El ministro del Interior, Grande-Marlaska, en el Palacio Real durante la Pascua Militar, este martes. Diego Radamés Europa Press
Política El bloque de investidura no logra desencallar la reforma de la 'ley mordaza' 15 meses después de anunciar un pactoLa iniciativa parlamentaria conjunta acumula ya cuatro ampliaciones del plazo de enmiendas, pero sigue sin haber acuerdo para derogar la norma, en vigor desde 2015.
Más información:El Gobierno y Bildu pactaron cómo y cuándo anunciar su acuerdo sobre la ley mordaza sin la participación de Interior
Fernando Garea Publicada 7 enero 2026 02:59hLas claves nuevo Generado con IA
El bloque de investidura sigue sin lograr un acuerdo para reformar la 'ley mordaza', 15 meses después de anunciar un pacto.
El acuerdo pretendía eliminar sanciones no objetivables, prohibir pelotas de goma y garantizar derechos humanos en devoluciones en frontera.
La falta de acuerdo se debe a la resistencia del ministro del Interior y a las diferencias entre partidos, especialmente por las posturas de Junts y Podemos.
La reforma era una de las promesas del pacto de investidura entre PSOE y Sumar, buscando garantizar derechos y libertades ciudadanas.
"Sería un fracaso acabar la legislatura sin reformar la ley mordaza", asegura un portavoz de uno de los grupos parlamentarios que forma parte del bloque que invistió a Pedro Sánchez.
La iniciativa responde a la gestión de diputados de la izquierda, como Enrique Santiago (Sumar), que en los últimos meses han intentado convencer al resto de grupos sobre la posibilidad de recuperar el acuerdo para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, que está bloqueado en el Congreso.
Entienden que el desarrollo de la legislatura exige que se actualicen y agilicen iniciativas de carácter progresista.
Pero a día de hoy, sigue sin haber acuerdo para incluir cambios en la ley aprobada en 2015 y sobre la que ya se aprobó en el Congreso en noviembre de 2016 una moción a favor de su derogación.
Más de nueve años y tres legislaturas después sigue sin hacerse efectiva esa moción no vinculante que se aprobó, cuando gobernaba Mariano Rajoy, con los votos de PSOE, Podemos, Esquerra Republicana, PDECat, PNV y Bildu.
Por un lado, los impulsores de la medida pretenden dar sentido a lo que queda de legislatura hasta las elecciones generales, sean cuando sean, con iniciativas de claro carácter de izquierdas y, por otro, son conscientes de que si no se aprobara ahora, es muy probable que con el siguiente Gobierno no fuera abordada.
En octubre de 2024, hace 15 meses, se anunció solemnemente un acuerdo entre el Gobierno y Bildu para reformar la norma y se presentó una proposición de ley que, en teoría, era aceptada por los demás partidos del bloque de investidura. Es decir, que podía tener mayoría en el Congreso.
Interior defendía hace tres meses que eliminar las pelotas de goma "pone en riesgo a policías y manifestantes"El acuerdo llevaba a eliminar sanciones por desobediencia y faltas de respeto a la autoridad que no sean objetivables, el fin del uso de las pelotas de goma por parte de las Fuerzas de Seguridad y la garantía de derechos humanos en las devoluciones en frontera, modificando la Ley de Extranjería para priorizar la evaluación de solicitudes de asilo antes de expulsar a las personas.
El pacto también suponía que, aparentemente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, levantaba el veto a la reforma de la ley.
La proposición de ley firmada por PSOE, Sumar, ERC, Bildu y PNV llegó al Congreso en octubre de 2024 y el día 29 de ese mes superó el trámite del debate de totalidad en el Pleno. Tuvo 176 votos a favor y 170 en contra de PP y Vox.
Pero luego, la iniciativa ha tenido cuatro plazos de ampliación en enmiendas en la Comisión de Interior.
Prórrogas y falta de acuerdo
La última prórroga terminó el 18 de diciembre y Sumar pretendía que fuera el último plazo y que se llegara a un acuerdo de los partidos sobre enmiendas, para que saliera del Congreso antes de final del año.
El pasado mes de junio, los partidos firmantes de la proposición de ley celebraron una reunión para desencallarla, pero entonces no lograron hacerlo. En otoño volvieron a intentarlo, pero sin lograr descongelar la iniciativa.
Hay grupos de la izquierda que, como Sumar, aseguran que hay que buscar un acuerdo lo antes posible, por si la legislatura terminara de forma abrupta.
Entienden que estaría en los primeros lugares de la lista de propuestas progresistas que justificarían mantener la legislatura. Pero, por el momento, no hay acuerdo cerrado.
Esos grupos han atribuido la falta de acuerdo a la resistencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para acordar una reforma que es rechazada por las asociaciones representativas de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
También explican que Junts y Podemos, que no firmaron la proposición de ley, quieren ir, por distintos motivos, más allá de lo que lo hace el texto presentado por PSOE, Sumar, ERC, Bildu y PNV.
Por ejemplo, los de Ione Belarra quieren eliminar la posibilidad de entregas en caliente de migrantes en las fronteras. Y sus votos y los de Junts son imprescindibles.
Incluso, PNV tiene reticencias al acuerdo que el PSOE permitió que anunciara Bildu en 2024.
El pacto de investidura firmado por PSOE y Sumar en 2023 para la investidura de Sánchez aseguraba: "Reformaremos, y derogaremos, aquellos aspectos de la normativa vigente que limita los derechos de reunión y libertad de expresión (la ley mordaza y el Código Penal)".
Concretaba que se garantizaría "el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica". "Introduciremos un sistema de sanciones restaurativas y reparadoras, que contemple la capacidad económica de los sancionados. Esta nueva legislación estará basada en una concepción progresista y garantista de la seguridad ciudadana y jurídica, y priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía, y en particular regulará, entre otros, el derecho de reunión y manifestación, la identificación y registro corporal, la utilización de técnicas preventivas y disuasorias, así como la identificación de los agentes. Garantizará asimismo la libertad de información y la transparencia informativa", añadía.
Este propósito también estaba en el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos de la anterior legislatura.
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