La mirada de un reportero puede captar en cualquier recodo el espíritu, si no de una era, sí de un momento de la historia. Es el caso de Guillermo Mendoza, uno de los periodistas que Onda Cero desplegó para cubrir la noche electoral de Andalucía. Mendoza atrapó el zeitgeist en una excelente crónica radiada mientras esperaba la comparecencia de María Jesús Montero: «Lo que puedo decir es que sí han llegado los canapés de los políticos. Eso se nota en la calidad del aperitivo, Carlos [Alsina]. El periodismo tiene canapés, pero de peor calidad. Son empanadillas de atún. Los de los políticos han entrado con un carrito por detrás de una lona bien grande que pone Defiende lo público, el lema de campaña del PSOE. Por ahí ha entrado el salmón».
Quizá fuese por su instinto periodístico, quizá sólo por el hambre, lo mismo da. Mendoza retrató la estrategia de campaña del PSOE y el motivo de sus resultados. Lo público como coladero de lo privilegiado. Desde hace aproximadamente un año, La Moncloa ha colocado las críticas a la Sanidad, preferentemente, y a la Educación en el centro de su campaña de oposición a los gobiernos regionales del PP y, por extensión, a Génova. El relato oficial viene a decir que el presidente Sánchez se encarga de cantarle las cuarenta a Trump y del PIB, que va bien, y las autonomías del resto, que va mal. Y mira que les financiamos a lo grande a base de coser a impuestos a los contribuyentes, les falta añadir.
En este marco, la frugalidad fiscal que defiende el PP sólo es sinónimo de deterioro de la convivencia. El asunto va muy bien tirado. Los servicios públicos, la mayoría bajo gestión del PP, están muy tensionados, en parte por el incremento poblacional insólito, y el malestar de funcionarios se está traduciendo en huelgas de médicos o profesores en casi todas las autonomías.
El único pero es que lo de que el Gobierno no tiene ninguna responsabilidad no cuela. Al final, la propaganda siempre termina encontrando unos límites en la realidad. El personal va a hacer la compra y, además de defender lo público, quiere que le defiendan el bolsillo. O al menos que no le roben los del canapé.
José Luis Rodríguez Zapatero es uno de los dirigentes políticos que mejor desafían esos límites. Pasa por ser el símbolo progresista del país frente al neoliberalismo, cuando fue un presidente que nadó en un manantial de ingresos propiciados por la burbuja inmobiliaria. Con la crisis asomando las fauces, debilitó las arcas públicas con la mayor bajada de impuestos de la historia -y también la más regresiva- para ganar las elecciones de 2008: 451 euros lineales, tanto para el que ganaba mil como para el que ganaba un millón. Luego ordenó un sablazo al Estado de Bienestar sin precedentes desde la posguerra, recorte al sueldo de los funcionarios del 5% y congelación de las pensiones incluidos. El 15-M se levantó contra su Gobierno, no contra el del PP de Rajoy, al que le faltaban nueve meses para ganar.
Su legado lo conforman avances en los derechos civiles, pero, sobre todo, una década de penuria en forma de paro, deuda y el exterminio de la inversión pública de todas las administraciones. Y el consiguiente deterioro de servicios e infraestructuras.
Es natural que Sánchez se ate a Zapatero y emplee a la televisión estatal para enmascarar lo que todo el mundo tiene ante los ojos. Su evolución desde la izquierda moderada al populismo es parecida. Hay motivos más prosaicos. El tráfico de influencias necesita un influyente y alguien a quien tratar de influir. El juez cree que el primero es Zapatero y el segundo, si existe, está en el Gobierno. Seguro que es un gran defensor de lo público.