Los Gallardos y Bédar, los dos municipios del Levante almeriense más afectados por el incendio declarado el jueves que causó la muerte de 13 personas y ha arrasado 7.000 hectáreas, deberían haber tenido un plan local de emergencias ante incendios forestales homologado. Ese documento debería haber incluido, entre otras cuestiones, un inventario de los recursos locales, de puntos de agua, mapas de confinamiento o rutas de evacuación. Pero ese plan o no existe o no está homologado, lo que a efectos legales es como si no existiera.
La voz de alarma la ha dado la organización Ecologistas en Acción y los registros oficiales de la Junta de Andalucía confirman el incumplimiento, por parte de esos dos municipios, de la normativa autonómica, aunque no son, ni mucho menos, una excepción.
De acuerdo con el Plan anual para la prevención, vigilancia y extinción de incendio forestales de Andalucía para 2026, es «obligada» la elaboración de un plan local de emergencias para este tipo de siniestros (que hay que revisar cada cuatro años) en aquellos municipios que estén catalogados como «zona de riesgo» de incendios forestales. Y tanto Los Gallardos como Bédar aparecen en el último listado de municipios en zonas de peligro de la Administración autonómica andaluza.
Se define en el plan andaluz de como zonas de alto riesgo las «áreas en las que la frecuencia o virulencia de los incendios forestales y la importancia de los valores amenazados hagan necesarias medidas especiales de protección ante los incendios forestales».
En concreto, en el caso de Bédar todo el término municipal, al completo, es zona de riesgo y lo mismo en Los Gallardos salvo cuatro puntos concretos en los límites con otros municipios al sur, al norte, al este y al oeste.
Pero ni Bédar ni Los Gallardos son una excepción ni un caso aislado. De hecho, prácticamente ninguno de los municipios almerienses en situación de riesgo por incendios forestales tiene un plan de emergencias homologado y en vigor. La relación de las localidades con plan de actuación por incendios, actualizado a 23 de marzo de 2026, refleja que solamente dos municipios de Almería están al día de sus obligaciones, María y Tíjola, a pesar de que en esa provincia están catalogados como zona de riesgo, y por tanto obligados a tener un plan, 101 municipios.
Pero, una vez más, la provincia de Almería no es un caso aislado y dentro de la comunidad autónoma andaluza son una inmensa mayoría de ayuntamientos los que incumplen con la obligación de contar con uno de estos planes.
La Junta de Andalucía tiene identificados en toda la región 728 municipios que, en todo su término municipal o en parte, tiene un elevado riesgo de sufrir un incendio forestal. Pero apenas 139 de estos municipios cuenta con un documento de planificación de la emergencia acorde con las exigencias de la legislación y, por tanto, homologado.
Eso supone que, en toda Andalucía, solamente dos de cada diez localidades en riesgo de incendio forestal está preparada, como la ley requiere, para afrontar una emergencia de esta naturaleza.
El Plan Infoca de la Junta establece con claridad la «obligación» de las autoridades locales de promover la elaboración de estos planes de emergencia con unos contenidos mínimos que están tasados.
Más aún, es igualmente obligatorio que, integrados en los planes locales, se elaboren planes de autoprotección contra incendios forestales en los casos de urbanizaciones o núcleos de población aislados, así como zonas de acampada o empresas asentadas en lugares clasificados de alto riesgo.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente andaluz, Juanma Moreno, en el puesto de mando de Turre.FRANCISCO J. OLMOEUROPA PRESSY se contempla, incluso, la posibilidad (y conveniencia) de crear Grupos Locales de Pronto Auxilio «para colaborar en la prevención y lucha contra los incendios». En Almería solo hay 38 con 557 miembros y en toda Andalucía, 246 con 2.925 miembros.
Es «papel mojado», dice sobre la normativa de prevención en materia de incendios forestales la portavoz de Ecologistas en Acción, Lola Illescas, cuya organización fue la primera en advertir de la vulneración generalizada de a obligación de contar con estos planes de emergencias. Illescas habla de «desprotección masiva legal» y recuerda la responsabilidad de las administraciones. Al menos, política.
En el caso de fuego de Los Gallardos no se atreve Illescas a señalar responsabilidades penales por parte de los consistorios que, debiendo hacerlo, no tenían plan de emergencia, aunque sí señala, y reclama, responsabilidades políticas. «Hay una investigación judicial en marcha que será la que tenga que determinarlo», pero sí se pregunta si las 13 muertes de los vecinos de Bédar que huían del fuego cuando fueron alcanzados por las llamas «podría haberse evitado» con un protocolo que estableciese detalladamente rutas de evacuación o cómo llevar a cabo las notificaciones.
Con el fuego aún sin extinguir -solo se ha conseguido estabilizarlo y perimetrarlo- ya hay familiares de algunos de los fallecidos que han puesto en cuestión la falta de información o que llegasen a sus parientes muertos las instrucciones de evacuación o confinamiento. Es el caso, por ejemplo, de Thomas-Wolf Verdonckt, hijo del ciudadano belga de 63 años Stanislas Verdonck, una de las víctimas mortales, que asegura que su padre no recibió ninguna orientación.
Los ayuntamientos, por regla general, han ignorado su obligación y eso a pesar de que la Junta de Andalucía, solo en este año, ha contactado con 601 ayuntamientos de toda la comunidad para informales de que tenían que redactar o renovar sus planes de emergencia por incendios forestales y adaptarlos, además, al Plan de Emergencia de Protección Civil de Andalucía.
Para enredarlo todo un poco más el Gobierno central aprobó en 2023 la Norma Básica de Protección Civil por Real Decreto 524/2023, que establecía un plazo de cuatro años para sacar adelante la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de incendios forestales, pero hasta abril de este mismo año no lo hizo, casi agotando el plazo establecido.
Ahora, con esa directriz aprobada, señalan fuentes de emergencias, habrá que revisar y adaptar los planes de todos los ámbitos, tanto regionales como locales, en los supuestos en los que existan, claro.