Ni family offices, ni bancos, ni aseguradoras. El principal tipo de partícipe en los fondos de private equity y de venture capital lanzados por gestoras españolas es el sector público, a través de los diferentes programas que coexisten en todos los niveles de la Administración. El dinero de los contribuyentes ha pasado, así, a ser una pieza clave en la industria local de inversión alternativa.
La inyección de propuestas ya afianzadas en el mercado, como el fondo de fondos Fond-ICO Global, gestionado por Axis, y también la de otros instrumentos más nuevos, como Innvierte Deep-Tech Tech Transfer, a cargo del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), se han convertido en la primera fuente individual de recursos para el capital riesgo.
La aportación pública nacional e internacional en los fondos españoles cerrados en 2025 alcanzó los 1.692,5 millones de euros, según recoge el informe de actividad que acaba de distribuir la patronal Spaincap. Esta cifra implica que tres de cada diez euros captados por las gestoras de private equity y venture capital del país provinieron del dinero de los contribuyentes. Esto es, un 30% del total recabado de 5.598,6 millones.
Hay que volver la vista atrás hasta el año 2012, con la crisis de deuda en su máximo apogeo, para encontrar un grado de dependencia de la financiación pública por parte del capital riesgo español mayor que el observado el año pasado, también según los datos de Spaincap.
Entonces, las administraciones aportaron un 35,3% del valor agregado recaudado por los fondos locales (84,4 de 239 millones), constatando que en las épocas de adversidad, en las que los inversores privados se retiran a los cuarteles de invierno, es cuando la participación de los programas públicos adquiere más preponderancia.
Convicción
Ahora, aunque los problemas para atraer potencial de compra de los fondos no son comparables con los de aquel periodo -de hecho, la bolsa recaudada por la industria nada tiene que ver-, el parón de las ventas de participadas (que limita la reinversión) y algunas dudas sobre la valoración de los activos y las opciones de rentabilidad futura han hecho que los aportantes privados ralenticen su apuesta por esta industria.
Pero, sobre todo, hay otro factor que ha contribuido a aupar al sector público a la cabeza de los partícipes en capital riesgo español: la convicción en la que han profundizado en los últimos años las instituciones europeas y del Estado (incluyendo las de las comunidades autónomas y los ayuntamientos) de que esta industria es un canalizador óptimo del apoyo público a las pymes y a los proyectos de innovación.
Esto ha llevado a que las administraciones intensifiquen su actividad en esta área. Algo que queda patente en el paulatino incremento de sus compromisos en fondos. En el último año, su apuesta ha dado un salto de altura, elevándose casi un 73% (desde los 978,7 millones registrados 2024).
De los 1.692,5 millones de dinero público que recibieron los fondos españoles en 2025, la mayoría (1.015,1 millones) fue a parar a vehículos de venture capital, expertos en financiar start ups. El private equity, que busca rentabilidad en la compraventa de empresas ya consolidadas, absorbió el resto: 677,4 millones.
Con esta asignación global, el sector público desbanca a los family offices del puesto de primer partícipe del capital riesgo español, después de muchos años en los que estas entidades que aglutinan la inversión de los grandes patrimonios han ejercido el papel de mayores financiadores de los fondos.
En 2025 los family offices participaron en fondos de private equity y venture capital por importe de 1.401,5 millones. Por detrás, a mucha distancia, se sitúan las empresas no financieras (625 millones), los gestores de activos (624,7 millones), los fondos de fondos privados (577,4 millones), los bancos (200,8 millones), los fondos de pensiones (178,8 millones), las aseguradoras (42 millones) y otros -como fundaciones y donantes- (256 millones).
Además del dinero que las administraciones inoculan en los fondos privados de capital riesgo, hay otra partida que sale del bolsillo de los contribuyentes que también acaba en la industria de inversión alternativa y que se contabiliza aparte. Se trata de los recursos que movilizan las gestoras de titularidad pública y que en 2025 llegaron a 635,2 millones. Esto eleva el respaldo de las instituciones oficiales a este sector por encima de los 2.000 millones, un récord absoluto.
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