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EEUU El asalto al Capitolio se quedará sin culpables: Trump presiona para borrar las condenas y los antecedentes de los implicadosLa medida va más allá del indulto, ya que pretende borrar del historial penal la acusación más grave del asalto del 6 de enero de 2021.
Más información: El asalto al Capitolio de Estados Unidos, en imágenes. Así lo contamos.
Itziar Nodal Denver Publicada 2 mayo 2026 01:07h Las clavesLas claves Generado con IA
El asalto al Capitolio entra en su fase más inquietante: la de la amnesia judicial. Cinco años después de aquel 6 de enero de 2021, el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos impulsa la anulación de las condenas por sedición contra los líderes de Proud Boys y Oath Keepers, los dos grupos que articularon el ataque.
La operación, alineada con la estrategia de Donald Trump tras indultar a más de 1.500 implicados, amenaza con borrar del mapa penal los delitos más graves del mayor desafío a la democracia estadounidense en décadas. Si prospera, no solo caerán las últimas condenas: se reescribirá el relato judicial de aquel día.
La clave de todo el caso del 6 de enero no está en las imágenes —la turba, los asaltos, el caos—, sino en cómo la Justicia logró encajarlas en un delito: la conspiración sediciosa.
Saige Blair, la joven víctima de acoso y abuso sexual a la que Trump ha convertido en símbolo de su agenda antitransEsa figura penal permitió ir más allá del desorden público para sostener que hubo una planificación concreta destinada a impedir por la fuerza la certificación de la victoria de Joe Biden.
No era un cargo menor. Se trata de un delito excepcional en el derecho estadounidense, apenas utilizado en décadas, reservado para situaciones en las que se intenta desafiar directamente la autoridad del Estado.
Sobre esa base, los tribunales pudieron condenar a los cuadros dirigentes de Proud Boys y Oath Keepers no como participantes en disturbios, sino como organizadores de una acción coordinada contra el sistema democrático.
Ese es el núcleo que ahora se intenta desactivar. La petición del Departamento de Justicia afecta a una docena de figuras clave —entre ellas el líder de los Oath Keepers, Stewart Rhodes, condenado a 18 años de prisión, una de las penas más altas de todo el proceso.
Y no se limita a revisar sentencias: abre la puerta a eliminar también los cargos originales. Sin la sedición, el relato judicial pierde su eje: lo que se acreditó como una operación organizada quedaría reducido a una suma de acciones individuales sin dirección común.
El 6 de enero dejaría de ser, en términos jurídicos, un intento coordinado de bloquear la transferencia de poder para convertirse en un episodio de violencia política sin organización. No se trata de rebajar una condena, sino de desmontar la tesis de que hubo un plan.
La fiscalía como herramienta política
La iniciativa no nace de una revisión técnica, sino de una reconfiguración en el departamento de justicia tras el regreso de Trump.
Tiene, además, nombre propio. La petición parte de la fiscal federal en Washington, Jeanine Pirro, exjueza y exfiscal en Nueva York que durante años se convirtió en una de las voces más visibles en defensa de Trump desde Fox News.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la ceremonia de juramentación de la fiscal interina del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en la Casa Blanca este miércoles. Reuters
Su llegada al cargo en 2025, tras el fracaso en el Senado del primer candidato propuesto por Trump, forma parte de esa reorganización política de un puesto clave.
Bajo su autoridad, la misma oficina que construyó las acusaciones más graves tras el 6 de enero activa ahora el proceso inverso. No hay errores procesales identificados, ni pruebas invalidadas, ni vulneraciones de derechos que obliguen a revisar el caso.
La única justificación formal es una apelación genérica al "interés de la Justicia", suficiente en términos legales pero reveladora en lo político. Y los movimientos encajan en una secuencia precisa.
Primero, los indultos masivos a más de 1.500 implicados. Después, la conmutación de penas a los líderes de las milicias, que los sacó de prisión sin borrar sus condenas. Ahora, el último paso: eliminar esas condenas y limpiar los antecedentes.
El patrón es claro: no se cuestiona el caso de forma frontal, se desactiva por capas hasta vaciarlo de contenido. Cada decisión prepara la siguiente.
Además, la maniobra llega en un contexto de presión pública de algunos de los propios condenados, que habían intensificado sus críticas contra la Fiscalía por no actuar con mayor rapidez para tumbar las sentencias.
El giro del Departamento de Justicia se produce justo después de ese pulso, reforzando la percepción de que el proceso no responde únicamente a criterios jurídicos.
Lo que está en juego va más allá de este episodio. La tradicional separación —siempre imperfecta, pero operativa— entre la Casa Blanca y el Departamento de Justicia se diluye. Y con ella, una de las garantías informales del sistema: que la persecución penal no dependa directamente del poder político.
El alcance del movimiento no se mide solo en los nombres que podrían ver borradas sus condenas, sino en el precedente que deja. No se trata únicamente de evitar la cárcel —muchos ya habían sido excarcelados—, sino de permitir la desestimación definitiva de las causas y borrar del historial penal la acusación más grave del 6 de enero.
La consecuencia es doble. Por un lado, los principales responsables de articular el asalto al Capitolio podrían quedar sin rastro penal por unos hechos que los tribunales definieron como un intento de frenar la transferencia pacífica del poder.
La pesadilla de Lorena en EEUU: endeudada y sin cobertura sanitaria por no pagar a su seguro un céntimo más al mesPor otro, se introduce una variable nueva: que las decisiones más graves no dependan únicamente de lo que se prueba en los tribunales, sino de quién ocupa el poder cuando llega el momento de sostenerlas o revertirlas.
Para quienes estuvieron ese día defendiendo el Capitolio, el giro no es una cuestión técnica. Más de un centenar de agentes resultaron heridos en el asalto. Lo que ahora está en juego es si el castigo a quienes organizaron aquel ataque puede desaparecer con el tiempo.
Y ahí es donde el caso deja de ser solo una historia sobre el 6 de enero. Se convierte en algo más incómodo: una prueba de hasta qué punto la justicia puede sostener sus propias conclusiones cuando cambia el poder que la impulsa.