Varios cientos de tractores y miles de agricultores a pie colapsan el centro de la capital para expresar su rechazo por las actuales políticas agrarias y exigir un cambio urgente de rumbo.
Tras la multitudinaria movilización del pasado 29 de enero, en la que entre 25.000 y 30.000 agricultores y ganaderos y alrededor de 15.000 tractores tomaron las calles de las principales ciudades españolas en lo que las organizaciones convocantes bautizaron como el Superjueves del Campo Español, el sector primario y sus tractores volvieron a echarse este miércoles a las carreteras. Lo hicieron también para clamar contra los recortes en los fondos de la Política Agraria Común (PAC) que, según el campo, proyecta Bruselas, y contra el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur. En esta ocasión lo hicieron en Madrid, donde la concentración entonces se aplazó por las previsiones de mal tiempo.
Este miércoles, y pese a la lluvia, cerca de 400 tractores y alrededor de 8.000 agricultores y ganaderos (2.500, según la Delegación del Gobierno) procedentes de diferentes puntos de la geografía nacional (Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana...) se concentraron en el corazón de Madrid. Con sus pancartas y el sonido de sus cláxones, mostraron el rotundo "rechazo del campo a las actuales orientaciones de las políticas agrarias" y reclamaron "un cambio urgente de rumbo", según las proclamas de las organizaciones convocantes: la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), ya que las organizaciones mayoritarias, Asaja, COAG y UPA, se desmarcaron de la convocatoria.
Y es que, pese a que sus reivindicaciones y objetivos son los mismos, la movilización de este miércoles, la segunda de esta envergadura en Madrid tras la que tuvo lugar hace dos años, con importantes afectaciones de tráfico en el centro de la capital, sirvió también para mostrar las fisuras internas en el campo español entre las principales organizaciones del país y aquellas más minoritarias pero que, desde hace tiempo, reclaman su espacio. De hecho, tras las protestas masivas de 2024 y ante la necesidad de apoyos del Ministerio de Agricultura a su plan de ayudas al campo entonces, Unión de Uniones logró entrar en el Consejo Asesor Agrario, del que tradicionalmente solo habían formado parte Asaja, COAG y UPA.
Las diferencias, sin embargo, persisten. La propia Unión de Uniones, para la que la manifestación de ayer tenía un componente de demostración de fuerza y de poder de convocatoria, denunció a principios de febrero tras cursar invitación formal a esas tres grandes organizaciones agrarias que "solo UPA se ha molestado en declinarla". Asaja Madrid lo hizo más recientemente, el pasado lunes, a través de un comunicado en el que confirmó que no se sumaría como organización a esta concentración, reprochando a Unión de Uniones su convocatoria "unilateral" y que solo "muy posteriormente" se hubiera invitado al resto de asociaciones.
"Lo más pertinente y adecuado hubiera sido consensuar previamente entre todas las organizaciones agrarias una movilización de carácter nacional", señaló Asaja, que, no obstante, mostró su "respeto y su apoyo a todos los socios" que a título individual hubieran decidido participar en la movilización.
Con este telón de fondo, los miles de agricultores congregados en Madrid volvieron a protestar por la enorme incertidumbre que ha generado en el sector primario la pretensión de la Comisión Europea de integrar las ayudas de la PAC en un fondo único junto a los recursos destinados a otras políticas de cohesión, maniobra que el campo español (y europeo) interpreta como un recorte encubierto de esas ayudas. Un tijeretazo que en el caso del sector agrario español sería de entre el 20% y el 22% de los fondos que recibe, según estimaciones de COAG.
La otra gran manzana de la discordia es el histórico acuerdo comercial ratificado entre la UE y Mercosur y en el que los agricultores ven una puerta abierta en Europa para una competencia potencialmente deslealen sectores clave como la carne de vacuno, los cítricos, el arroz o la ganadería extensiva, reclamando al Gobierno que defienda sus intereses en Bruselas.
Cláusulas de salvaguardia
Ni siquiera la batería de cláusulas de salvaguardia aprobadas el martes en el Parlamento Europeo han logrado tranquilizar al sector, donde las valoraciones sobre ese escudo protector tampoco coinciden. Así, mientras que la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) aplaudió su aprobación señalando que "con estas cláusulas podemos afirmar que el Acuerdo UE-Mercosur es el que contempla las mayores cotas de protección hasta la fecha en acuerdos comerciales europeos con terceros países", según declaró el martes su secretario general, Cristóbal Cano, COAG advirtió de que "sin medios de ejecución efectivos, estas salvaguardias son meros fuegos artificiales normativos que no protegerán al sector agrario europeo del descontrol en las importaciones".
Para la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), que forma parte de Asaja, dichas cláusulas son también "claramente insuficientes", un "parche justificativo para adelantar la puesta en marcha del tratado sin esperar al dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que primero debería avalar si cumple o no con los tratados comunitarios", señaló ayer la asociación.
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