Manuel Llamas, desafiante, minimiza su imputación por prevaricación y obstrucción a la justicia: «Lo único que ha hecho el señor Pedraz es citarme para oírme»
Regala esta noticia Añádenos en Google Manuel Llamas en el Senado este viernes. (R.C.)Íñigo Goñi y Melchor Sáiz-Pardo
17/07/2026 Actualizado a las 12:02h.No se acogió a su derecho a guardar silencio a pesar de las graves acusaciones penales que pesan contra él, entre ellas la de conspirar ... contra sus propia gente. El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, se mostró desafiante -a veces incluso gritón- y, lejos de admitir la más mínima responsabilidad en la grave crisis que vive en el cuerpo, se lanzó este viernes en el Senado a lanzar graves reproches velados contra la Unidad Central Operativa (UCO), el departamento al que las 'cloacas' del PSOE pretendían neutralizar para acabar con las investigaciones incómodas para el partido, el Gobierno o el entorno de Pedro Sánchez.
Manuel Llamas no citó expresamente a la UCO al formular esas gravísimas acusaciones, pero lo hizo mientras respondía sobre las órdenes que varios mandos le atribuyen para que los agentes del teniente coronel Antonio Balas se «pusieran de perfil» y dejaran de ser «proactivos» en causas con afectación política. El DAO negó reconocerse en la primera expresión, aunque admitió que pidió a los investigadores que no asumieran la iniciativa que corresponde a los jueces.
«Estoy cansado de decir que el investigador es su señoría» y que «nosotros somos auxiliares del órgano jurisdiccional», afirmó. A continuación advirtió de que en ocasiones existe «cierta vanidad» y «exceso de protagonismo» entre quienes realizan las pesquisas. «A veces asumimos roles que no nos corresponden», sostuvo antes de censurar una «proactividad tóxica» que, en su opinión, invade las competencias del órgano judicial.
La intervención fue especialmente significativa porque varios responsables de la UCO declararon ante Pedraz que Llamas les ordenó «ponerse de perfil» y «no ser proactivos» mientras avanzaban investigaciones sensibles para Moncloa. El teniente general negó haber solicitado jamás la inhibición o paralización de ninguna diligencia. «Si estoy aquí es por no ponerme de perfil en mis responsabilidades», replicó.
Llamas en la Cámara Alta descartó marcharse pese a estar investigado por posibles delitos de prevaricación administrativa y contra la Administración de Justicia. «Sobradamente no, no tengo en absoluto ningún motivo para dimitir», respondió a la senadora de UPN María Mar Caballero. Recordó que numerosos guardias civiles continúan en activo pese a encontrarse en situaciones procesales «infinitamente peores» y aseguró que tampoco abandonaría el cargo si el juez decidiera enviarlo a juicio porque se considera inocente.
«Estoy aquí por voluntad propia y de mis superiores», proclamó. El DAO recordó que depende de quienes pueden cesarle y presentó su permanencia como una muestra de la confianza que mantiene la cadena política y administrativa del Ministerio del Interior. Cuando un senador de Vox le recordó que había sido citado como imputado por los «indicios de criminalidad» apreciados por Pedraz, Llamas restó importancia a esa circunstancia: «Lo único que ha hecho el señor Pedraz es citarme para oírme». Vox le reprochó durante la sesión haberse convertido en un mando «político».
El teniente general asumió «absolutamente» la responsabilidad por las informaciones reservadas abiertas contra la UCO, pero negó haber comunicado su contenido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. También afirmó que nunca se reunió, habló o mantuvo relación alguna con Leire Díez y negó haber destruido mensajes o documentación.
Sí reconoció que el 5 de mayo de 2025 mostró a la entonces directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, una nota elaborada por la Jefatura de Información. El documento alertaba de una campaña de desprestigio contra la UCO, identificaba a Leire como una de sus impulsoras y señalaba que la directora general la conocía.
Según Llamas, González leyó la nota y le explicó espontáneamente que conocía a Díez de su etapa como delegada del Gobierno en Madrid y que la había visto recientemente. El DAO aseguró que la directora no le dijo que hubiera mantenido con ella varias reuniones. La UCO sitúa tres encuentros entre ambas, celebrados el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025.
Tras la última cita, Leire escribió al abogado Ismael Oliver: «Ayer no estuvo mal la reunión con la directora de la GC. Voy a ver si sigo aumentando esa vía». Oliver respondió que esperaba «parar el linchamiento» y enfrentarse «con cierta igualdad de armas». En diciembre de 2024, Díez también había asegurado que su «siguiente conversación» sería con González, a la que definió como una persona «de mi confianza».
La imputación de Llamas se centra en tres informaciones reservadas abiertas contra el área económica de la UCO mientras sus agentes investigaban causas relacionadas con Begoña Gómez, David Sánchez, José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán.
La primera se abrió en diciembre de 2024 después de que apareciera un correo institucional de Begoña Gómez en una diligencia sobre David Sánchez. Llamas reconoció ante Pedraz que González le llamó para preguntarle por qué se había incluido ese correo y que, instantes después, Marlaska se interesó por la misma cuestión.
En el Senado, el DAO rebajó la intervención del ministro. Explicó que Marlaska le llamó para trasladarle la dimensión pública del «desliz» y el impacto que estaba provocando la aparición del nombre de la esposa del presidente. Sostuvo que habría actuado de la misma manera aunque el correo hubiera pertenecido a cualquier otra persona.
Llamas pidió explicaciones al entonces jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo, pero consideró «poco clara» su primera respuesta. Después reclamó un informe escrito y terminó ordenando una información reservada. El expediente concluyó con una propuesta de amonestación.
La segunda pesquisa interna se abrió en mayo de 2025 para investigar la filtración de mensajes entre Ábalos y Sánchez. Los mandos advirtieron de que la UCO no podía ser el origen porque todavía no había intervenido los dispositivos del exministro. El magistrado Leopoldo Puente se opuso de manera tajante y avisó de que actuaría contra quien impulsara la investigación, que terminó archivada.
Llamas se presentó como víctima de una campaña de desprestigio y pronosticó que la instrucción acabará acreditando su inocencia. Su comparecencia dejó, sin embargo, un enfrentamiento abierto con los investigadores que cercan al Gobierno: el máximo responsable operativo del cuerpo pasó de negar presiones a reprochar a la UCO que se atribuya un protagonismo que, según él, solo corresponde a los jueces.
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