El Pleno del Tribunal Constitucionalha admitido a trámite este martes el conflicto de atribuciones planteado por el Senado contra el incumplimiento por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de la obligación constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO.
La decisión ha sido adoptada por unanimidad, siendo ponente la magistrada del sector progresista y ex alto cargo de Moncloa, Laura Díez Bueso. Es la primera vez que el Alto Tribunal examinará la inobservancia de un Gobierno a la hora de presentar unos presupuestos.
El PP, que controla la Cámara Alta, ha decidido recurrir a la corte de garantías porque considera que la renuncia a presentar presupuestos por parte del Gobierno "impide que el Senado pueda ejercer la función constitucional que le atribuye tanto el artículo 66.2 de la Constitución".
"Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución" como el artículo 134.1 que establece que "corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación", recuerda el PP.
El Senado recuerda que la "Ley de Presupuestos es una ley especial" y cuenta con "una previsión constitucional específica en el artículo 134, regulada separadamente de la competencia legislativa del artículo 66, y la referencia muy clara a un procedimiento legislativo de carácter especial para su formación, presentación y debate".
El Tribunal Constitucional ha señalado que el conflicto entre órganos constitucionales previsto en el artículo 73 de su Ley Orgánica se puede interponer tanto cuando un órgano realiza una actuación que impide el ejercicio de la competencia de otro como cuando la omisión del ejercicio de una competencia que le corresponde causa igualmente un perjuicio a otro órgano constitucional.
La Cámara Alta subraya además que el Gobierno, ante la falta de unos presupuestos actualizados que den respuesta a las nuevas necesidades que surgen en el país está incurriendo en fraude de ley ya que, por ejemplo, se compromete mediante decretos-ley a gastos en asuntos de enorme relevancia que no figuran en los presupuestos, "gobernando al margen de las Cámaras, las cuales observan inanes que el gasto se ejecuta de un modo que no es el establecido en los Presupuestos que ellas aprobaron en 2022".
El Ejecutivo ha incurrido en la prórroga de la Ley de Presupuestos Generales del Estado en los años 2024, 2025 y ahora en el año 2026.