El artículo primero de la Constitución expone que España "se constituye en un Estado social y democrático de Derecho". Y en el portal que el Congreso tiene para divulgar información sobre la Carta Magna se explica que el Estado de Derecho "se basa a su vez en una serie de principios", como el de "división de poderes". Sin embargo, el 69,4% de los ciudadanos cree que esto, hoy, no se respeta; que la separación entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial no es una realidad en España.
Así se desprende del último sondeo de Sigma Dos para EL MUNDO, que se sustenta en 3.690 entrevistas realizadas entre el 6 y el 20 de julio. Las fechas no son baladíes: en ese tiempo se conoció la condena al hermano de Pedro Sánchez por prevaricación, que el portavoz del PSOE en el Congreso calificó de "auténtica barbaridad" y enmarcó en una "cacería" contra el presidente del Gobierno. El mismo término, "cacería política obscena", utilizó la secretaria de Organización socialista cuando la Audiencia de Madrid ratificó la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, a juicio con jurado.
En el Gobierno insisten en afirmar que respetan la labor de la Justicia, aun criticando sus resoluciones. Pero, en este contexto, la mayoría de ciudadanos no cree que el poder judicial actúe de forma independiente. Tampoco los afines socialistas: el 61,3% de quienes cogieron la papeleta del PSOE en junio de 2023 no cree que se respete la separación de poderes, según el sondeo. Es una opinión que comparte el 63,8% de los votantes de Sumar y también, en mayor proporción, los simpatizantes de PP (77,2%) y Vox (87,5%).
'Caso Leire' y 'Caso Koldo'
También se supo poco antes de que se condujera el sondeo la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO) en el marco del caso Leire, que investiga presuntas maniobras realizadas para desactivar causas judiciales que afectan al PSOE. La existencia de esta trama, que de por sí puede haber influido en la confianza ciudadana en la separación de poderes, lleva a la mayoría a considerar que ambos altos cargos deberían ser apartados de sus puestos, al estar investigados por prevaricación y obstrucción a la Justicia. El 48% de los españoles opina que deberían ser cesados de sus funciones "de forma permanente" y otro 37,8% defiende que se les aparte "hasta que concluya la investigación".
En contra del criterio del Gobierno, que mantiene su confianza en los imputados y no contempla su salida, el 28,7% de los votantes del PSOE cree que deberían ser apartados "de forma permanente" y otro 50% aboga por desplazarlos de sus funciones mientras estén investigados. Similar postura asumen los afines a Sumar, mientras que entre los electores de la derecha son más quienes reclaman un cese definitivo -69% de quienes votaron al PP y 78,3% de los que apostaron por Vox-. Solo el 8,4% de los españoles defiende que ambos dirigentes sigan en sus cargos, el 13,8% entre los ex electores socialistas.
El choque entre el poder ejecutivo y el judicial también se hizo patente, en las últimas semanas, tras conocerse la sentencia contra el ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor, Koldo García, condenados respectivamente a 24 y 19 años de prisión. El portavoz parlamentario de los socialistas calificó la pena de "desproporcionada", una opinión que, sin embargo, solo comparte el 19,8% de la ciudadanía -el 34,9% de los ex votantes de Sánchez-. Para la mayoría, la sentencia es "proporcional a los delitos cometidos" -así lo piensa el 37,6% de los ciudadanos y el 23,7% de los afines al PSOE- o "ejemplarizante ante los delitos de corrupción" -postura que comparte el 36,1% de los españoles y el 35,4% de los socialistas-. Solo entre los afines a Sumar son más, el 47,3%, los que creen que la condena es "excesiva y desproporcional".
Donde sí hay menor consenso entre los españoles es en lo relativo a si una colaboración con la Justicia de los imputados debe dar lugar a una reducción de pena, como ha sucedido con el comisionista Víctor de Aldama, que se librará de la cárcel al apreciar el Tribunal Supremo que colaboró en la investigación del caso Koldo. El 50,8% de los ciudadanos está "total" (23,3%) o "bastante" (27,5%) de acuerdo con que la colaboración se premie con una rebaja en la condena, mientras que el 42,8% está poco (22,2%) o nada (20,6%) de acuerdo con esta posibilidad. Los votantes de la derecha son más favorables a premiar la colaboración con la Justicia -el 78,2% de afines al PP y el 73,3% de Vox lo valida- y, por contra, la izquierda lo rechaza mayoritariamente: no está de acuerdo el 63,3% de votantes del PSOE y el 64,7% de Sumar, en consonancia con sus dirigentes.
Con todo, en el actual contexto, hay una cuestión que genera gran consenso en la ciudadanía española, sin importar su signo político: el 80,4% de los ciudadanos piensa que la corrupción "es un problema sistémico de la política española". Solo para el 17,1% son casos "excepcionales y puntuales".
Ficha técnica
Población de referencia y ámbito geográfico: Personas de 18 y más años residentes en España con derecho a voto.
Técnica de recogida de información: A través del Panel Sigma Dos by Trust Survey. Metodología mixta telefónica (CATI) / on line (CAWI).
Tamaños muestrales: 3.690 entrevistas.
Selección de las unidades muestrales: En la entrevista telefónica mediante selección aleatoria de hogar y aplicación de cuotas de sexo y edad en la selección de la unidad última. En el caso del panel se ha aplicado asignación proporcional por sexo y grupo de edad. La distribución de la muestra ha sido proporcional por comunidad autónoma en ambas muestras.
Margen de error: El error de muestreo absoluto se puede acotar por ±2,3% para un nivel de confianza del 95.5%, y en el supuesto de variables con dos categorías igualmente distribuidas.
Fecha del trabajo de campo: Del 6 al 20 de julio de 2026.
Realización: SIGMA DOS SL. Calle Velázquez 50, 2ª Planta (28001-Madrid).
Dirección técnica: José Luis Rojo Gil / Ignacio Javier Clemente Sierro.