Sucesos en Málaga
Las denuncias de dos funcionarios destaparon el caso de presunta corrupción en FrigilianaLa documentación remitida a la Guardia Civil y a la Oficina Antifraude apunta a supuestos fraccionamientos, pagos reiterados y levantamientos de reparos del secretario
Regala esta noticia Añádenos en Google Fachada del Ayuntamiento de Frigiliana, este pasado martes por la noche, y en la parte superior izquierda, el alcalde, Alejandro Herrero, tras finalizar el registro de la Guardia Civil. (E. CABEZAS) 03/07/2026 Actualizado a las 00:27h.Las denuncias presentadas por dos funcionarios públicos, un policía local y un secretario-interventor, están en el origen documental de la investigación judicial abierta por ... la presunta corrupción en el Ayuntamiento de Frigiliana contra el alcalde socialista, Alejandro Herrero, y cinco de sus seis concejales del PSOE. Los escritos, remitidos a la Guardia Civil y a la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (AAF), entre mayo de 2024 y abril de 2025, describen presuntas irregularidades en contratos, facturas y levantamientos de reparos que ahora están bajo del análisis judicial por parte de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrox.
un registro de más de trece horas en el Ayuntamiento de Frigiliana y en otros inmuebles vinculados a las pesquisas. Tras levantarse el secreto de sumario, el juzgado de Torrox ha citado a declarar como investigados al regidor, a cinco ediles del gobierno municipal y a al menos dos funcionarios por la presunta comisión de delitos como prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública, falsedad documental, coacciones, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.Uno de los escritos de denuncia, al que ha tenido acceso SUR, apunta a un presunto fraccionamiento de contratos durante varios ejercicios, mediante facturas de menor cuantía vinculadas a servicios de portes y suministro de contenedores en obras municipales. Según la denuncia, el sistema habría servido para evitar procedimientos de licitación pública y adjudicar directamente trabajos a una persona del entorno familiar del alcalde, pese a los reparos formulados desde la secretaría-intervención.
Los funcionarios denuncian contratos menores, facturas reiteradas y reparos técnicos levantados después por el pleno
La denuncia incorpora una relación de pagos entre 2020 y 2023 que asciende a 286.627,81 euros. El documento desglosa 64.086,44 euros en 2020; 76.573,54 euros en 2021; 74.663,78 euros en 2022; y 71.304,05 euros en 2023. El escrito sostiene que estas cantidades, acumuladas por trimestres, apuntarían a una contratación reiterada que, a juicio del denunciante, debió tramitarse mediante los procedimientos ordinarios previstos en la Ley de Contratos del Sector Público.
El mismo documento considera que esa práctica habría vulnerado los principios de transparencia, igualdad y competencia en la contratación pública. La denuncia sostiene que el fraccionamiento de contratos constituye una vía para eludir controles legales y que, de confirmarse los hechos, podrían derivarse responsabilidades penales y administrativas. En todo caso, se trata de hechos denunciados que deberán ser contrastados en sede judicial.
Ley de Contratos del Sector Público
Una segunda denuncia, presentada como ampliación, incorpora nuevos episodios relacionados con contrataciones directas, facturas mensuales y supuestos incumplimientos del artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público. El escrito atribuye al alcalde socialista adjudicaciones sin seguir los procedimientos exigidos y apunta a que se habrían ignorado reparos de la intervención municipal.
Esa ampliación alude, entre otros extremos, a contrataciones realizadas desde marzo de 2019 a una persona que posteriormente pasaría a formar parte de la corporación municipal. Según el escrito, esas contrataciones se articularon mediante doce facturas mensuales y sin respetar los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia. El denunciante sostiene que esta forma de proceder podría encajar en presuntos delitos de prevaricación administrativa.
El documento también se detiene en otros pagos y contrataciones que, según el denunciante, habrían superado los límites de los contratos menores o se habrían prolongado más allá de los plazos permitidos. En concreto, cita importes de 79.057,31 euros en 2017, 43.475,30 euros en 2018 y 40.692,30 euros en 2019 en relación con facturas que, según el escrito de denuncia, debieron tramitarse como contratos de obra o por cauces distintos a la simple presentación de facturas.
