El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños./ EP
Tribunales El CGPJ envía a Bolaños el catálogo de disfunciones en los nuevos Tribunales de Instancia que el Ministerio niegaIncluye la insuficiencia de personal, carencias en las infraestructuras y falta de adaptación de los sistemas informáticos, aunque no hay "con carácter general" suspensiones de juicios.
Más información: El Ministerio sostiene que "en la implantación de los tribunales de instancia no hay incidencias relevantes"
María Peral Publicada 13 marzo 2026 02:55hLas claves nuevo Generado con IA
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó ayer enviar al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes un informe del secretario general sobre las "incidencias en la fase III de constitución de los Tribunales de Instancia".
Se trata de un resumen de las "dificultades, incidencias o disfunciones y necesidades pendientes" detectadas por los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional sobre la implantación del nuevo modelo de organización de la planta judicial.
Los Tribunales de Instancia sustituyen a los Juzgados unipersonales, agrupándolos en secciones por jurisdicción o actividad (instrucción, civil, penal, familia, mercantil, violencia sobre la mujer, menores, etc).
Los demoledores informes sobre la 'ley de eficiencia' de Bolaños: "Improvisación", "colapso", "desánimo general"El informe del secretario general del CGPJ, Miguel Hernández Serna, refleja numerosas incidencias, algunas de ellas "de carácter general" tanto en los territorios que dependen del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes como en las comunidades autónomas que han asumido competencias en materia de Justicia.
Contradice, así, la versión del departamento de Félix Bolaños, según el cual no está habiendo "incidencias relevantes" en las cinco comunidades autónomas que dependen del Ministerio (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Baleares, además de Ceuta y Melilla). Los problemas estarían -y serían responsabilidad- de algunas comunidades con competencias transferidas.
Desigual implantación
Según el informe que será enviado al Ministerio, se está produciendo una implantación desigual del nuevo modelo organizativo.
Aparte de Oviedo, Gijón y Avilés -donde se excepcionó implantar los Tribunales de Instancia el 31 de diciembre pasado-, "otros presidentes de Tribunales Superiores (Aragón, Cataluña, Canarias, Andalucía) han informado de que, haciendo uso de la flexibilidad acordada por las Administraciones prestacionales, las nuevas oficinas judiciales han diferido su puesta en funcionamiento más allá del 15 de febrero".
Los presidentes de los TSJ de Andalucía y Canarias describen una situación general de implantación «meramente formal». Los órganos judiciales siguen funcionando «como antes de la entrada en vigor de la ley" de eficiencia del servicio público de Justicia.
Acoplamiento del personal
Varios presidentes de TSJ (Asturias, Aragón, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana o País Vasco) "han informado de que, en las fechas de emisión de sus respectivos informes, no habían concluido los procedimientos de acoplamiento del personal al servicio de la Administración de Justicia a sus nuevos puestos".
"Allí donde están aprobadas las relaciones de puestos de trabajo y se ha culminado el procedimiento de acoplamiento, los presidentes informan de algunas disfuncionalidades". En particular:
- Insuficiencia de personal (por escasa plantilla o por elevado número de vacantes) y pérdida de refuerzos que se consideran esenciales (por ejemplo, Audiencia Nacional, Andalucía, Aragón, Cataluña, Galicia, Baleares, Murcia o Castilla-La Mancha).
- Desequilibrios entre secciones en las RPT
- Elevado número de interinos con falta de formación e inestabilidad de la plantilla (especialmente, Audiencia Nacional, Madrid, Cataluña y Baleares. Esta última cifra en un 58% el número de interinos).
Medios informáticos
"Los presidentes de TSJ informan con práctica unanimidad de la falta de adaptación de los sistemas de gestión procesal al nuevo modelo organizativo", dice el secretario general del órgano de gobierno de los jueces.
Por lo que se refiere al 'territorio Ministerio', en Castilla y León se refieren problemas informáticos «generalizados». En Castilla-La Mancha se informa de «desajustes del sistema informático al
nuevo modelo».
"Solamente un presidente (TSJ País Vasco) afirma que su sistema de gestión procesal (Avantius) está 'preparado' para el nuevo modelo de oficina judicial, aunque Cantabria, que dispone del mismo sistema, acompaña una extensa acta de la Junta de Jueces civiles de Santander con 22 disfuncionalidades apreciadas en el sistema de gestión procesal Avantius/ Vereda".
Las disfunciones se refieren esencialmente a:
- errores en la migración y falta de trazabilidad de los procedimientos de los antiguos Juzgados o entre las distintas fases de un procedimiento.
- problemas de acceso: perfiles de funcionarios no habilitados o incompletos, de modo que no se puede acceder a servicios necesarios o plazas concretas, incluso en causas con preso. Ausencia de carpetas compartidas para los equipos creados
- falta de expediente electrónico
- dificultad en la dación de cuenta
- insuficiente atención al usuario (CAU) y falta de técnicos.
- errores en la denominación de órganos
- ausencia de modelos en Minerva.
- interoperabilidad incompleta, en particular con Lexnet o Fortuny (aplicación del Ministerio Fiscal)
Infraestructuras
"Con carácter general, los presidentes de TSJ informan de que no se han realizado las adaptaciones necesarias en las sedes judiciales de sus territorios para ajustarlas a la estructura del nuevo modelo de oficina judicial", indica el informe.
Solamente los presidentes de los TSJ de La Rioja y País Vasco manifiestan que sus sedes están adaptadas al nuevo modelo.
Además, advierten de otras disfuncionalidades:
- dispersión de sedes (especialmente grave en Oviedo, Santa Cruz de Tenerife y Jaén).
- en general, problemas derivados de la reubicación de jueces y funcionarios
- dificultad en la dación de cuenta (no telemática) y pérdida de control del procedimiento
- ubicaciones inadecuadas para el servicio
- falta de mobiliario adecuado y de equipos informáticos suficientes para funcionarios, jueces y fiscales
Señalética
Los presidentes de los Tribunales Superiores informan de cartelería errónea o confusa (Asturias, Murcia, Castilla-La Mancha o Castilla y León) o directamente no modificada (Andalucía).
Atención al público y profesionales
Madrid, Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha o Cataluña informan de problemas de atención al público y a profesionales (falta de terminales telefónicos, direcciones de correo erróneas, etc... ).
Baleares lo extiende a la comunicación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con centros penitenciarios. Castilla-La Mancha, a la comunicación con hospitales.
El TSJ de Cataluña propone potenciar la presencia de funcionarios del cuerpo de auxilio en mostradores.
A este respecto, la experiencia en Logroño, con un incremento del número de funcionarios para atender al público y a los profesionales, se considera positiva.
Dirección de la oficina judicial
Los TSJ de Canarias, Cataluña o Navarra "informan de falta de coordinación y de unificación de criterios y prácticas procesales en la oficina judicial a cargo de los Letrados de la Administración de Justicia".
Impacto en la tramitación
"Con carácter general, los TSJ informan que la fase III no ha provocado suspensiones o demoras, más allá de casos puntuales", expone el informe.
"No obstante, Cataluña señala un caso estructural (suspensiones en Reus por falta de funcionarios) y Galicia alude a ralentizaciones y suspensiones injustificadas provocadas por la pérdida de control de procedimientos, incluso en causas de especial relevancia".
Finalmente, Madrid "apunta al riesgo de suspensiones una vez superada la 'agenda puente' de enero, febrero y marzo de 2026".