España asiste a dos procesos. El primero de ellos es el desgaste del Gobierno y del PSOE, salpicados por una sucesión aparentemente inagotable de escándalos. Las polémicas, además, parecen repetir un mismo patrón. Como ocurrió con José Luis Ábalos y Santos Cerdán, el caso Salazar implica a un estrecho colaborador del presidente del, poniendo en entredicho el criterio y la credibilidad del propio Pedro Sánchez. Nuevamente, además, se ha podido comprobar el abismo que media entre la teoría y la praxis del feminismo socialista.
Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurrió con los casos anteriores, esta vez se ha manifestado un notable malestar dentro del propio PSOE, y no solo entre los críticos habituales. Es muy posible que estas señales de vida interna solo destaquen por contraste con el páramo de los años anteriores. Y uno puede sorprenderse ante el hecho de que este caso haya provocado tanta indignación interna cuando no lo hicieron otras decisiones polémicas -la amnistía, sin ir más lejos-. Quién iba a imaginar que unos dirigentes que se atrevían a entregar una amnistía a cambio de una investidura también serían capaces de obviar un par de denuncias por acoso sexual.
Sea como sea, la respuesta al caso Salazar es la expresión de descontento interno más notable que se ha producido en muchos años en ese partido. Y aunque esto puede deberse a las particularidades de esta polémica, o a una cuestión puramente acumulativa -alguna gota tenía que colmar el vaso-, la crisis coincide con un claro agotamiento del proyecto sanchista. Sin mayoría en el Congreso y con un horizonte judicial muy complejo, el final de la escapada que ha sido esta legislatura parece bastante más cercano. La consecuencia de todo ello queda recogida en la encuesta que publica hoy este diario: la coalición gubernamental no levanta cabeza mientras que la oposición ya ronda los doscientos escaños.
El deterioro del sanchismo es muy poco edificante, pero también resulta natural en una democracia. Los gobiernos, qué se le va a hacer, se encanallan, se corrompen, se agotan; la oposición va capitalizando el rechazo social hasta que alcanza el poder, y así el ciclo puede comenzar otra vez. El problema es que, en la España de hoy, este proceso coincide con otro: el deterioro de nuestras instituciones y la quiebra gradual de nuestra cultura política. Nuevamente podemos remitirnos a una encuesta publicada en este diario. El sábado, el panel de Sigma Dos mostraba que el 52% de los españoles considera que la Constitución del 78 ya no es válida y que el 79% aboga por su reforma.
Este proceso ya no implica solamente a Sánchez y a sus aliados. Llama la atención la actitud de los votantes de Vox, que se suman en su mayoría a la idea que la Carta Magna ya no sirve. Claro que los cambios que desean estos votantes son diametralmente distintos de los que piden quienes apoyan la coalición sanchista. Se vislumbra así el callejón sin salida al que se dirige nuestro sistema: una insatisfacción creciente con la Constitución y una incompatibilidad también creciente entre los distintos proyectos de reforma. Pero también aquí vale la pena volver sobre el presente y el futuro del PSOE. Porque nada menos que un 60% de votantes socialistas considera, a día de hoy, que la Constitución ya no es válida. La pregunta es inevitable: si esto es lo que piensan cuando su partido está en el Gobierno, ¿qué pensarán cuando pase a la oposición?