Pérez Rubalcada: “Los ciudadanos se merecen un Gobierno que no les mienta”. Ni lo que le ha sucedido a Mari Carmen tiene que ver con una legislación machista, a no ser que considere que la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 lo es; ni la legislación vigente garantiza su derecho a la vivienda, como se demuestra cada día allí donde se aplica como Cataluña; ni la ONU solicitó la suspensión del desahucio.
La redacción de los decretos, nacida a la sombra de la demagogia que se hace carne en la acampada de Sol, arrasa con toda apariencia de seguridad jurídica. Si hasta ahora había en España gente que dudaba si poner o no una vivienda de su propiedad en alquiler, los decretos despejan todas las dudas. Nadie sacará una propiedad a ese mercado intervenido. El economista y experto en el sector inmobiliario, Gonzalo Bernardos, estimaba que la oferta de pisos de alquiler caerá un 20% solo tras conocerse la redacción de unas leyes que se cargan el vencimiento contractual incluso con carácter retroactivo, lo que en el fondo equivale a una confiscación encubierta de la propiedad. Seguramente Bernardos se queda muy corto. El aluvión de despropósitos para intentar satisfacer los delirios de partidos próximos a desaparecer como Sumar seguramente provocó que muchos inversores por el mundo se preguntaran ayer si es buena idea prestarle dinero a un estado cuyo Gobierno está tan desesperado como para autolesionarse.
El grupo británico Monty Python hacía humor con lo absurdo, la parodia y el disparate. Aquí en España este Gobierno desquiciado utiliza esos mismos patrones para hacer leyes, que quiere hacer pasar por serias. Monty Python se valía de todas estas herramientas para hacer reír a las personas. Este Gobierno las utiliza para crear el caos.
Luis Aragonés frente al ‘decreto Maricarmen’Maricarmen es la excusa para endosar a otro el muerto de la viviendaEl problema de la vivienda no se soluciona con un decreto en caliente Comentar ÚLTIMA HORA-
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