El adelanto electoral provocará que la previsible imputación del PSOE como persona jurídica en el caso de las cloacas de Ferraz se retrase para no interferir en la cita de los ciudadanos con las urnas. Fuentes fiscales consultadas por EL MUNDO indican que la Fiscalía Anticorrupción ve motivos suficientes para solicitar la imputación del partido tras la declaración que prestó su gerente, Ana María Fuentes, ante el magistrado Santiago Pedraz en la que descargó en Santos Cerdán la responsabilidad de los pagos a miembros de la presunta organización criminal, dedicada a boticotear causas judiciales y a extorsionar a jueces y fiscales.
Cerdán era secretario de Organización del PSOE y, dada la responsabilidad que tenía en la formación política como su número dos, la transferencia de la responsabilidad de la persona física a la jurídica es casi obligada.
Sin embargo, el Ministerio Público considera que, antes de solicitar dicha imputación -que, además, es necesaria para no generar al propio PSOE indefensión- es obligado tomar declaración tanto a Cerdán como a la denominada fontanera del PSOE, Leire Díez, en esta causa, en la que todavía no han sido citados.
Las mismas fuentes añaden de manera categórica que, una vez practicadas estas declaraciones este otoño, en precampaña o campaña electoral no se va a pedir la investigación como persona jurídica de ningún partido político, en referencia al Partido Socialista. Así que de facto el adelanto electoral confiere al partido de Pedro Sánchez cierto blindaje judicial -aunque no un blindaje total-.
En la actualidad, la lista de imputados del PSOE y el Gobierno en distintas causas de corrupción que se encuentran en fase de instrucción es alargada: caso Zapatero, causa de la financiación del PSOE, procedimiento de las cloacas de Ferraz, caso los amaños por obra pública, caso Sepi, etc.
Sin embargo, hay una máxima que los tribunales suelen respetar de forma generalizada, donde los jueces evitan interferir con sus decisiones en los procesos electorales. Esto no significa que las causas que se encuentran en fase de instrucción se paralicen ni que los juicios que se tengan que celebrar se aplacen sine die, pero sí se traduce en la práctica en que las decisiones judiciales más delicadas por su repercusión política no se ejecutan en precampaña ni campaña electoral.
Tanto en el Gobierno como en el PSOE eran conocedores de que, a medida que avanzase el curso judicial, el escenario en los tribunales sólo iba a empeorar con decisiones como la mencionada imputación del partido como persona jurídica en la causa de las cloacas o el levantamiento del secreto del sumario de la presunta financiación irregular de la formación.
En estos momentos, la Audiencia Nacional mantiene imputado al ex presidente del Gobierno y ex líder del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero, por tráfico de influencias y blanqueo de capitales, en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. También está siendo investigado por el hallazgo de un botín de joyas millonarias que el ex jefe del Ejecutivo no declaró al fisco español y que tenía escondido en la caja fuerte de su despacho oficial. Zapatero fue un activo electoral para Sánchez en las anteriores elecciones generales de 2023 y, ahora, su imagen pública se ha visto mancillada por el escándalo de las joyas.
Asimismo, se encuentran imputados en la actualidad la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y la presidenta de la Sepi, Belén Gualda, así como el ex número dos de la ex vicepresidenta María Jesús Montero, Vicente Fernández. También el DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas; el vicepresidente de la Sepi, Bartolomé Lora; la ex presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero Lizano, ex director general de Carreteras.
Todos ellos están investigados por delitos de corrupción en distintos procedimientos, habiendo incluso cargos como Santos Cerdán que se encuentran imputados en más de una causa (el ex secretario de Organización socialista está siendo investigado por el amaño de grandes obras públicas desde el Ministerio de Transportes pero también por integrar la trama dedicada a extorsionar a jueces y fiscales a sueldo de Ferraz).
Asimismo, hay otros ex altos cargos de Sánchez que ya fueron condenados como el ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos -condenado a 24 años de prisión por nueve delitos de corrupción- o «su» fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que el Tribunal Supremo consideró responsable de la filtración llevada a cabo por el Ministerio Público para perjudicar a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, enemiga confesa del Ejecutivo.
Este escenario judicial lo completa la causa abierta a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, pendiente de ser juzgada por un jurado popular de Madrid por delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos vinculados a su actividad en la Universidad Complutense de Madrid. Aún no hay fecha para la celebración de la vista oral a la mujer del presidente.