Divididos entre comprometidos, escépticos e inmovilistas, no tienen dudas de que existe un peligro pero pocos han adoptado medidas importantes, señala un estudio del Observatorio de Transición Justa
Regala esta noticia Añádenos en Google Protesta estudiantil convocada en toda España contra la crisis climática, en Asturias, 2019. (EFE)Madrid
27/05/2026 a las 13:09h.La población española se puede dividir en tres, según su actitud frente al cambio climático. Las personas aquí son comprometidas (47%), dispuestas a adoptar medidas ... personales y que viven en entornos urbanos; escépticas (33%), reticentes a asumir los costes económicos de unos cambios que sí perciben pero atribuyen a otras causas; e inmovilistas (casi el 20%), que rechazan cualquier medida o transformación y residen en pequeños municipios. Consultadas, la mayoría se considera vulnerable y siete de cada diez siente que está afectando su salud, según el 'Informe estatal sobre la percepción social de la transición ecológica en España', realizado por el Observatorio de Transición Justa. Un 44% de la población califica como «bastante» ese impacto en su salud y un 29% cree que «algo» le afecta. En total, más de siete españoles de cada diez está convencido que su organismo sufre los embistes del cambio climático.
Conscientes de la situación, y del posible peligro que acecha, la mitad adoptó medidas por su cuenta, como la instalación de sistemas de climatización en sus hogares o mejoró el «aislamiento y acondicionamiento de la vivienda». Sin embargo, seis de cada diez ciudadanos no han adoptado aún ninguna medida específica «para hacer frente a los efectos en la vida cotidiana», como evitar las zonas inundables, instalar energías renovables o contratar seguros, indican los datos proporcionados por participantes de todas las comunidades autónomas y municipio de «todos los tamaños», entre enero y febrero de 2026.
Menos prioridad
Cada año hay menos gente convencida de que la lucha contra el cambio climático debe ser una prioridad. En dos años, desde 2024, esa percepción ha caído doce puntos, del 69% al 56%. No es un «rechazo», pero sí «un desplazamiento hacia posiciones intermedias», sustituida por «la vivienda, la situación internacional y el encarecimiento de los precios», sostiene el estudio presentado este miércoles, en colaboración con Fundación Moeve y Red2Red.
Ante los discursos y acciones, tanto individuales como gubernamentales, la gente siente «esperanza» en la misma proporción que «incertidumbre», y la «responsabilidad» compite con la «desconfianza» (todas en torno al 25%). No hay «indiferencia» y sí «emociones» frente a los fenómenos meteorológicos y las temperaturas extremas, que son los «principales efectos percibidos» de un fenómeno que «está ocurriendo con total seguridad» (80%).
Hay un problema de comunicación. «El consenso climático sigue siendo amplio, aunque pierde intensidad (...) la trancisión se percibe como alejada de las necesidades cotidianas», dicen los autores de este «mapa de la transición ecológica». Existe, por tanto, «la necesidad de reforzar un relato más práctico, centrado en bienestar, resiliencia, empleo y beneficios tangibles para las personas y los territorios».
Entre esos puntos positivos está la creación de empleo como el «principal beneficio percibido» (56%) y que en el futuro la transición ayudará a reducir la contaminación del aire, limpiar la ciudad y mejorar la salud (seis de cada diez encuestados lo cree). El respaldo a las energías renovables es alto. La solar tiene la aprobación del 84%, la eólica, 78%, y el hidrógeno verde, 69%.
«Las medidas con mayor respaldo son los planes de rehabilitación energética en hogares, con un 75,2%, la prohibición de plásticos de un solo uso, con un 72,7%, y las campañas de sensibilización sobre consumo sostenible, con un 67%», dice el informe. «En cambio, las medidas percibidas como restrictivas o con coste directo generan menor apoyo. Esta tendencia subraya la importancia de avanzar mediante incentivos, simplificación administrativa, acompañamiento y pedagogía, especialmente en aquellos territorios donde el despliegue de nuevas infraestructuras requiere mayor diálogo y legitimidad social», sostiene el estudio.
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