Trenes AVE en Atocha.
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN Dos meses después de Adamuz, la recuperación de la red ferroviaria debe ser prioritaria Publicada 19 marzo 2026 02:39hAunque el trágico accidente ferroviario de Adamuz conmocionó al país hace dos meses, el vértigo de la actualidad política parece haber sepultado el seguimiento de sus repercusiones.
Pero la realidad es que la normalidad en el servicio ferroviario sigue sin restablecerse.
Al contrario de lo que cabría esperar, las incidencias en la red española no han dejado de multiplicarse.
En las últimas semanas se han sucedido episodios alarmantes. Desde el incendio en un convoy en Tortosa hasta el descarrilamiento de un tren de Rodalies en Blanes por un desprendimiento, o el choque de un Cercanías contra una grúa en Cartagena.
La red no sólo no se recupera, sino que ofrece síntomas de una fatiga estructural.
Este mismo miércoles, los usuarios han vuelto a vivir una jornada caótica a cuenta de una avería en la fibra óptica en el acceso a Madrid-Atocha, que ha paralizado la circulación de la alta velocidad hacia el sur y el levante. Como ha denunciado el Partido Popular, la situación es de "caos total", y las medidas para paliar el daño a la conexión Madrid-Málaga son perentorias.
A la inestabilidad operativa se suman las limitaciones temporales de velocidad (LTV) activadas por Adif.
Es razonable que, tras la sucesión de incidentes graves, el gestor de infraestructuras extremara la prudencia.
Pero actualmente existen más de 1.000 limitaciones activas en toda la red, algunas de ellas a menos de 30 km/h. Estos apaños técnicos, que añaden retrasos constantes, van camino de convertirse en permanentes ante la incapacidad de resolver los desperfectos de fondo.
El volumen de estas restricciones sugiere, además, que el deterioro de las infraestructuras era mucho mayor del que los organismos oficiales admitían.
Y sólo cabe lamentar que haya tenido que producirse un siniestro de la gravedad de Adamuz para que afloren las deficiencias sistémicas que permanecían ocultas o ignoradas. La red parece haber estado funcionando al límite de su resistencia física.
La situación sólo se agrava con los múltiples trabajos de inspección que se están ejecutando de forma simultánea.
Aunque necesarias, estas labores están resultando desesperadamente lentas. La parálisis parcial de corredores clave durante meses demuestra una falta de agilidad administrativa y técnica que los ciudadanos no tienen por qué pagar.
El Gobierno sale al paso de las críticas políticas y ciudadanas pretextando que la seguridad es una "línea roja" innegociable, y que se está trabajando las 24 horas del día para normalizar el tráfico. La lentitud se explica, aduce, por la aparición de "vicios ocultos", como las fisuras estructurales detectadas en los muros de Álora, que obligan a reconstruir desde los cimientos en lugar de aplicar soluciones rápidas.
Sin embargo, este argumento contrasta con la versión de los profesionales.
Los maquinistas y sindicatos ferroviarios llevan meses no sólo elevando denuncias sobre el abandono del mantenimiento preventivo. Sino también lamentando la falta de soluciones y acusando al Ministerio de Transportes y a Adif de practicar una "política de parches" que pone en riesgo la seguridad de los trabajadores y los pasajeros.
La precariedad de la red ya no supone únicamente un problema de puntualidad o inseguridad: su repercusión económica empieza a ser inasumible. El caos ferroviario está asfixiando la movilidad en un momento crítico para la economía nacional.
Según la información que adelanta EL ESPAÑOL, la gravedad es tal que la Junta de Andalucía se plantea exigir al Gobierno central que sufrague los 3.300 millones de euros que la región estima va a perder en ingresos turísticos debido al aislamiento ferroviario.
En un país cuya economía depende tan estrechamente del turismo, y a las puertas de una Semana Santa que ya se da por perdida en términos de conectividad ferroviaria plena, es inadmisible este colapso.
La crisis de fiabilidad de nuestro sistema ferroviario corre el riesgo de volverse crónica si no se aborda como una emergencia de Estado.
Pero el Gobierno no está actuando con la urgencia que requiere la situación. La movilidad de los ciudadanos y la salud de nuestra principal industria no pueden esperar otros dos meses.