El gigante británico ha aceptado pagar para cerrar una causa por fraude fiscal en dividendos sin admitir culpabilidad penal.
El acuerdo de 300 millones de euros sellado la semana pasada por HSBC en Francia constituye una severa advertencia para el tejido empresarial internacional y sus directores de cumplimiento (compliance). El gigante británico ha aceptado pagar para cerrar una causa por fraude fiscal en dividendos sin admitir culpabilidad penal, pero reconociendo una realidad incómoda: las operaciones carecían de sustancia real.
¿Qué lecciones urgentes deben extraer las multinacionales de este episodio? La fiscalía francesa y el juez Ghaleh-Marzban calificaron las operaciones de HSBC como "artificiales".
Para las empresas, especialmente aquellas con fuerte presencia internacional, el mensaje es nítido. La ingeniería financiera ya no puede sostenerse únicamente sobre el ahorro impositivo. La Agencia Tributaria española comparte este criterio. Si una transacción no tiene una motivación económica real más allá de eludir al fisco, es vulnerable. La línea entre optimización eficiente y fraude es cada vez más delgada en la jurisdicción europea.
HSBC evitó un juicio público y una condena penal gracias a su cooperación y a una rápida reparación económica. Para las firmas internacionales, este hecho valida la estrategia de la resolución negociada.
Ante irregularidades heredadas -los hechos de HSBC datan de entre 2014 y 2019-, la transparencia proactiva y la disposición a pagar multas elevadas es el precio a pagar para salvar la reputación corporativa y evitar la inhabilitación en contratos públicos.
El caso demuestra que las autoridades fiscales europeas están coordinadas y son agresivas. Las empresas españolas no pueden asumir que sus esquemas de arbitraje de dividendos en el extranjero pasarán desapercibidos. En un entorno donde la sostenibilidad incluye la responsabilidad fiscal, el coste del cumplimiento es alto, el coste de la elusión -como acaba de comprobar HSBC- es inasumible.
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