El DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, detrás del ministro del Interior en un acto oficial./ EP
Tribunales Edmundo Bal, exdiputado de Ciudadanos y abogado del Estado, defenderá al DAO de la Guardia Civil en el 'caso Leire'Llamas declarará este jueves, investigado por obstrucción a la Justicia y prevaricación por las informaciones reservadas que abrió a agentes de la UCO.
Más información: La directora de la Guardia Civil volvió a contactar con Leire tras ser informada por escrito de que maniobraba contra la UCO
María Peral Publicada 11 julio 2026 17:32h Actualizada 11 julio 2026 17:34h Las clavesLas claves Generado con IA
El teniente general Manuel Llamas, director adjunto operativo de la Guardia Civil, tendrá que comparecer el próximo jueves en condición de investigado, una situación insólita en una institución que debe velar por el cumplimiento de la legalidad y prevenir los delitos.
Lo hará asistido por la Abogacía General del Estado, que ha aceptado defender a este alto funcionario y ha encargado de ello a Edmundo Bal.
El antiguo portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso regresó a la Abogacía del Estado al finalizar la legislatura de 2023.
Fue destinado a la sección social, principalmente para despachar asuntos de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Pero el pasado enero pudo regresar a la jurisdicción penal, en la que ha desarrollado el grueso de su carrera profesional.
Bal salió abruptamente del departamento penal de la Abogacía del Estado en 2018 tras negarse a firmar un escrito de acusación en la causa del 'procés' en el que no se incluía el delito de rebelión sino el de sedición, además de malversación de fondos públicos.
La Guardia Civil sufre una caída de sus sistemas informáticos y eléctricos en toda España el día que imputan a su directoraEl escrito de acusación fue firmado por la propia abogada general del Estado, Consuelo Castro, que destituyó a Bal como jefe del departamento penal y encargó a Rosa Seoane (ahora en un bufete privado) la representación de la Abogacía del Estado en el juicio del 'procés'. Finalmente, la Sala Penal del Supremo condenó a los líderes del 'procés' por sedición.
Bal, encargado de defender los intereses jurídicos del Estado en casos como los de la familia Pujol o Gürtel, vuelve ahora a un proceso mediático como el 'caso Leire'.
El juez Pedraz otorgó el pasado día 2 la condición de investigados a Llamas y a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, también citada a declarar este jueves.
Les atribuye presuntos delitos de prevaricación continuada y contra la Administración de Justicia en relación con las investigaciones reservadas que abrieron contra agentes de la UCO encargados de procesos judiciales que afectan al PSOE y al entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Esas informaciones reservadas coincidieron en el tiempo con las reuniones -"al menos tres", dicen los investigadores de la UCO- que Mercedes González mantuvo con Leire Díez, ejecutante y coordinadora de la operación, presuntamente dirigida por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, para desestabilizar esos procesos judiciales desacreditando a jueces, fiscales y agentes de la Unidad Central Operativa.
La Fiscalía Anticorrupción, que pidió al juez la citación como investigados de González y Llamas, considera que las informaciones reservadas que abrieron a agentes de la UCO que intervienen en los procesos judiciales contra el PSOE y el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pudieron no responder a una finalidad disciplinaria sino que fueron "una reacción constante frente a determinadas decisiones investigadoras".
La potestad disciplinaria habría dejado de actuar "como instrumento de control interno para convertirse en un auténtico medio de intimidación institucional", sostiene Anticorrupción.
Nunca antes la Guardia Civil había vivido una situación en la que dos máximos directivos están investigados por tratar de "intimidar" a unos subordinados que trabajan a las órdenes de los jueces. Directivos que habrían intentado "comprometer la carrera profesional del investigador, afectar a su reputación, limitar sus expectativas de ascenso o generar un permanente clima de incertidumbre respecto de su continuidad profesional", señalan las fiscales.
Los indicios contra González y Llamas se centran en la "reiterada apertura" de informaciones reservadas (tres en nueve meses) carentes de una verdadera justificación disciplinaria, "exclusivamente respecto de aquellos funcionarios que desarrollaban investigaciones de especial trascendencia" que afectaban al PSOE y "coincidiendo temporalmente con actuaciones procesales particularmente sensibles".
Esas informaciones reservadas (una pesquisa sumaria para decidir si procede abrir un expediente disciplinario) coinciden también temporalmente con las reuniones de González y Leire Díez, la llamada 'fontanera' del PSOE que, bajo la presunta dirección del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, coordinó las actuaciones para desacreditar a jueces, fiscales y agentes de la UCO.
Según Anticorrupción, González y Llamas ordenaron la apertura de esas actuaciones pre-disciplinarias pese a saber que no había motivos para ello.
Sánchez y Marlaska ratifican su confianza en la directora y el DAO de la Guardia Civil: siguen en el cargo pese a la imputaciónEl DAO será interrogado por una nota de despacho que redactó el 29 de abril de 2025 la Jefatura de Información de la Guardia Civil para dar cuenta de "la existencia de un grupo de personas que estarían orquestando una campaña de desinformación que buscaría desacreditar las investigaciones efectuadas por la UCO".
La nota mencionaba expresamente a Leire Díez y añadía "este grupo de personas haría ver que detrás de esta 'estrategia' [de desacreditar a la UCO] se encontraría Santos Cerdán, teniendo conocimiento de ello igualmente la directora general de la Guardia Civil".
En ese momento aún no se conocían los tres encuentros ya celebrados entre Mercedes González y Leire Díez.
Una nota de contenido casi idéntico a la de la Jefatura de Información fue elaborada el 6 de mayo de 2025 por la UCO, que la hizo llegar al jefe de Policía Judicial, general Alfonso López Malo.
Este mando despachó personalmente la nota de la UCO con el DAO el 8 de mayo de 2025. Fue entonces cuando López Malo se enteró por boca de Llamas de la existencia de la nota de la Jefatura de Información, "ocultada" (dice Anticorrupción) por el DAO desde el 29 de abril anterior pese a afectar a una unidad clave.
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