El Gobierno procederá a retocar el decreto de regularización masiva de inmigrantes ante las dudas importantes que ha manifestado sobre algunos aspectos del mismo el informe preceptivo -pero no vinculante- del Consejo de Estado. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, responsable del decreto, considera que el alto órgano consultivo da su visto bueno en términos generales a la norma y no cuestiona el objetivo último de la misma, pero se muestra dispuesto a revisarla en los puntos, realmente no menores, que señala el Consejo en su dictamen.
Entre los aspectos apuntados en el informe destaca el cuestionamiento de los criterios de vulnerabilidad que pueden alegar las personas solicitantes de regularización por razón de arraigo. El Consejo de Estado considera que dichos criterios han de ser objetivos y claros a fin de evitar el caos procedimental en la tramitación de las solicitudes por parte de las distintas administraciones.
En este sentido, el Ejecutivo tendrá que aclarar la definición que incluye en el decreto y en virtud de la cual se entiende por vulnerable la persona que haya llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y lleve cinco meses en situación irregular en el momento de presentar la solicitud. El Consejo sin embargo duda de que todos los inmigrantes irregulares estén por definición en situación de vulnerabilidad.
Otro de los puntos sobre los que el Consejo de Estado manifiesta dudas es el referido a la acreditación de antecedentes penales. Es este un requisito especialmente difícil para quienes procedan, por ejemplo, de países en conflicto o hayan huido de los mismos por motivos políticos. Los solicitantes de regularización deben acreditar que carecen de antecedentes tanto en España como en los países en los que hayan residido en los últimos cinco años. Si el país del que proceden no facilita el certificado, entonces bastaría con una declaración responsable del afectado. Es este aspecto el que cuestiona el Consejo, coincidiendo en buena medida con las críticas ya planteadas por la oposición que considera completamente insuficiente la declaración responsable hasta el punto de considerar que con la misma se propicia un «peligroso coladero».
El tercer punto sobre el que el alto órgano consultivo del Gobierno señala problemas es el referido a la compatibilidad de ser beneficiario de un permiso por Protección Internacional y otro por regularización. Así, el Gobierno tendrá que retocar la norma para aclarar que el primero de estos permisos, el de Protección Internacional, estará en vigor hasta que la persona en cuestión obtenga definitivamente su permiso de residencia y trabajo y esté por tanto en condiciones de pedir su Tarjeta de Identidad de Extranjero.