Septiembre de 2023. La vida política española gira en torno a la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, mientras La Moncloa trabaja con negociaciones y exigencias de los partidos para armar un bloque que permita ser reelegido presidente a Pedro Sánchez. En esas semanas, se estrena en España el documental Generación porno, que abordaba la educación sexual de los jóvenes españoles y su relación con el porno. Cómo lo consumen en internet a veces sin necesidad de hacer clic. El retrato que hace este documental impactó en el complejo presidencial. "Tenemos que hacer algo. Es muy grave", fue el mensaje que lanzó el presidente del Gobierno a su equipo. Ese propósito de poner puertas al campo ha derivado dos años después en un choque entre el Ejecutivo y los "tecnooligarcas", con Sánchez decidido a poner límites a las redes sociales, que define como "Estado fallido".
El presidente del Gobierno ha recrudecido esta semana su choque con la "tecnocasta" tras las críticas de magnates de las redes como Elon Musk, propietario de X (antes Twitter) o Pavel Durov, fundador de Telegram. Ambos han advertido públicamente contra el paquete de medidas legislativas y regulatorias anunciadas por Sánchez para "hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro", considerando que son "una amenaza para la libertad de expresión y la privacidad".
A finales de 2023, en el edificio Semillas del complejo presidencial -donde trabaja el equipo del presidente- se creó un grupo de trabajo bajo la tutela del gabinete de Presidencia y con la participación de distintos ministerios. Constituido el nuevo Gobierno, Sánchez encargó a Félix Bolaños, que asumió también la cartera de Justicia, el encargo de trabajar en una ley, hablando con Juventud e Infancia. "Todo empezó con el problema del consumo de pornografía entre los jóvenes y hemos avanzado a cómo poner coto y límites a los abusos en redes sociales", explican personas que llevan trabajando en esta materia desde el principio.
En enero de 2024, Sánchez anuncia que impulsará una ley integral para la protección de los menores en internet y para ello Juventud e Infancia crea un comité de 50 expertos que se encargarán de diseñar la "hoja de ruta" para garantizar un entorno digital seguro a los menores. Paralelamente, el trabajo se canaliza en un grupo de trabajo instaurado en Justicia, con un acento más jurídico, compuesto por miembros de la Comisión General de Codificación del Ministerio, que es un órgano superior colegiado de asesoramiento al que corresponde la preparación de los textos prelegislativos y de carácter reglamentario.
"Hicimos clic con la pornografía y los menores, que ya implica a las redes sociales. Todo nació ahí, pero el problema no es sólo el acceso a la pornografía. Hay temas como el acoso, la impunidad, el anonimato... No hemos dejado de trabajar", explican fuentes gubernamentales. "Los españoles no podemos vivir en un mundo en el que tecnooligarcas extranjeros puedan inundar nuestros teléfonos de propaganda a su antojo solo porque el Gobierno ha anunciado medidas para proteger a los menores y hacerles cumplir la ley", explican fuentes de Moncloa al hilo del mensaje contra el Gobierno lanzado por el fundador de Telegram.
En marzo de 2025, el Consejo de Ministros remitió a las Cortes el proyecto de ley orgánica para proteger a los menores de edad en los entornos digitales. El Ejecutivo quiere modificar ahora esta norma, que está en trámite parlamentario, para prohibir en España el acceso a redes sociales a menores de 16 años, obligando a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad. También quiere impulsar leyes para poner fin a la impunidad de los directivos para que sean legalmente responsables si no retiran contenidos ilegales en las plataformas que se les hayan notificados; o tipificar como delito de la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal.
"El presidente nos ha ido apretando mucho con todo esto", explican las personas que trabajan en esta materia en el Gobierno. Hace un año, en el Foro Económico de Davos ya advirtió de que las redes se habían convertido en un "campo de batalla amañado lleno de manipulación, censura y falsedad" y planteó acabar con el anonimato; "abrir la caja negra de los algoritmos"; y asegurarse de que los directores generales de las redes rindieran cuentas. Con esa premisa, se esperaba que este año volviera a hacer alguna alusión, pero Sánchez no pudo acudir por el accidente ferroviario de Adamuz, que se cobró la vida de 46 personas. La posible alusión se tornó en anuncios concretos esta semana en Dubai, en el World Governments Summit.
Así, las personas consultadas por EL MUNDO explican que no fue algo improvisado ni una maniobra para desviar la atención de otros asuntos más incómodos, sino que obedece a una hoja de ruta trabajada en el tiempo. "Más allá del choque con Musk, realmente es una preocupación personal del presidente. Cree que las sociedades tenemos que dar un paso en este sentido". "Cuando las democracias empezamos a poner orden, los dueños de las redes se ponen nerviosos. Volvemos a estar del lado correcto de la historia diciéndole a los tecnooligarcas que quiten sus sucias manos de los móviles de nuestros menores", defendió el viernes Sánchez.
La llegada de nuevo al poder de Donald Trump y el respaldo de empresarios milmillonarios, con Musk como máximo exponente, espolearon ese choque político, buscando una confrontación de modelos. Durante el último año ha buscado construir una imagen de líder político que presenta batalla contra los poderosos de internet, aunque en muchas ocasiones sea una posición política y una declaración de intenciones, pues la potestad y las herramientas las tiene y las guía la Comisión Europea. Pero La Moncloa ha podido construir ese marco de batalla contra una "tecnocasta" que mediante "abusos" e "injerencias" usan las redes "para controlar el debate público y la acción gubernamental de todo Occidente". Un pulso que, tienen testado los socialistas, motiva y moviliza a los suyos. Porque Sánchez, ante un escenario nacional adverso, convertido en un campo de minas, tiene en el escenario internacional una vía de escape con la que buscar luchas o pugnas que permitan aglutinar a sus votantes y sus socios, causas que le concedan oxígeno desde fuera ante la asfixia que vive dentro.