La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, el día de su toma de posesión como presidenta del Consejo de Estado. Efe
Política CRISIS MIGRATORIA El Consejo de Estado dictamina que el decreto de regularización masiva de inmigrantes debe ser "repensado y revisado"Varapalo del Consejo de Estado: el Gobierno debe "suprimir" el 'coladero' del certificado de penales en el decreto que prevé aprobar este martes en Consejo de Ministros.
Fuentes oficiales del PP recuerdan que "desde enero" alertan de que la declaración responsable de penales es un "riesgo" y avisan al Gobierno: "Ahora serán responsables, porque advertidos están".
Más información:El letrado del Congreso advirtió de que es ilegal el veto del Gobierno a las medidas contra el 'coladero' de la regularización.
Alberto D. Prieto Publicada 14 abril 2026 02:50hLas claves nuevo Generado con IA
El dictamen del Consejo de Estado es demoledor en sus críticas a las garantías y redacción del decreto de regularización extraordinaria de extranjeros.
Por ejemplo, advierte de que el texto "debe ser revisado, suprimiendo las previsiones" de sustituir "la falta de aportación del certificado" de penales por una "declaración responsable".
Evitar ese "coladero de delincuentes", tal como lo ha denunciado el Partido Popular, se considera una de las siete "observaciones esenciales" del documento, de 82 páginas, al que ha tenido acceso este periódico.
En sus conclusiones, el informe decreta que para "elevar a la aprobación del Consejo de Ministros" el texto, sólo se debe hacer "una vez atendidas" esas salvedades clave.
Pero el Gobierno prevé acordar su aprobación definitiva este martes 14, para su publicación y entrada en vigor, ya que no pasará por el Congreso. Y no renunciará al carácter masivo e inmediato de la regularización, a pesar de las advertencias.
El Gobierno de Sánchez incumple la normativa de la UE al no informar a Bruselas sobre la regularización masivaEl máximo órgano consultivo sí da el visto bueno la vía jurídica escogida, la del Reglamento, y a eso se agarraron las fuentes de Moncloa a lo largo del fin de semana para dar por "avalado" su proyecto de real decreto.
Pero el organismo, presidido por Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno con Pedro Sánchez, lanza un diagnóstico muy crítico sobre los diversos "coladeros" detectados.
El ya citado que abren "las excepciones" al sistema de antecedentes penales, el abismo que abre "no contar con un claro marco de criterios para apreciar la vulnerabilidad", a partir de la cual se otorga la residencia a todo solicitante que la alegue.
También, los agujeros en la "protección de datos", los "demasiado estrictos" plazos de tramitación y las garantías de futuro por una régimen de prórrogas "sin acreditar los requisitos".
Fuentes oficiales del PP lamentan que, “desde enero, llevamos advirtiendo del 'coladero' de posibles delincuentes gracias a la 'declaración responsable' de penales”, explican. "Ahora, serán los responsables de lo que ocurra, porque advertidos están".
No sólo por el máximo órgano consultivo del Estado. También por la Comisión Europea: por escrito, en una respuesta parlamentaria la semana pasada; y de palabra, por el comisario Marcus Brunner, en el debate del pleno de febrero en la Eurocámara.
E incluso por la propia Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior.
En un informe, que recibió el Consejo de estado el de 11 de marzo de 2026, el departamento de Fernando Grande-Marlaska "cuestiona los efectos" de la solución de la declaración responsable, y exige que el interesado "acredite que carece de antecedentes penales".
Antecedentes penales y seguridad
El Consejo de Estado carga con especial dureza contra el esquema de antecedentes penales, que permite suplir el certificado por una mera declaración responsable si el país de origen no responde.
"Las previsiones de la proyectada reglamentación […] aplican al cumplimiento de ese requisito general de la Ley Orgánica de Extranjería una técnica (la declaración responsable) que resulta inadecuada para un proceso masivo de tramitación […] y que abre la puerta a prácticas poco rigurosas e incluso irregulares".
El Gobierno aumenta de forma unilateral y fuera de tiempo el número de menas que tendrá que acoger cada autonomíaEl órgano consultivo ordena suprimir las dos grandes excepciones y advierte de que debe "concederse la máxima prioridad a una rigurosa acreditación de la carencia de antecedentes penales en terceros países".
Es más, reclama que "los solicitantes deben aportar ese certificado o documento equivalente y que, de no hacerlo al presentar su petición, el correspondiente procedimiento administrativo quedará en suspenso hasta su aportación".
Ese reproche refuerza el discurso del PP, que apoyó "por coherencia democrática" la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular en la que dice basarse el decreto.
"Si tenía el apoyo de la ciudadanía, debía debatirse, nosotros presentamos enmiendas", explica una fuente de la dirección popular,y" el Gobierno, al ver que no tiene los votos para hacer lo que le da la gana, ha hecho esta chapuza".
El Senado ya ha aprobado, con el voto en contra del PSOE, una reforma para "cerrar la puerta a ese coladero". Pero el Ejecutivo vetó esas enmiendas, incluso con el letrado del Congreso en contra.
Es más, los populares recuerdan que el Gobierno "alegó problemas de Presupuesto" para vetar esas enmiendas, alegando que exigían una ampliación de plantilla en Policía y Fiscalía, mientras el propio decreto defiende que "no impone cargas administrativas innecesarias".
