- El plan de vivienda del PP se abre paso en el Congreso frente al intervencionismo
- Cara y cruz con las políticas de vivienda
La Cámara Baja vota en contra del decreto de extensión de los alquileres con los votos en contra de PP, Vox y Junts y la abstención del PNV, multiplicando las dudas de propietarios e inquilinos sobre la prórroga.
El Congreso de los Diputados ha tumbado este martes el real decreto-ley mediante el cual el Gobierno pretendía imponer una prórroga automática de dos años a todos los contratos de alquiler que vencieran antes del 31 de diciembre de 2027. A los votos en contra de PP y Vox se han vuelto a sumar los de Junts, escenificando una vez más las profundas diferencias entre el partido de Carles Puigdemont y el Ejecutivo en materia de vivienda.
En esta ocasión, el PNV también decidió abstenerse tras un bronco debate en el que no faltaron los reproches mutuos entre ambas posturas. De un lado, el Gobierno defiende el intervencionismo argumentando que "donde no se hace los precios suben de manera desbocada", como ha afirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; mientras que, del otro, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que la prórroga automática de los contratos "va en contra de los ciudadanos porque incrementa el precio de la vivienda de alquiler y en compra como consecuencia de que disminuye la oferta".
Este argumento fue compartido por Junts, cuyo secretario general, Jordi Turull, afirmó que el decreto "castiga una vez más al pequeño propietario, favorece a los fondos buitres" y favorece "que cada vez haya menos pisos de alquiler en oferta, porque se acaban vendiendo".
Más inseguridad jurídica alrededor de la vivienda
El real decreto-ley apenas ha estado vigente un mes, periodo durante el cual hasta un millón de inquilinos han podido solicitar a sus caseros la prórroga automática de los contratos sin subidas de precio. Su derogación parlamentaria no sólo supone un nuevo revés en los planteamientos del Ejecutivo en la sede de la soberanía nacional, sino que, en opinión de los expertos, también abre un nuevo frente de "inseguridad jurídica" en el mercado de la vivienda.
"El problema que genera es grave", señala en este sentido Arantxa Goenaga, socia del despacho AF Legis especializada en derecho inmobiliario, "no sólo por la inseguridad jurídica que provoca que haya normativa aprobada sabiendo que no tendrá una vigencia duradera", sino por la propia redacción de la norma.
En su opinión, la normativa da lugar a demasiadas interpretaciones, lo que disparará los conflictos entre propietarios e inquilinos y, por tanto, la litigiosidad. Sobre este asunto, el real decreto-ley y sus condiciones podrían terminar dirimiéndose, incluso, en el Tribunal Supremo durante los próximos meses, por lo que desde la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) exigen al Gobierno "despejar cualquier duda interpretativa para evitar conflictos e inseguridad entre arrendatarios y propietarios, garantizando que ambas partes conozcan con claridad cuál es la situación normativa aplicable".
En la misma línea se pronunciaron hace un mes -tras la aprobación del real decreto en el Consejo de Ministros- desde la Agencia Negociadora del Alquiler, cuyo presidente, José Ramón Zurdo, afirmó que "según la fecha de celebración de los arrendamientos, en un escaso periodo de tiempo de un mes a unos arrendamientos se les podría aplicar una prórroga bianual y a otros no, porque las medidas aprobadas empiezan a surtir efectos desde su entrada en vigor, aunque luego no se convalide el texto", como finalmente ha ocurrido.
El Gobierno seguirá buscando intervenir el mercado del alquiler
Tras la derogación, desde Sumar -que impuso el texto en el Consejo de Ministros a cambio de dar luz verde al resto de medidas en respuesta a la crisis generada por la guerra de Irán- aseguraron que el Gobierno seguirá apostando por la intervención del mercado. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, incluso llamó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a la movilización por lo que considera una "batalla perdida en las Cortes Generales pero ganada en la calle".
Durante su intervención en el Congreso, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado que el mercado de la vivienda "está secuestrado por lógicas rentistas y especulativas", reprochando a las formaciones que han votado en contra del decreto de mantener "una batallita entre partidos".
Por su parte, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, afirmó que "es importante seguir trabajando. Estamos ante una emergencia habitacional y vamos a remangarnos para encontrar herramientas que tengan mayoría para que salgan adelante".
Con estas declaraciones, el Gobierno parece descartar los planteamientos de uno de sus socios parlamentarios, Podemos, desde donde llegaron a proponer en los últimos días aprobar un real decreto-ley cada mes para extender la prórroga de espaldas al Parlamento.
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