El juzgado de Torrox ha citado como investigados al alcalde socialista, cinco ediles del gobierno local y a al menos dos funcionarios municipales
La ampliación incluye además otro bloque de «adjudicaciones verbales» entre 2020 y 2023, sin licitación pública ni expediente de contratación, por un total de 296.362,95 euros. Según el escrito, las cantidades fueron de 70.666,01 euros en 2020; 59.949,99 euros en 2021; 101.308,93 euros en 2022; y 64.438,02 euros en 2023. La denuncia entiende que esas adjudicaciones agravarían las irregularidades ya comunicadas.
Otro de los documentos se centra en el levantamiento de un reparo suspensivo formulado por la Secretaría-Intervención en un expediente tratado en una sesión plenaria de abril de 2025. El escrito sostiene que el reparo advertía de una infracción de la legalidad administrativa y financiera, y que, pese a ello, el alcalde lo levantó y los cinco concejales del PSOE presentes, junto a Herrero, votaron en el pleno a favor de continuar con la tramitación.
En el debate plenario, el alcalde manifestó que levantaban el reparo para poder pagar un convenio con la comunidad de regantes para la colaboración de los guardas rurales. «Todos los años lo hemos hecho igual, si estaba mal hecho los informes estaban mal», apuntó. «Se levanta en un pleno, que para eso están los reparos, que es una medida que te da la legalidad para que se levante para que fluya la gestión de un ayuntamiento, porque si no estaríamos todavía dándole a la vuelta al 'boli' para los primeros gatos que entraron al pueblo», aseguró en su intervención.
«Hay que resolver porque en este mundo de la administración pública tenemos que hacer que sea eficaz y sea rápido y no podemos tener en cada año un criterio distinto. Hemos estado haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, que es coger una partida presupuestaria en vez de otra», manifestó Herrero en su respuesta a la intervención del portavoz del PP en la oposición, Pedro Alcántara. El edil popular le reprochó la «ilegalidad» del acuerdo, tras la intervención del vicesecretario municipal. El PP votó en contra.
«En principio todo bien»
Durante el registro del pasado martes, la Guardia Civil centró buena parte de las actuaciones en contratos, facturas y expedientes administrativos vinculados a distintas áreas municipales. Según las fuentes consultadas por SUR, la documentación intervenida afecta a una cerca de una veintena de empresas que han prestado servicios o suministros al Ayuntamiento en los últimos años. Los investigadores también intervinieron teléfonos móviles del regidor y de varios concejales para garantizar el desarrollo de las diligencias.
El alcalde, Alejandro Herrero, permaneció en el interior del Consistorio durante la inspección y, a su salida, explicó brevemente a los medios que habían estado «todo el día haciendo fotocopias» y que «en principio todo bien». Sin embargo, tras levantarse el secreto de sumario, se ha confirmado que el regidor y cinco ediles deberán declarar ante el juzgado de Torrox como investigados en los próximos días.
El PSOE de Málaga ha pedido «prudencia» y «respeto» a la investigación judicial, además de ofrecer su «plena colaboración»
El PSOE de Málaga ha pedido «prudencia» y «respeto» a la investigación judicial, además de ofrecer su «plena colaboración» para que se esclarezcan los hechos. En el plano político, el PP de Málaga ha reclamado la dimisión inmediata del alcalde y de los concejales investigados, mientras que Vox también ha pedido que los cargos públicos afectados se aparten mientras se aclaran los hechos.
La investigación golpea de lleno al gobierno socialista de Frigiliana, municipio en el que Herrero accedió a la Alcaldía tras una moción de censura en febrero de 2017 y donde gobierna con mayoría absoluta desde 2019. El juzgado de Torrox analiza ya las responsabilidades en torno a una causa que ha sacudido la vida política de Frigiliana. Las claves pasan ahora por el análisis de la documentación intervenida, las declaraciones de los investigados y la verificación de si los reparos, los contratos y las adjudicaciones señaladas por los denunciantes se sostienen penalmente.
comentarios Reportar un error