Declaración de vulnerabilidad
El dictamen cuestiona la tendencia del decreto a sustituir "certezas documentales" por autodeclaraciones del interesado, tanto en antecedentes como en vulnerabilidad.
El Consejo alerta de que aplicar la figura de la declaración responsable en un proceso que afectará a cientos de miles de expedientes "permite relajar injustificadamente la diligencia que cabe razonablemente exigir" a quienes se beneficien de la regularización.
La UE pide desde 2024 que las regularizaciones de inmigrantes 'se coordinen entre Estados' y desde 2008 que sean 'selectivas'Como salida, recomienda limitar esa figura a supuestos excepcionales y reforzar la exigencia de documentos verificables, sometiendo cualquier declaración responsable al régimen del artículo 69.4 de la Ley 39/2015.
Es decir, que no haya presunción de veracidad, sino castigo a quien engañe. Es decir, que "la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial […] determinará la imposibilidad de que el afectado continúe con el ejercicio del correspondiente derecho".
En el proyecto de decreto, la vulnerabilidad queda convertida en llave casi universal para acceder a papeles. La cláusula que presume vulnerables "en todo caso" a todos los irregulares, introduce "una muy indeseable inseguridad" y choca con el papel atribuido a servicios sociales y entidades del Tercer Sector.
"Ha de suprimirse esa presunción", dice el dictamen, atribuyendo a esta corrección también carácter esencial. Entre otras cosas, porque en caso contrario, "las Oficinas de Extranjería […] tendrían un enorme obstáculo para poder gestionar eficientemente el proceso".
Tragsa y Correos: falta de garantías
El Consejo de Estado dedica otro apartado a la intervención de las empresas públicas Tragsa y Correos en la tramitación y reprocha al Gobierno la falta de justificación y de límites claros.
Sobre Tragsa, advierte que no se aprecia "compatibilidad clara entre el objeto social de Tragsa y las funciones que se le atribuyen". Y subraya que "en ningún caso se le pueden conferir potestades públicas respecto de las solicitudes".
En esa línea, exige acotar su papel a la “gestión material y apoyo técnico” prevista en la disposición adicional, pero sin acceso a la decisión, ni firma de resoluciones ni valoración jurídica de los expedientes.
Con Correos, el dictamen considera excesivo hablar de "gestión material de procedimientos" y recomienda reconducir su papel a la recepción y registro de solicitudes, tal y como permite la legislación administrativa general.
Asilo y apátridas
En el ámbito subjetivo, el Consejo tumba uno de los pilares del decreto: la suspensión automática del procedimiento de asilo cuando el solicitante pida la nueva autorización.
Considera que esa "paralización" puede perturbar "gravemente la tramitación de procedimientos de protección internacional en curso". Y reclama suprimir el apartado que vinculaba la suspensión a la futura denegación firme de la autorización extraordinaria, otra observación que califica de "esencial".
La UE reacciona contra Sánchez por pretender dar papeles a migrantes y regular internet al margen de las normas europeasEl dictamen también veta la inclusión de solicitantes desde la condición de apátrida en el mismo canal, recordando que "existe un régimen específico" y que mezclarlo con el de asilo "introduce tratamientos" equivalentes a situaciones muy distintas.
Plazos, gestión y retornos
El órgano consultivo avisa de que el calendario elegido –plazo de solicitudes hasta el 30 de junio de 2026– es formalmente admisible, pero extremadamente exigente si se cruzan las cifras de la memoria (750.000 posibles solicitantes y 500.000 beneficiarios).
Más aún si se atiende al cálculo policía. Según un informe oficial de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, los beneficiarios directos ascenderán a aproximadamente 1.250.000 ciudadanos extranjeros.
"Obligará a afrontar y gestionar un complejo y masivo proceso de presentación, tramitación y resolución de solicitudes", subraya el Consejo de Estado, que será "un importante desafío para la capacidad de las Administraciones implicadas".
El dictamen admite como "coherente" que la concesión de la autorización implique el archivo de devoluciones y expulsiones.
Pero recuerda que el diseño de plazos y efectos debe ser compatible con las exigencias del Derecho de la UE en materia de retorno y asilo, justo cuando Bruselas ha aprobado intensificar las expulsiones de irregulares en su nuevo reglamento de Retornos.
Protección de datos e ILP
El Consejo alerta de que la reforma "incide, de forma muy relevante, en la protección de los datos de carácter personal", al manejar expedientes masivos con información especialmente sensible. Por ello, considera que "hubiera sido muy recomendable que se recabase el informe de la Agencia Española de Protección de Datos".
Aunque reconoce que el proyecto obliga a Tragsa a designar al personal que accederá a aplicativos y consultas de oficio y a respetar la normativa de protección de datos, entiende que esas cautelas son insuficientes sin un pronunciamiento específico de la AEPD.
España bate un nuevo récord de población por la inmigración: 49,4 millones de habitantesEl dictamen, además, desmonta el relato político del Gobierno, que ha presentado el decreto como respuesta directa a la Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 600.000 firmas.
Replica que "no es exacto afirmar que la nueva reglamentación se enmarque en un proceso de participación ciudadana", por ser ambos procesos de naturaleza y ejecución completamente distintos. Y concluye que "tanto el preámbulo como la Memoria deben prescindir de los citados enunciados".
Para la oposición, el dictamen acredita que Moncloa intenta reformar de facto el modelo de extranjería mediante un decreto reglamentario, "en contra de la normativa europea" de migración y retorno.
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