El Ministerio intentará que las comunidades del PP acceden a dialogar sobre la gestión y que la Conferencia Sectorial no gire solo en torno al crédito extraordinario de 25 millones de euros
Regala esta noticia Añádenos en Google Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia. (Marilú Báez) 23/08/2026 a las 16:29h.A pocos días de que la Conferencia Sectorial de Infancia reúna este jueves al Ministerio y a los gobiernos regionales, a excepción de aquellos en ... los que Vox forma parte —Extremadura, Castilla y León y Aragón—, el choque político por la crisis migratoria desatada en Ceuta a finales de julio amenaza con situar el encuentro en un tenso cara a cara. El departamento que encabeza Sira Rego buscará romper la resistencia que los ejecutivos autonómicos del Partido Popular mostraron en el encuentro que mantuvieron hace unas semanas forzando una votación al inicio de la sesión para abordar la situación general de la ciudad y el estado de los menores que cruzaron la frontera con Marruecos, más allá del mero trámite para ratificar el crédito extraordinario de 25 millones de euros. La cita medirá si las baronías populares están dispuestas a abrir una vía de diálogo sobre la reubicación de los menores o si el choque institucional que se ha mantenido en los últimos días —con un PP que exigía la devolución de todos los niños y un Gobierno que enfatizaba la necesidad de evaluar caso por caso para determinar «el bien mayor» de cada niño— impedirá cualquier consenso.
Desde el equipo de Rego entienden que, al quedar exoneradas las comunidades de la custodia y de las cargas financieras o de espacio, una eventual negativa dejaría al descubierto un rechazo puramente ideológico. «Si no tienen que ofrecer dotación económica ni responsabilidad alguna, no debería haber ningún problema. Sería racista rechazarlo por no querer niños migrantes en las calles», aseguran fuentes del ministerio.
Esta iniciativa inmediata se articularía junto a la apertura de expedientes individualizados tras el recuento y las entrevistas en Ceuta para evaluar salidas caso por caso —desde la reunificación familiar en España, Marruecos u otros países hasta ingresos en el sistema de acogida de menores no acompañados—, mientras la Secretaría de Estado ultima la aplicación de la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería aprobado justo hace un año por el Congreso, consecuencia de la crisis migratoria que en aquel momento afectaba al archipiélago canario y la ciudad ceutí, ya se encontraba en situación de contingencia antes de la entrada masiva de entre 70.000 y 80.000 personas desde el país magrebí, como mecanismo legal permanente ante situaciones de emergencia.
El PP irá a «escuchar»
La presencia de las comunidades del PP en la mesa del jueves después de haber mostrado su rechazo a tener que acoger a los menores migrantes en lugar de que el Gobierno proceda a su devolución rompe, al menos en la forma, con la tónica de enfrentamiento directo vivida en convocatorias anteriores de la Conferencia Sectorial de Infancia. Tanto en la frustrada de julio de 2025 como en el choque registrado el pasado mes de abril de 2026, los gobiernos autonómicos de los populares optaron por plantar en bloque a la ministra Rego impidiendo el acuerdo necesario para reunirse, tras calificar las convocatorias de «ilegales» y acusar al Ejecutivo de gobernar a golpe de imposición y tratar a los menores «como si fueran paquetes», según denunciaron voces de las direcciones autonómicas.
Pese a que en esta ocasión el PP ha accedido a sentarse a «escuchar», sus consejeros acuden sin abandonar las duras críticas a la gestión de la crisis en Ceuta, reprochando al Ministerio la falta de datos rigurosos —motivo que, de hecho, utilizaron para rechazar que el traslado de menores se debatiese en el encuentro del jueves al considerar que el hecho de no tener cifras concretas impide que se pueda debatir sobre un plan— y exigiendo un giro hacia las devoluciones inmediatas a los países de origen. Esta rectificación táctica del PP rompe con la dinámica que estaban llevando a cabo con los de Santiago Abascal, que habían conseguido imponer el principio de prioridad nacional en las últimas cuatro comunidades que fueron a elecciones.
En aquellas autonomías donde Vox logró retener las carteras de Asuntos Sociales y Familia —como Aragón, Castilla y León o Extremadura—, las consejerías dirigidas por la formación de ultraderecha han consumado un plantón unilateral al rechazar cualquier contacto con el Ministerio de Juventud e Infancia. Los de 'Bambú' argumentan su negativa en el rechazo absoluto a participar en lo que consideran un «efecto llamada» financiado por el Estado y al hecho de que sentarse con la Conferencia Sectorial de Infancia sería una especie de acercamiento para dialogar con el Gobierno, algo a lo que no están dispuestos bajo ningún concepto. Por todo ello, han optado por dejar a los barones del PP en la encrucijada de gestionar la emergencia de Ceuta sin romper del todo con la presión ideológica que ejercen sus socios a su derecha. La única excepción es Andalucía, comunidad en la que su propio presidente, Juanma Moreno, confirmó que sí iba a acudir un representante de su Ejecutivo, marcando, con ello, su primer cisma con los socios de Gobierno.
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