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Deja la obra a medias y sin agua caliente a la propietaria tras cobrarle 6.700 euros: un juez lo condena a prisiónEl tribunal considera probado que el acusado concertó el proyecto «a sabiendas de que no iba a cumplir con su cometido»
Jueves, 26 de marzo 2026, 18:49
... víctima contactó con su aseguradora por una avería de fontanería en su vivienda. Poco después, recibió la llamada de un supuesto fontanero y se ofreció a reparar la fuga de agua. Tras ganarse su confianza, le entregó una factura proforma con los trabajos y costes previstos. Finalmente, la clienta aceptó el presupuesto y realizó varios pagos por un importe total de 6.700 euros.La Audiencia ya le condenó como autor de un delito de estafa, imponiéndole dos años de cárcel y la obligación de indemnizar a la víctima con los 6.700 euros. Ahora, el tribunal superior vasco ha ratificado íntegramente esa decisión al desestimar el recurso presentado por el acusado.
En el mismo, el condenado alegaba un error en la valoración de la prueba y la vulneración del principio «in dubio pro reo». No obstante, el tribunal considera que la valoración realizada por la Audiencia está suficientemente razonada y se ajusta a las pruebas practicadas.
Importe «desproporcionado»
Entre los elementos que refuerzan esta conclusión, el tribunal destaca que la factura proforma contemplaba solo tres días de trabajo, mientras que el importe cobrado resultaba «desproporcionado». Además, subraya el retraso en la ejecución de la obra, que dejó a la denunciante sin agua caliente, así como la falta de soluciones por parte del acusado, que llegó incluso a bloquear el teléfono de la mujer para evitar sus llamadas.
El tribunal también descarta la existencia de dudas razonables sobre los hechos o sobre la intención del acusado, y respalda la conclusión de que desde el inicio no tenía intención de completar la obra. Según la resolución, apenas se ejecutó un 15% de los trabajos antes de abandonar el encargo.
Por último, el TSJPV rechaza que la pena sea excesiva. Recuerda que la Audiencia tuvo en cuenta la situación de la víctima (una persona mayor, que vive sola y con dificultades económicas) así como la cuantía defraudada, que consideró relevante para su economía.
La sentencia no es firme y todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
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