El Pleno del Congreso ha aprobado este martes la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia que impulsó el Gobierno hace ahora un año y que amplía los derechos de las personas en esta situación. Lo ha hecho con el respaldo de 179 diputados -los de los partidos del Gobierno y todos sus socios de investidura-, frente a los 33 noes de Vox y las 137 abstenciones de los parlamentarios del PP.
El texto que se ha sometido a votación en el hemiciclo incorpora además varias enmiendas que introdujeron los grupos parlamentarios durante el paso de la norma por la Comisión de Derechos Sociales. Una de las modificaciones más destacables es la que recoge que la Administración General del Estado deberá asumir el 50% del gasto total que las comunidades realicen en materia de dependencia -la gestión de estas prestaciones es competencia autonómica-. Fueron los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, los que impulsaron esta enmienda en Comisión.
Hasta ahora, la ley solo establecía que la aportación financiera de cada territorio debía ser igual o superior a la de la Administración Central, pero muchas comunidades -la mayoría, presididas por el PP- venían reclamando una mayor inversión estatal, que alcanzara incluso ese 50% de financiación del sistema que ahora queda estipulado por ley. En 2024, último año con cifras definitivas, la Administración General asumió solo, de media, el 27% de los gastos en dependencia, cubriendo el resto las autonomías.
A la par que la reforma de la Ley de Dependencia -que deberá pasar por el Senado antes de su aprobación definitiva-, el Congreso también ha convalidado este martes el real decreto-ley que contempla una inversión de la Administración General en dependencia de casi 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027. Con esta suma, el próximo ejercicio ya se alcanzará ese 50% de financiación estatal del sistema que ahora queda, además, blindado por ley.
Solo Vox ha votado en contra de la convalidación de ese real decreto-ley, alegando que se trata de un "engaño" y poniendo en duda que vaya a llevarse a término, según ha expuesto su diputada María Ruiz. El PP sí ha facilitado la convalidación del decreto: "Vamos a votar a favor, porque entendemos la importancia de los recursos públicos para financiar el sistema de dependencia", ha explicado la vicesecretaria popular de Sanidad, Carmen Fúnez, no sin lanzar una advertencia al Gobierno: "No vamos a participar nunca en una política que promete lo que sabe que mañana no va a poder pagar".
Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha defendido el sentido de votar a la vez ambas cosas, la reforma de la ley y el decreto con el paquete de inversión: "Van aparejados. Los recursos y el cambio de modelo que esos recursos tienen que hacer posible". Para el ministro, las dos cuestiones hoy aprobadas son "piedras angulares de la que es la mayor reforma social que nuestro país ha visto en décadas: la refundación de un sistema público de cuidados fuerte, capaz de atender las necesidades crecientes de nuestra población y cercano".
¿Qué cambia con la reforma aprobada?
Más allá de lo relativo a la financiación del sistema de dependencia, la reforma aprobada este martes en el Congreso establece nuevos derechos -y amplía algunos ya existentes- para las personas dependientes o con discapacidad. Por ejemplo, la norma regula la teleasistencia como un "derecho subjetivo" y, frente a lo que sucedía hasta ahora, fija que las personas dependientes podrán recibir este servicio "con independencia del resto de prestaciones o servicios reconocidos" -hoy, solo acceden a esta prestación quienes "no reciban servicios de atención residencial"-.
Igualmente, la reforma extiende la condición de cuidador reconocido más allá de los familiares, permitiendo que cualquier individuo del "entorno familiar o relacional" -vecinos, amigos, etc.- que asista a una persona dependiente pueda percibir una prestación económica para cuidados.
La reforma de las leyes de discapacidad y dependencia contempla también una asimilación entre ambas situaciones: a las personas con grado I de dependencia se les reconoce un 33% de discapacidad y, a las de grado II y III, un 65%. Asimismo, la norma establece la "accesibilidad universal" como un derecho, de tal forma que las personas dependientes y discapacitadas podrán reivindicarla en edificios y servicios públicos.
Más de 1,7 millones de personas perciben una prestación por dependencia en España, según los datos recopilados por el Ministerio de Derechos Sociales relativos al segundo trimestre de 2026. Además, 142.887 personas se encuentran en lista de espera para recibir una ayuda por dependencia.