El 'caso Azud' salpica al Gobierno de Llorca y obliga al PP a suspender de militancia a un alto cargo imputado

Juanfran Pérez Llorca acaba de cumplir seis meses como presidente de la Generalitat y, sin embargo, no son pocas las crisis con las que ha tenido que lidiar. La confirmación por parte de la Audiencia de Valencia de la imputación de su director general de Transparencia en la Generalitat, Jorge Bellver, se suma a los frentes que tiene abiertos Llorca. No solo porque traiga al PP el recuerdo de la ciénaga de la corrupción, sino que obliga a Llorca a recuperar la temida línea roja del partido.

Y ello porque la sección tercera de la Audiencia de Valencia ha desestimado definitivamente el recurso de Bellver, con lo que confirma su situación procesal de investigado en el llamado caso Azud. Se trata de una trama corrupta que ha salpicado tanto a cargos del PSOE como del PP por el supuesto cobro de comisiones a cambio de favores urbanísticos entre los años 1999 y 2013.

En el caso del ex concejal del Ayuntamiento de Valencia con Rita Barberá, está imputado desde octubre de 2019 por impulsar como concejal un contrato menor que se investiga en la macrocausa. Según el sumario de Azud, Bellver habría recibido varios obsequios de la trama, como relojes de entre 2.000 y 3.000 euros.

Pero ha sido ahora cuando el PP valenciano se ha movido por orden de Llorca, quien ha pedido al partido que active el mecanismo para suspender de militancia a Bellver. "Lo lógico", ha admitido este martes el presidente de la Generalitat en la IV edición de la jornada 'Comunitat Valenciana hacia el futuro' organizada por Europa Press, teniendo en cuenta que es "lo que marcan los estatutos".

"Esta mañana se reúne el Comité de Derechos y Garantías y no me quiero adelantar, pero lo lógico es que se le suspenda de militancia en el PP, siempre respetando la presunción de inocencia hasta que se confirme si esos hechos son así o no", ha afirmado Llorca, aunque evitando contestar si apartará también a Bellver como alto cargo de su Gobierno.

Fue el ex presidente Alberto Fabra quien tuvo que elevar el listón de la tolerancia cero ante los casos de corrupción con la controvertida línea roja por la que se apartó a todo cargo imputado por corrupción. Así que repreguntado por qué pasaría si finalmente se confirmasen los hechos que afectan a Bellver, Llorca se ha limitado a apuntar que no le gusta especular.

"Se aplicarán los estatutos del partido sin excepción", ha insistido. Y lo que dicen los estatutos para casos de corrupción es que el expediente informativo que abra el Comité de Derechos y Garantías "se transformará en un expediente disciplinario en el momento en el que se tenga conocimiento de la apertura del juicio oral en el procedimiento judicial correspondiente". "La resolución de dicho expediente disciplinario tendrá lugar cuando se dicte la sentencia, no firme, o, en su caso, auto de sobreseimiento que ponga fin al procedimiento judicial", agregan los estatutos del PP.