- I. GARAY
- Sánchez, a contracorriente de los socios europeos con la inmigración
- Editorial. Una regularización más que cuestionable
El argumento naif por naturaleza de la izquierda bienintencionada y la extrema izquierda es que todo ser humano tiene derecho a moverse libremente por el mundo y establecerse donde quiera. Sus representantes son capaces de defender esa libertad de movimiento de la humanidad en cualquier foro alternativo, salvo si se trata de un influencer que quiere irse a Andorra o un piloto de Fórmula 1 que quiere establecerse en Mónaco. En ese caso el principio decae cuando los románticos perciben la imposibilidad material de prescindir de cualquiera que pague la cuenta. En ese momento, todos esos mismos soñadores que dicen odiar las fronteras y que abrirían las puertas de su país (que no de su casa) a todo el mundo se vuelven carceleros dispuestos a levantar muros para evitar la fuga. En el mundo real ninguna política migratoria se construye desde el idealismo y los intentos buenistas que se han abierto paso en Europa han resultado un terrible fracaso, que está siendo corregido a marchas forzadas no por la extrema derecha, que curiosamente es quien más se beneficia de estas políticas irresponsables, sino por los propios socialdemócratas.
Una política de puertas abiertas a la inmigración sin una eficaz estrategia de integración es un suicidio social. En la mayor parte de los casos supone una degradación segura de la convivencia y de las condiciones de vida que afectan fundamentalmente a los más vulnerables en cualquier país, que acaban viendo a sus impulsores como sus principales enemigos. Todo esto es lo que explica por ejemplo que el voto a Le Pen se multiplique en los departamentos periféricos de París como Seine-et-Marne o Val-d'Oise, o que la extrema derecha en Suecia haya pasado del 5,7% en 2010 al 22% en la actualidad, vinculando inmigración a temas como delincuencia y seguridad. Su caldo de cultivo no son imaginaciones sino la realidad que viven cada día los habitantes de zonas depauperadas en todo el país y en distritos de Estocolmo como Skärholmen o Rinkeby-Kista, en los que hasta el 80% de su población son inmigrantes.
Como el patrón se repite en numerosos lugares de Europa una parte de la izquierda ha despertado. No es que los "bobos" (bourgeois bohémes o burgueses bohemios) que han venido poblando la política en el Viejo Continente (y en España también las tertulias) se hayan vuelto fascistas de repente sino que se han dado cuenta de que había anochecido y ellos aún llevaban las gafas de sol. En Dinamarca, los socialdemócratas, liderados por Mette Frederiksen, han virado hacia políticas migratorias estrictas para "proteger el Estado de Bienestar y los servicios públicos". ¿Cómo puede ser si aquí se repite una y otra vez que la inmigración va a salvar el Estado de Bienestar? Resulta que quienes afirman esto pecan de un voluntarismo que genera frustración. Los que han hecho números eludiendo el mantra de lo políticamente correcto empiezan a llegar a la conclusión de que la inmigración descontrolada no solo no contribuye a garantizar el Estado de Bienestar sino que lo destruye.
En este contexto cabe preguntarse si tiene sentido la regularización de 500.000 inmigrantes acordada por el PSOE y Podemos. La respuesta es compleja. Poner orden en una realidad ineludible tiene todo el sentido, pero hacerlo sin establecer medidas que eviten que el problema se reproduzca causa un inevitable efecto llamada. Se podría haber procedido a la regularización de la gran mayoría de esas personas al mismo tiempo que se vetaba no solo a los que tuvieran antecedentes penales sino también policiales. O al mismo tiempo que se legislaba como delito cualquier entrada o permanencia no legal en el país. Esto lo debieran haber debatido las grandes formaciones de este país en el Congreso, buscando el objetivo de que la inmigración, tan necesaria, sea sostenible económica y socialmente y no reproduzca esa involución cultural que es ya es palpable en muchos lugares.
¿Por qué el Gobierno ha hurtado a los españoles ese debate? Porque la inmigración tanto para este PSOE como para Podemos, los firmantes de ese acuerdo de regularización, es más una herramienta de confrontación que un proyecto de sociedad. No hay aquí ninguna política migratoria. Para quien ahora habita La Moncloa los inmigrantes son escudos humanos para arrojar contra la oposición con el objetivo de generar crispación, como lo pueden ser también los pensionistas. Se recurre a ellos no tanto para atender a sus necesidades como para desviar la atención o para provocar que quien tenga que votar lo haga más con la víscera que con la razón. El decreto ómnibus ha sido un gran ejemplo de esta estrategia destructiva y cortoplacista. Esa estrategia hipócrita que te dice que hay que derribar las fronteras al mismo tiempo que levanta muros. Nadie sabe cómo el PSOE va a explicar la contradicción que supone pactar con Podemos la regularización de esas 500.000 personas con el argumento de que España es una tierra abierta y solidaria y al mismo tiempo negociar con el nacionalismo catalán y vasco ceder las competencias de inmigración para que los mossos o la ertzaintza puedan impedir que esos nuevos españoles crucen el paso de Subijana o el Ebro. Lo que es destruir fronteras y levantar muros al mismo tiempo.
Iñaki Garay. Director adjunto de Expansión
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