La presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, y el ministro Félix Bolaños, el 23 de enero de 2025 en Barcelona./ EP
Tribunales El CGPJ pide una reunión a Bolaños tras negarse a pagar los refuerzos a órganos colapsados: 12.500 casos paralizados"Bolaños le regala una moratoria a la banca y deja a miles de ciudadanos a espera de juicio para dentro de cuatro años", critican en el órgano de gobierno de los jueces.
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María Peral Publicada 8 julio 2026 02:40h Las clavesLas claves Generado con IA
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado por unanimidad solicitar al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes una reunión urgente de la comisión mixta para abordar la decisión del departamento de Félix Bolaños de denegar el pago de medidas de refuerzo en órganos judiciales colapsados.
El pasado 29 de junio, el Ministerio comunicó al CGPJ que no renovará la asignación presupuestaria para 62 comisiones a jueces que venían reforzando Juzgados y Audiencias dedicados a litigios masivos de particulares contra entidades bancarias por cláusulas abusivas.
La decisión motivó una reunión extraordinaria de la Comisión Permanente el 1 de julio. En ella se acordó pedir al Ministerio la reconsideración de su resolución, notificada la víspera de la fecha en la que las medidas de refuerzo debían ser aprobadas o prorrogadas.
Perelló planta cara a los ataques al Poder Judicial: "Los jueces deben ser protegidos de cualquier presión externa"El CGPJ ya trasladó entonces a Justicia que la denegación de esos refuerzos "obligará a paralizar y suspender actuaciones jurisdiccionales que se consideran necesarias e imprescindibles para garantizar los derechos fundamentales a la tutela judicial".
La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente hicieron público un comunicado en el que señalaron que los órganos dedicados a litigios de cláusulas abusivas "sufren un nivel de pendencia sencillamente insoportable".
Y advirtieron de que la decisión ministerial, "contrapuesta a la visión idealizada que desde el Gobierno se ha querido dar de la implantación de los tribunales de instancia", tendrá "consecuencias nefastas" para los justiciables.
Varias juntas de jueces han solicitado al Ministerio que rectifique.
El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha alertado de que la decisión "amenaza con agravar de forma crítica la situación de miles de ciudadanos afectados por litigios hipotecarios y bancarios".
El ICAM ha indicado que las secciones civiles y mercantiles de la Audiencia Provincial de Madrid acumulan 41.061 recursos pendientes, de los que una parte muy relevante corresponde a litigios de ciudadanos sobre condiciones generales de la contratación.
"Si se toma como referencia una capacidad media de resolución en torno a 1.500 recursos anuales, la respuesta en segunda instancia puede proyectarse a horizontes cercanos a los 30 años", señaló la Abogacía.
Los Juzgados de Madrid especializados en cláusulas abusivas están admitiendo a trámite ahora demandas presentadas en 2020, "lo que significa que muchos ciudadanos esperan años únicamente para que su reclamación inicie formalmente su recorrido judicial", añadió el ICAM.
Por encima de lo asignado
Justicia no ha reconsiderado hasta ahora su decisión.
Según fuentes del departamento, el actual "convenio" entre el Ministerio y el CGPJ que regula la autorización de refuerzos de órganos judiciales asciende a 7,2 millones de euros y está pendiente desde marzo la firma por parte del Consejo de un nuevo convenio por valor de ocho millones.
En la primera mitad de este año, Justicia ha autorizado 232 medidas de refuerzo por valor de casi 7,9 millones, es decir, por encima de lo que contempla el convenio actual. Ha denegado 64.
Según las fuentes de Justicia, el importe de todas las solicitudes del órgano de gobierno de los jueces asciende a 12 millones de euros, casi cinco millones por encima de la cifra asignada por el Ministerio.
Fuentes del CGPJ reprochan al Ministerio su falta de previsión y preguntan "¿no dice el Gobierno que la economía española va como un cohete?".
Informe del impacto
"Bolaños le regala una moratoria a la banca y deja a 12.500 ciudadanos en la lista de espera de juicio, que pasa de 2 a 4 años", subrayan en el Consejo General del Poder Judicial en referencia a los datos de un informe del Servicio de Inspección que ha medido el impacto de la decisión del Ministerio.
La denegación de renovación total o parcial de las comisiones de servicio en las secciones civiles de las Audiencias Provinciales y en las plazas de las Secciones Civiles de los Tribunales de Instancia especializadas en cláusulas abusivas supondrá la suspensión y no resolución de, al menos, 12.470 asuntos a lo largo del segundo semestre de este año.
El territorio más afectado será la Comunidad Valenciana, donde la Inspección de tribunales calcula que serán entre 5.420 y 5.520 los asuntos suspendidos o no resueltos.
Le siguen la Comunidad de Madrid, con 4.650 asuntos, y Cataluña, con 2.400 asuntos solo en la provincia de Barcelona.
"La decisión del Ministerio es equivocada y puede tener graves consecuencias", afirman las fuentes del CGPJ consultadas.
"La Justicia española arrastra desde hace años un déficit estructural de planta y de medios personales, reflejado en la sobrecarga objetiva de numerosos órganos y en miles de asuntos pendientes", explican.
"La propia decisión del Gobierno de anunciar la creación de 500 nuevas plazas judiciales confirma ese déficit. Si esas plazas son necesarias, es porque el sistema no dispone hoy de los medios suficientes", añaden,
Por ello, consideran "inaceptable" invocar la futura creación de esas plazas para suprimir medidas presentes. "Las plazas futuras no resuelven el colapso actual. Hasta que entren efectivamente en funcionamiento, los refuerzos son imprescindibles".
"La ciudadanía debe saber que buena parte de las medidas afectadas incide en ámbitos de litigación masiva, y la demora perjudica especialmente a quienes menos capacidad tienenpara soportar años de espera. Suprimir estos refuerzos agrava el problema", señalan.
"Disfunción institucional"
A su juicio, la justificación presupuestaria "tampoco resulta ajustada a la realidad".
"El protocolo de intenciones entre el Consejo y el Ministerio no es convenio y, por tanto, carece de efectos jurídicos limitativos de la dotación presupuestaria afectada a los refuerzos judiciales. No es alegable su falta de renovación como motivo para denegar la financiación de los refuerzos acordados por la Comisión Permanente del CGPJ", sostienen.
Prueba de ello, indican, es que entre 2019 y 2023 se superó los 8 millones de euros en refuerzos.
"Es en los ejercicios 2024 y 2025 donde el Ministerio ha reducido drásticamente las partidas destinadas a los refuerzos, denegando unos sí y otros no sin atender al criterio y valoración que solo compete a la Comisión Permanente del CGPJ", exponen.
"Mantener un marco presupuestario insuficiente y después invocarlo para denegar medidas indispensables equivale a convertir la insuficiencia presupuestaria en una excusa permanente", critican.
El problema revela, además, una "disfunción institucional", manifiestan. "Medidas técnicamente justificadas por los órganos de gobierno del Poder Judicial pueden quedar neutralizadas por una decisión ejecutiva basada en disponibilidad presupuestaria".
Por ello, "debe abrirse una reforma seria para que el CGPJ disponga de capacidad efectiva, con dotación suficiente, estable y transparente, para acordar y ejecutar los refuerzos necesarios", proponen.