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La firma de las Big Four afirma que sus investigaciones sobre las acusaciones de uso indebido de datos carecieron de rigor.
El CEO y responsable de auditoría de la filial australiana de KPMG ha presentado su dimisión después de que la firma reconociera que una investigación sobre las acusaciones de un ex empleado habían sido insuficientes.
El trabajo de auditoría de KPMG en Australia ha estado bajo escrutinio desde marzo, cuando un senador utilizó su inmunidad parlamentaria para hacer públicas las acusaciones de un ex empleado sobre el acceso y la divulgación de información confidencial de auditoría por parte de la firma para obtener contratos en licitaciones.
Se trata del segundo gran escándalo en una de las Big Four en Australia en los últimos años, después de que la filial global de PwC tomara el control de sus operaciones locales en 2023. Esto se debió a que uno de sus socios utilizó información confidencial obtenida de un trabajo de asesoría con el gobierno para filtrársela a la firma, que la utilizó para personalizar el asesoramiento sobre evasión fiscal para clientes globales.
KPMG había argumentado previamente que las acusaciones del denunciante carecían de fundamento, pero en abril impuso sanciones a algunos de sus empleados.
Sin embargo, el viernes, Andrew Yates, CEO de KPMG Australia, renunció con efecto inmediato después de que la firma declarara que las investigaciones sobre las denuncias del empleado habían sido insuficientes. Julian McPherson, socio director nacional de auditoría y aseguramiento, también renunció.
"KPMG Australia confirma que el trato dado al denunciante y la investigación de sus alegaciones no cumplieron con las expectativas de la firma, del denunciante ni de la comunidad en general", declaró la firma.
Yates, que anteriormente había manifestado su apoyo a los denunciantes tras el caso PwC, y McPherson afirmaron que "asumirían la responsabilidad".
"Siempre me he comprometido con una cultura de denuncia en nuestra firma, y es evidente que en este caso nos hemos fallado a nosotros mismos", declaró Yates.
Las acusaciones presentadas por la senadora Deborah O'Neill, figura clave en la investigación de PwC, alegaban que empleados de KPMG habían accedido a documentos confidenciales del consejo de administración de la promotora inmobiliaria Lendlease, cliente de auditoría, para negociar contratos con otras empresas. Entre ellas se encontraba el banco Westpac, cuya cuenta arrebató a PwC en 2024.
Otras acusaciones incluían "serias dudas" sobre la integridad de la gestión de KPMG para conseguir el contrato de auditoría de Macquarie —que también se ganó a PwC— y otras alegaciones de intercambio inapropiado de datos entre empleados de KPMG para la obtención de otros trabajos.
El denunciante, un ex empleado de auditoría de KPMG, informó por primera vez de sus preocupaciones en 2024.
KPMG inició una investigación interna, que no corroboró las acusaciones. El viernes, la empresa declaró que la investigación "no se llevó a cabo con el rigor necesario, a posteriori".
Una revisión jurídica externa respaldó las conclusiones internas, pero el contacto posterior del denunciante con miembros independientes del consejo de administración dio lugar a una tercera investigación, aún en curso, a cargo de otro bufete de abogados externo.
O'Neill afirmó que el denunciante también se había puesto en contacto con el presidente y el asesor jurídico global de KPMG International, así como con la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), antes de contactar con ella. La ASIC anunció el viernes que había abierto una investigación sobre el caso.
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