Fuente de la imagen, Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images
Fecha de publicación 18 minutosSin sorpresa, pero con consecuencias que aún están por verse dentro del panorama político español, el Congreso de los Diputados de España votó en contra de los decretos de vivienda aprobados esta semana por el gobierno de coalición de Pedro Sánchez.
Los textos no consiguieron los votos necesarios para su aprobación y promulgación.
Contaron con el respaldo del PSOE y Sumar, la coalición de partidos en el poder. Se esperaba el voto en contra del Partido Popular y de Vox, la derecha y la ultraderecha. A ellos se sumó, entre otros, Junts per Catalunya, partido independentista catalán de tendencia centroderechista.
En concreto, uno de los decretos tuvo 172 votos a favor y 178 en contra, mientras que el segundo tuvo 166 votos a favor y 184 en contra.
Desde la noche del jueves se esperaba este resultado, cuando Junts anunció su postura y pidió al gobierno la redacción de un nuevo texto basado en una propuesta presentada por este grupo parlamentario.
La redacción de estos decretos se hizo esta semana en medio de un fuerte movimiento de protestas que derivó en la instalación de una acampada en la céntrica Puerta del Sol de Madrid el pasado 26 de septiembre.
La chispa que detonó la protesta y ha expuesto la crisis de vivienda que vive el país europeo fue el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años.
Tras ser sacada de su casa, tuvo que ser ingresada en el hospital por problemas de salud, si bien luego se le permitió regresar a ella.
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El primer decreto, que fue presentado por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, promueve la "ampliación de la oferta de vivienda asequible".
Entre las medidas contempladas en la medida legislativa se incluyen limitar la subida del precio de los alquileres, la prohibición de desahucios hasta 2030, regular el alquiler de temporada, la prohibición de la compra especulativa por los llamados "fondos buitre" (sin definir qué son en el texto), así como incentivos para que los propietarios bajen el alquiler.
El segundo, presentado por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, contiene un solo artículo: la renovación automática de los contratos de alquiler.
A la vez que se desarrollaba el debate en el Congreso de los Diputados, miles de manifestantes se trasladaron hasta allí para exigir la aprobación de los decretos, convocados por el Sindicato de Inquilinas.
Mientras tanto, son diversas las voces en España que apuntan a que este episodio podría desencadenar que el presidente Sánchez convoque elecciones generales adelantadas, previstas, según el calendario ordinario, para julio o agosto del próximo año.
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