Pedro Sánchez durante la Ejecutiva del PSOE de este lunes en Ferraz, junto a Cristina Narbona y Rebeca Torró. PSOE
Política ¿El 23-F sí y 'Sanfermines 1978' no? Por qué el Gobierno demora la ley de secretos oficiales y exprime el golpe de TejeroSánchez ha registrado 18 prórrogas del plazo de enmiendas para dilatar la aprobación de la ley de Información Clasificada. Hoy el Consejo de Ministros desclasificará los documentos sobre el 23-F.
Más información: Sánchez anuncia que desclasifica documentos sobre el 23-F para "saldar una deuda histórica con la ciudadanía"
Rubén Fernández Publicada 24 febrero 2026 02:46hLas claves nuevo Generado con IA
El Gobierno aprobará este martes la desclasificación de información confidencial sobre el golpe de Estado del 23-F, coincidiendo con el 45º aniversario de la asonada de Antonio Tejero en el Congreso.
El Ejecutivo lo hará amparado en una ley que, paradójicamente, aún no está en vigor, pues se encuentra atascada en el Congreso. La norma establece que los documentos secretos deben hacerse públicos cuando hayan pasado 45 años.
El texto de esa ley fue aprobado por el Consejo de Ministros el 22 de julio de 2025 y un día más tarde remitido a la Cámara Baja.
Entonces, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, auguró que, si la tramitación parlamentaria fuera rápida, "la nueva ley de información clasificada podría publicarse en el BOE y entrar en vigor en el último trimestre de 2026".
Sin embargo, siete meses después, en la Cámara Baja se han registrado hasta 18 ampliaciones del plazo de enmiendas, retrasando la tramitación de la norma.
"Se está alargando demasiado", se queja uno de los socios del Gobierno, que admite que todo está "parado".
"Es una reforma que debería salir adelante y con plazos muy inferiores a los que en su día planteó el Ejecutivo", apuntan desde Podemos.
El Gobierno desclasificará los documentos del franquismo y la Transición tras reformar la Ley de Secretos OficialesEn el PSOE no descartan otra prórroga, que vence este miércoles 25. De momento, fuentes parlamentarias aseguran que están a la espera de lo que decida el Consejo de Ministros este martes.
Todo mientras desde el PP y Vox tildan de "cortina de humo" la desclasificación de los documentos del 23-F, entre los que estarían grabaciones y conversaciones telefónicas registradas entre los centros de poder y el Congreso, donde estaba atrincherado Tejero.
El Consejo de Ministros despejará la duda de si afectan a La Zarzuela, ya que el papel de Juan Carlos I fue clave para frenar la asonada. El "mito fundacional" de la democracia española en palabras de Javier Cercas.
Desde la llegada de Sánchez al poder, Moncloa ha marcado distancias con el Emérito, llegando a aprobar su exilio en Abu Dhabi que ya dura cinco años.
También se le ha borrado de los homenajes a favor de la Transición y hasta se obvió su nombre, por parte de la presidenta del Congreso, durante el 50º homenaje a su proclamación.
Ahora, se va a desclasificar la información sobre la noche que consiguió una legitimación popular y que convirtió a España, un país que era republicano, en "juancarlista".
PNV y Bildu piden más
Esta desclasificación ha llevado a los socios de Sánchez a exigir más. Bildu pide que se derogue ya la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y que "no se espere a la aprobación de una nueva norma para desclasificar los documentos relacionados con los casos que siguen bajo llave".
A la par, el Gobierno ha impulsado una serie de celebraciones, durante todo el año 2025, para celebrar los "50 años de España en libertad" por la muerte de Francisco Franco pese a que las primeras elecciones no fueron hasta 1977.
Desde que exhumó a Franco del Valle de los Caídos, en octubre de 2019, hay una estrategia clara del Gobierno por traer al presente la figura del dictador y vincularla a la derecha.
El 23-F, el último intento de los nostálgicos del régimen franquista por volver al pasado, es ahora el objetivo.
El Gobierno de Sánchez también ha impulsado la Ley de Memoria Democrática, norma que fue pactada con Bildu. Precisamente, es, junto al PNV uno de los principales impulsores de la norma de secretos, y los que ahora están presionando para conseguir más desclasificaciones.
PNV y Bildu coinciden en reclamar la desclasificación de los datos sobre las muertes del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, en la que cinco trabajadores murieron a manos de la Policía Armada durante una movilización obrera.
Los partidos nacionalistas vascos también exigen que se aclare la actuación policial en los Sanfermines de 1978, que acabaron con 150 heridos y la muerte de un estudiante por un disparo en la frente.
En ambos casos ya han transcurrido 45 años, pero, a diferencia del 23-F, los documentos siguen bajo secreto.
Otro caso que centra la atención es el de Mikel Zabalza, conductor de autobús donostiarra que apareció muerto en 1985 en el Bidasoa, tras haber sido torturado, presuntamente, en el cuartel de Intxaurrondo. En este caso, aún no han pasado los 45 años que exige la ley y afectaría ya al Gobierno de Felipe González.
La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurúa, reclamó además los documentos "relativos al GAL", vinculados a la denominada guerra sucia contra ETA.
Los escuadrones parapoliciales estuvieron activos entre 1983 y 1987, bajo el mandato de González y que acabó con el ministro José Barrinuevo y el secretario de Estado, Rafael Vera, condenados.
Pese a las tensiones entre Sánchez y González, que han llevado al expresidente a decir que no votará al PSOE si el actual presidente del Gobierno vuelve a presentarse, en el Gobierno parece que, de momento, no van a desclasificar estos documentos.
También porque aún no se cumple el plazo que marcará la norma una vez aprobada, ya que faltan dos años para alcanzar los 45 años exigidos.
El Ejecutivo se podría guardar otro as en la manga si quisiera.
La ley establece cuatro categorías de información clasificada –Alto Secreto, Secreto, Confidencial y Restringido– y a cada una de ellas se le asigna gradualmente un límite temporal de clasificación teniendo en cuenta el riesgo de revelación no autorizada o su uso indebido.
El tiempo máximo de clasificación será de 45 años prorrogables de forma motivada otros 15 años. Así que todavía podría ampliarse el plazo, si Moncloa así lo considera.