Carlos Mazón saluda a Juanfran Pérez Llorca. Eduardo Manzana / EP
Valencia El archivo a Mazón libra a Pérez Llorca de su mayor escollo electoral y permite al 'expresident' mantener el actaLa oposición le atribuye ahora la "responsabilidad política" de la gestión de la dana y le exige que renuncie al escaño.
Más información: El TSJ valenciano rechaza por unanimidad imputar a Mazón por la gestión de la dana y archiva la causa contra él
Marta GozalboRosana Crespo Publicada 17 marzo 2026 06:00hEl archivo decretado este lunes por el Tribunal Superior de Justicia valenciano de la causa contra el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 es un balón de oxígeno para el propio exjefe del Consell, pero también despeja el principal obstáculo electoral al que se enfrentaba Juanfran Pérez Llorca.
Los cinco magistrados de la Sala rechazaron este lunes por unanimidad imputar a Mazón al no apreciar en la exposición razonada de la instructora de Catarroja "un fundamento sólido y objetivo" de que los hechos descritos por ella "revistan carácter de delito". En definitiva, no ven responsabilidad penal.
Una resolución que no solo aleja a quien fuera el presidente autonómico del banquillo, sino que también debilita las opciones de que finalmente su partido acabe exigiéndole el acta de diputado, tal y como han reclamado desde su dimisión las asociaciones de víctimas y los partidos de la oposición que representan PSPV y Compromís.
Las razones del TSJCV para archivar a Mazón: su comida en El Ventorro tiene "poco o nada de perspectiva penal"No en vano, los argumentos esgrimidos por ambos para presionar a Llorca con esta cuestión se habían centrado en la exposición razonada de la jueza, que apreciaba la responsabilidad penal de Mazón en la posición de garante que, a su juicio, ostentaba el día de la tragedia y en su "inactividad negligente" (un equivalente a la omisión culposa).
Algo que ni la Fiscalía ni el TSJ de la Comunitat Valenciana comparten ahora. Los cinco magistrados creen que Mazón "no incurrió en infracción de una norma legal en materia de emergencias al no atribuírsele deber específico alguno en este ámbito".
Es decir, que no tenía competencias y, por tanto, no incumplió ninguna de las obligaciones legales que la normativa autonómica le atribuía como presidente de la Generalitat Valenciana. Por lo que, sin ostentar la posición de garante, no puede ser perseguido por el delito de homicidio imprudente por omisión.
El auto, así, es un jarro de agua fría para las víctimas y la oposición porque exonera a Mazón de responsabilidad penal y diluye las posibilidades de hacerle renunciar al acta o que su partido se la exija. Por ello, Compromís defendió minutos después de conocerse el archivo que "una cosa es la responsabilidad penal y otra la política".
Por otra parte, el pronunciamiento del TSJ de este lunes supone un alivio también para el actual presidente del Gobierno valenciano. No en vano, de haber sido aceptada la exposición razonada de la jueza de la dana, el procedimiento habría derivado en una instrucción judicial que podría haberse prolongado durante meses.
En el peor de los escenarios para el Consell, esta podría desembocar en un pronunciamiento en plena precampaña electoral o podría haber coincidido con hitos internos en el PP como un congreso.
Un escenario que suponía un serio escollo político para Llorca, ya que la posible investigación sobre el exjefe del Ejecutivo valenciano amenazaba con condicionar su agenda política y su estrategia de cara a la cita en las urnas de 2027.
En este sentido, conviene apuntar también que el foco judicial sobre el expresidente de la Generalitat también ha complicado el día a día parlamentario de Pérez Llorca, ya que los grupos de la izquierda han insistido en cada sesión de control que forzara su renuncia al acta y por tanto al aforamiento.
La presión política se había trasladado en la actividad ordinaria de Les Corts y había instalado la incertidumbre en el seno del Gobierno valenciano, del futuro electoral del president, del Partido Popular y del propio Mazón.
El auto del TSJ valenciano cambia ahora el contexto. El archivo acordado por cinco magistrados del tribunal concluye que la actuación -u omisión de Mazón- no tuvo implicación ni responsabilidad penal en las muertes causadas por la riada del 29 de octubre.
Con la causa archivada en el ámbito penal, el exjefe del Ejecutivo autonómico puede mantener su escaño y, salvo cambios en el escenario político, agotar la legislatura en el parlamento valenciano sin el condicionante de una imputación por su gestión del 29 de octubre.