- I. B.
La Comisión de Transportes ha aprobado una proposición no de ley del PP que exige la modificación de los requisitos técnicos y que se justifique la necesidad de exigir trenes preparados para los 350 kilómetros, una velocidad que deja fuera del concurso a los cuatro fabricantes con plantas en España.
La Comisión de Transportes del Congreso ha aprobado este martes una proposición no de ley del Partido Popular que exige a Renfe reformular los requisitos de la mayor licitación para la compra de trenes que ha realizado hasta el momento. Se trata del megacontrato publicado en abril para la adquisición de 30 convoyes de alta velocidad con la posibilidad de aumentar el pedido en diez unidades adicionales por un total estimado de 4.145 millones.
La propuesta del PP, que ha contado con el respaldo de Vox y Esquerra Republicana, asegura que las condiciones del pliego están diseñadas para favorecer al fabricante japonés Hitachi, ya que la combinación de exigencias técnicas y de homologación, así como los plazos de entrega -40 meses para la primera entrega- dejan fuera de juego tanto a las compañías vascas CAF y Talgo como a la francesa Alstom y la suiza Stadler, que tienen sendos centros de producción en Barcelona y Valencia.
La principal queja viene de la velocidad que, según la licitación, deben alcanzar los trenes. Frente a los 300 o 310 kilómetros por hora a los que en condiciones normales circulan hoy los AVE por las principales líneas, el pliego del concurso establece que los nuevos convoyes deberán alcanzar los 350, un máximo que no está al alcance de ningún fabricante con capacidad industrial en España.
CAF, por ejemplo, cuenta con plataformas que operan a 300 kilómetros por hora y está desarrollando versiones a 320 y el Talgo Avril -la Serie 106 de Renfe- alcanzó los 360 durante sus ensayos dinámicos, pero la homologación definitiva limita el servicio comercial a los 330. "La contradicción es especialmente evidente en Talgo -señala la Proposición-. El Estado entró en su capital después de que la SEPI la calificara como estratégica y destacara que sus capacidades industriales son claves para España. Resulta difícil explicar que el Gobierno emplee recursos públicos para preservarlas y, meses después, impulse una contratación de más de 4.000 millones en la que esa misma empresa participada por el Estado no puede competir"
A esto se suma el cuestionado estado de la propia infraestructura ferroviaria, por lo que la Comisión reclama al Ejecutivo que modifique los requisitos técnicos del contrato -procediendo si hace falta a convocar una nueva licitación- y justifique la necesidad de exigir trenes preparados para los 350 kilómetros por hora detallando en qué corredores se podrá explotar esa velocidad y cuántas de las unidades compradas operarán realmente en esos tramos.
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