El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha iniciado actuaciones para analizar las declaraciones del magistrado David Maman Benchimol, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, tras la polémica generada en una actividad formativa celebrada en el Colegio de la Abogacía de Madrid.
El Promotor de la Acción Disciplinaria acordó este lunes abrir diligencias informativas con el objetivo de estudiar las quejas recibidas en relación con dichas declaraciones. Durante su intervención, el juez afirmó que "muchas" denuncias "se ve que no tienen demasiado sentido" y las vinculó a lo que denominó "la caza de la orden", en referencia a la solicitud de órdenes de protección. También cuestionó el acceso a la asistencia jurídica gratuita en estos casos, señalando que se concede incluso a personas con recursos económicos, y planteó que las denunciantes no tienen nada que perder al iniciar el procedimiento.
Asimismo, el magistrado sostuvo que los procesos judiciales "se eternizan" y, mientras tanto, "la madre va haciendo el correspondiente lavado de coco" al menor, provocando, a su juicio, un distanciamiento progresivo respecto del padre. Estas declaraciones se produjeron un día después de que la mujer que ha denunciado por agresión sexual al exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, compareciera ante él para ratificar su denuncia.
La controversia se ha intensificado tras la difusión de un vídeo del acto, celebrado en febrero de 2026, y emitido el pasado 22 de abril. Más de un centenar de organizaciones firmaron un manifiesto en el que solicitaron al CGPJ que investigue al magistrado por considerar que sus manifestaciones eran "incompatibles" con la imparcialidad judicial exigible en su función.
Según el escrito, las declaraciones del juez reflejan una visión "estereotipada" de las mujeres, al sugerir que algunas denunciantes utilizan de forma instrumental las órdenes de protección o que existen "ventajas" asociadas a denunciar. También critican las referencias a una supuesta manipulación materna en casos con menores.
Las organizaciones firmantes advierten de que este tipo de discurso "no es neutral ni meramente académico", sino que puede comprometer la confianza de las víctimas en recibir una tutela judicial libre de prejuicios. En este sentido, recuerdan que la Constitución española garantiza la igualdad y la tutela judicial efectiva, y subrayan que España está sujeta a compromisos internacionales, como el Convenio de Estambul, que obliga a combatir los estereotipos de género y evitar la victimización secundaria.
Entre las organizaciones firmantes figuraban colectivos feministas, asociaciones de juristas y entidades sociales, así como formaciones políticas y plataformas en defensa de los derechos de las mujeres.