El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado los dos decretos anticrisis aprobados por el Gobierno este viernes para mitigar los efectos de la guerra en Irán, con una batería de medidas que entrarán en vigor este domingo, un día después de su publicación, como indica el documento oficial.
Se trata de un plan de medidas que movilizará 5.000 millones de euros, según la estimación del Ejecutivo, conformado por dos decretos: el 7/2026, que articula el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, y el 8/2026, que establece medidas específicas en materia de alquiler de vivienda como respuesta a "una crisis de vivienda que podría agravarse sustancialmente como consecuencia de la guerra de Irán", un reglamento defendido por Sumar.
Aunque ya publicadas en el BOE, las medidas entrarán en vigor este domingo y estarán pendientes de convalidación en el Congreso de los Diputados, que las votará el próximo jueves, 26 de marzo. La norma principal justifica estas medidas en que el conflicto iniciado el 28 de febrero por EEUU e Israel contra Irán provocó el bloqueo del Estrecho de Ormuz, por donde "se estima que transita el 20 % del total del gas y petróleo mundial", lo que disparó el precio del barril de Brent por encima de los 119 dólares y elevó el gas natural en Europa más de un 40 % en una sola jornada. "Situaciones extraordinarias exigen de respuestas extraordinarias", explicó, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.
"Nadie sabe cómo va a evolucionar esta situación, esta crisis. El conflicto no sabemos si va a durar días o va a durar meses o años. Pero sus efectos podrían contenerse o transformarse en una grave crisis en función de cuáles son sus efectos", señaló.
El real decreto ley de medidas coyunturales recoge la rebaja el IVA de la electricidad, los carburantes y el gas al 10 %, reduce el Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5,11 % al 0,5 %. También recorta el Impuesto sobre Hidrocarburos al nivel mínimo permitido por la directiva europea, al tiempo que prorroga hasta dos años los alquileres de vivienda habitual y limita al 2 % la subida de rentas.
ESCUDO SOCIAL Y ENERGÉTICO
En el ámbito de la protección a los hogares vulnerables, el decreto-ley extendió hasta el 31 de diciembre de 2026 los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, con un 42,5 % para el consumidor vulnerable y un 57,5 % para el vulnerable severo, y aumentó la ayuda mínima del Bono Social Térmico, al que destinó 90 millones de euros adicionales a los 335 millones ya previstos.
Asimismo, el texto garantiza el suministro de agua y energía a consumidores vulnerables y en riesgo de exclusión social hasta final de 2026 y estableció una limitación del precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo (GLP) envasados hasta el 30 de junio de 2026 para "mitigar el impacto derivado del incremento del coste de la materia prima".
Las medidas fiscales, de carácter excepcional y transitorio hasta el 30 de junio de 2026, quedan condicionadas a la evolución del Índice de Precios al Consumo: si en abril la variación del IPC de los productos afectados no supera en más de un 15 % la del mismo mes del año anterior, las rebajas dejarán de aplicarse en junio.
En materia de vivienda, el Real Decreto-ley 8/2026 estableció una prórroga extraordinaria de hasta dos añospara los contratos de arrendamiento de vivienda habitual cuya finalización esté prevista antes del 31 de diciembre de 2027 y fijó en el 2 % el tope máximo de actualización anual de la renta, tanto para grandes tenedores como para el resto de arrendadores en ausencia de pacto.
AYUDAS AL TRANSPORTE
El Gobierno aprueba una ayuda de 0,20 euros por litro de gasóleo para los titulares de vehículos con derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos, dotada con 367 millones de euros, así como ayudas directas para profesionales del transporte por carretera que no se beneficien de dicha devolución, con importes que oscilan entre 200 y 1.800 euros por vehículo según su tipo.
Además, el decreto-ley autoriza al Ministerio de Economía para otorgar, a través del Instituto de Crédito Oficial, reavales por un importe máximo de 2.000 millones de euros sobre los avales bancarios de autónomos y pymes del transporte de mercancías por carretera, y estableció ayudas directas al transporte marítimo regular de pasajeros en líneas de cabotaje e interinsulares.
En el sector agrario, la norma contempla una ayuda de 0,20 euros por litro de gasóleo consumido por productores agrarios, dotada con 52 millones de euros, y una ayuda extraordinaria por el incremento de los costes de los fertilizantes, con un crédito de 500 millones de euros, que distribuirá 22 euros por hectárea de secano y 55 euros por hectárea de regadío.
Para el sector pesquero, el Ejecutivo aprueba una compensación a tanto alzado de 0,20 euros por litro de combustible para armadores de buques pesqueros, dotada con 25 millones, y la exención durante tres meses de la tasa de la pesca fresca.
IMPULSO A LA ELECTRIFICACIÓN
El plan incorpora medidas estructurales dirigidas a acelerar la transición energética, como la creación del Programa Auto+, dotado con 400 millones de euros en ayudas a la compra de vehículos eléctricos y electrificados, y una reducción del 80 % de los peajes de acceso a las redes eléctricas para la industria electrointensiva, financiada con un crédito extraordinario de 220 millones.
Asimismo, se establecen deducciones en el IRPF por obras de eficiencia energética, instalación de sistemas de autoconsumo renovable y adquisición de vehículos eléctricos, se crearon las Zonas de Aceleración Renovable para agilizar el despliegue de energías limpias y se reguló la figura de los 'Proyectos Estratégicos de Inversión' para priorizar iniciativas que refuercen "la seguridad económica y la autonomía estratégica de España".
La norma prohíbe el despido hasta el 30 de junio de 2026 en las empresas beneficiarias de las ayudas directas, adelantó en doce meses la obligación de disponer de planes de movilidad sostenible al trabajo y adelantó que el conflicto, que ya ha provocado más de 1.300 fallecidos y la repatriación de 8.400 ciudadanos españoles, justifica "una acción normativa inmediata" ante una coyuntura para la cual "no se espera una salida a corto plazo".