Está previsto que su pareja, acusado de acabar con su vida, descuartizar a la víctima y esparcir sus restos, sea juzgado por un tribunal del jurado el próximo mes de noviembre
Regala esta noticia Añádenos en Google Sergio Ruiz y Dana Leonte, en una imagen compartida en sus redes sociales. (SUR) 31/05/2026 a las 23:47h.Una compleja instrucción judicial, batidas masivas en la Axarquía y una dolorosa espera de la familia que, tras siete años, parece que se acerca a ... su fin. La Audiencia Provincial de Málaga ya ha puesto fecha para la celebración del juicio oral por el crimen de Dana Leonte, la joven rumana de 31 años que desapareció en el municipio de Arenas tras, presuntamente, ser descuartizada por su novio en junio de 2019. Las sesiones, según lo previsto, se desarrollarán a lo largo de nueve jornadas: los días 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 y 13 de noviembre.
Por un lado, el Ministerio Fiscal califica lo sucedido como un delito de homicidio en concurso con un delito contra la integridad moral, solicitando una pena de 17 años de prisión. Por su parte, tanto la acusación particular —que representa al hermano de la víctima, Gheorghe Florin Leonte— como la acusación popular, en representación de la Junta de Andalucía, elevan la calificación a un delito de asesinato y piden una condena de 22 años de cárcel.
Falsa coartada
El relato de hechos que recoge la Fiscalía —cuyo escrito está firmado por la fiscal decana de Violencia sobre la Mujer en Málaga, Flor de Torres— describe un escenario de dominación. Según el documento, Dana Leonte había denunciado previamente al acusado por un episodio de violencia de género en marzo de 2019, que se saldó con una sentencia absolutoria. Meses después, la mañana del 12 de junio de ese mismo año, la joven le comunicó a través de WhatsApp su intención de no continuar con la relación.
Esa misma tarde, en el domicilio familiar situado en Arenas, se desencadenó la agresión que resultó mortal, según la acusación. En el escrito de calificación, el Ministerio Público sostiene que Sergio, «con un desprecio a la libertad e integridad de la mujer», golpeó fuertemente a Dana en la cabeza con un palo de madera, dejándola inconsciente o malherida.
La acusación sostiene que Sergio Ruiz desembró el cadáver de la joven para, posteriormente, «esparcir y enterrar los restos» en distintos parajes del municipio
Acto seguido, el procesado presuntamente trasladó el cuerpo en el maletero de su vehículo hacia una zona de campo. Aprovechando su profundo conocimiento del terreno, la acusación sostiene que desmembró el cadáver para posteriormente «esparcir y enterrar los restos» en distintos parajes del municipio. Para borrar los vestigios del crimen, limpió la vivienda con lejía y aguarrás y envió mensajes desde el móvil de la víctima simulando que ella se encontraba perfectamente para construirse una coartada.
La desaparición de la joven activó un amplio dispositivo de búsqueda. Nueve días después de perderse su rastro, los investigadores hallaron un fémur de la víctima en el paraje conocido como 'Casa Córdoba'. Meses más tarde, en octubre y noviembre de 2019, las batidas permitieron localizar la tibia, una costilla, una vértebra, la pelvis y la zona lumbar en las inmediaciones del domicilio y en el 'Camino Muñana'. Los análisis forenses, según la acusación pública, determinaron que varios de estos restos presentaban fracturas óseas producidas antes de la muerte.
El caso también implicó una larga batalla legal por la tutela de la hija de la pareja, que acababa de nacer cuando ocurrieron los hechos. Inicialmente, el juzgado suspendió la patria potestad del investigado y la Junta de Andalucía asumió la guarda. Sin embargo, en septiembre de 2020, el Juzgado de Primera Instancia número 16 de Málaga otorgó de forma definitiva el acogimiento familiar de la menor a su tío materno, Gheorghe Florin Leonte, con quien reside desde entonces.
Indemnización
Más allá de las penas privativas de libertad, la Fiscalía también solicita que se prive al acusado de la patria potestad sobre su hija y que se le imponga la prohibición de aproximarse o comunicarse con ella durante un periodo de 25 años. La acusación particular y la Junta de Andalucía elevan dicha prohibición de comunicación y alejamiento hasta los 30 años.
En el plano de la responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal y la Junta de Andalucía instan a que el procesado indemnice con 300.000 euros a la hija de la víctima por los daños morales causados, mientras que el hermano de Dana reclama por este concepto 200.000 euros para la pequeña.
Asimismo, para el tío materno se piden indemnizaciones de entre 75.000 y 100.000 euros por la pérdida de su hermana y los costes del acogimiento de la menor. También se reclama que abone a la Junta de Andalucía los gastos ocasionados durante las jornadas de búsqueda, una cantidad que se fijará tras la sentencia.
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