El pacto de coalición rubricado hace más de dos años por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz incluía la puesta en marcha de alrededor de 50 nuevas leyes, reformas de normas ya existentes y otras medidas que necesitan el respaldo del Congreso para ser efectivas. Pasado el ecuador de la legislatura, PSOE y Sumar -que sólo cuentan con 146 de los 350 diputados que se sientan en el hemiciclo- han logrado el apoyo necesario sólo para aprobar una decena de esa extensa lista de compromisos.
Tras el portazo de Junts, que hace varias semanas anunció que a partir de entonces iba a vetar todas las iniciativas procedentes de La Moncloa, una parte voluminosa del acuerdo sobre el que se sustenta el Gobierno bicolor está abocada ahora a quedarse sin ejecutar incluso aunque no haya elecciones generales hasta 2027. Sin los votos de los siete representantes del grupo de Carles Puigdemont, la mayoría parlamentaria que necesitan para seguir cumpliendo su hoja de rota sólo podría completarse con un improbable entendimiento con el PP o con más aún con Vox.
En principio sí se salvarán de esta nueva estrategia de "bloqueo de la legislatura" anunciada por el partido independentista las dos leyes incorporadas al pacto de coalición que están en tramitación en el Congreso en las que ya habían sido aceptadas sus exigencias: Impulso a la Economía Social y Cine. Por este mismo motivo, a pesar del órdago también permitió la aprobación definitiva de la nueva norma de Servicios de Atención a la Clientela y la de Movilidad Sostenible, aunque por el camino encendió todas las alertas en Moncloa de que de paso permitiera que saliera adelante una enmienda de los populares para suprimir el calendario de cierre de las centrales nucleares. Finalmente, se abstuvo.
Si Junts mantiene su amenaza hasta el final, pese a los guiños constantes de Sánchez por intentar recuperar su confianza, el resto de proyectos y proposiciones de ley pactados por los socios acabarán metidos en un cajón o condenados al fracaso, como ya ocurrió en septiembre con la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales, a pesar de que aún no se había consumado la ruptura. La misma suerte podrían correr otras medidas que se encuentran ya en distintas fases de tramitación, como la Ley Integral contra la Trata de Personas, la reforma de la carrera judicial para modificar los criterios de acceso, el reconocimiento de los bebés robados, el estatuto del becario y la reducción de ratios en las aulas, cuyo anteproyecto fue aprobado el 11 de noviembre en el Consejo de Ministros desoyendo la advertencia de Puigdemont.
En su acuerdo de octubre de hace dos años, PSOE y Sumar también se comprometieron, entre otras cuestiones, a actualizar el modelo de financiación autonómica; limitar "la excesiva concentración empresarial"; implantar un sistema de infraestructuras "mallar" en detrimento del radial; regular de forma específica el trabajo de los artistas para combatir "la precariedad del sector"; reconocer y proteger "las distintas modalidades de familias" y promover un Pacto de Estado a favor del colectivo LGTBI. Con el nuevo escenario parlamentario, tampoco tendrían opción de ver la luz los Presupuestos Generales del Estado -siguen prorrogados los de 2023 y la senda de déficit para la elaboración de los nuevos ha sido tumbada dos veces- ni, por tanto, las medidas que dependen de ellos.
En lo que va de legislatura se han aprobado 25 leyes y se han convalidado 29 reales-decretos leyes según los datos de la web del Congreso. Dentro de ellos se contabilizan una decena de proyectos incluidos en el acuerdo de coalición, como la reforma del artículo 49 de la Constitución para suprimir el término disminuidos, la ampliación de los permisos por cuidados de hijos -aunque con un alcance menor del pactado inicialmente-, la regulación de la jubilación parcial y una norma estatal contra el desperdicio alimentario que contempla multas de hasta 500.000 euros.
También en estos dos años se ha aprobado la Ley de Amnistía a los encausados por el referéndum ilegal del 1-0, una medida que de hecho no estaba en el pacto suscrito por los socios de Gobierno pero que fue un compromiso determinante para lograr el sí de Junts a la investidura de Sánchez. En el PSOE, que ha sido el interlocutor de la coalición en la relación con el partido de Puigdemont, no dan pese a todo por perdido su apoyo para poder seguir cumpliendo con su proyecto de legislatura. "Mantenemos la mano tendida y seguiremos ofreciendo la que es nuestra mejor baza: el diálogo", zanjan en Ferraz.